La nueva PAC debe afrontar los grandes retos de esta década. Por Luis Planas. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Luis Planas. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Luis Planas. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Acabamos de aprobar en Consejo de Ministros el Real Decreto que regula el periodo transitorio de los años 2021 y 2022 en aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Durante estos dos años, estará vigente el nuevo presupuesto europeo, acordado en julio de 2020 -que supone 47.724 millones de euros para España entre 2021 y 2027 – y las reglas de aplicación del periodo anterior 2014-2020, con las adaptaciones nacionales del Reglamento de Transición de la Unión Europea (UE) de diciembre pasado.

Todo ello supone un nuevo paso adelante en lo que denominamos convergencia interna de las ayudas de la PAC. El objetivo es acelerar la equidad y redistribución del respaldo que reciben agricultores y ganaderos y conseguir que, en 2022, todos los beneficiarios reciban, al menos, el 80 % de la media de su región.

Ningún territorio pierde fondos, sino que se redistribuyen de una forma más equilibrada y ecuánime dentro de cada región. Es una cuestión de justicia que agricultores vecinos, cuya actividad es esencialmente la misma, reciban el mismo pago básico. No podemos seguir perpetuando este tratamiento discriminatorio que suponen las diferencias actuales, basadas en referencias históricas de cultivos o actividades de hace una década o más, que han quedado desfasadas respecto a la actualidad.

Desde un punto de vista empresarial, sería impensable hacer inversiones con datos de hace tanto tiempo. Por otra parte, la situación actual penaliza a los jóvenes y a quienes quieren emprender proyectos o instalaciones agrarias. La suma de estas dos consecuencias que produce el statu quo actual -dirigir la financiación a explotaciones con datos de hace años y taponar el relevo generacional-, de persistir, nos llevaría a la puesta en cuestión del sistema agrario de cara al futuro. Por todo ello, y aunque para algunos resulte difícil de asumir, este Gobierno ha tomado la decisión de sentar las bases para afrontar los retos básicos del sector agroalimentario en esta década.

Además, nos situamos en la misma línea de acción que la Unión Europea (UE). En sus recomendaciones para nuestro Plan Estratégico nacional de la PAC, la Comisión Europea ha señalado la necesidad de que España avance “significativamente” en el proceso de convergencia y que abandone, como elemento de cálculo, las referencias históricas.

La mayoría de los países europeos ya ha completado el proceso y, si nos miramos en el espejo de los de primera división, que es la que nos corresponde, Alemania ya está al 100 % de la convergencia y Francia alcanzó el 70 % en 2019, en este caso con una sola región en lugar de 50 regiones como es el nuestro.

En España, si optáramos por seguir al ritmo actual, la convergencia concluiría en 2036, es decir 21 años después de su comienzo (2015) y más de 30 años después de los periodos de referencia histórica que dieron lugar a la fijación de los pagos actuales.

Es un ritmo tan dilatado que resulta inasumible, ya que prolonga las ventajas de unos agricultores frente a otros, quince años más en un mundo globalizado y de alta competitividad.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Para quienes no están familiarizados con la PAC, vamos a hacer un sucinto repaso de este proceso. La reforma de la PAC de 2003 supuso la desvinculación entre las ayudas y las producciones. Se estableció un pago anual tomando como referencia las producciones de un periodo histórico, pero los agricultores y ganaderos no estaban obligados a mantener esos cultivos.

De esta forma, el productor podía cambiar de cultivos o podía reducir, aumentar o, incluso, dejar de tener producción o ganado y su pago seguía siendo el mismo, siempre que mantuviera una actividad agraria.

Este proceso de desvinculación entre ayudas y producciones se ha venido haciendo en varias fases. La mayor parte de los importes (72 %) se desacoplaron en lo que podríamos llamar la primera oleada, que es la que tomó como periodo de referencia el trienio 2000-2003.

Se desacoplaron la mayor parte de los pagos a cereales, oleaginosas, proteaginosas, trigo duro, retirada de tierras, leguminosas, arroz, aceite de oliva, forrajes desecados, lúpulo, tabaco, algodón, prima al engorde de terneros, prima al sacrificio de terneros, primas al vacuno y al ovino y caprino. En la segunda fase (21 %) se tomó como referencia el periodo 2005-2008.

El resto se fue desacoplando en diferentes periodos que llegaron hasta 2011. Se generó, así, un escenario en el que cada beneficiario era un mundo distinto, ya que recibía importes distintos y según producciones de origen que, en muchos casos, ya ni existían.

Llegó entonces la siguiente reforma de la PAC, la de 2015, que, para evitar ese panorama de desigualdades que ya no tenían justificación, estableció en toda la UE la obligación de desvincular los pagos de las referencias históricas.

Para ello, implantó un nuevo pago, también desvinculado de la producción, denominado Pago Básico. Este pago debía ser igual para todos los beneficiarios cuyas explotaciones estuvieran dentro de una misma región de un mismo país.

Como la situación de partida era tan heterogénea, la Comisión introdujo, al mismo tiempo, lo que conocemos como convergencia interna, es decir, la aproximación progresiva de los importes de ayuda entre beneficiarios hacia el importe medio por hectárea de cada región. Esta aproximación anual de los importes de ayuda comenzó en 2015, es decir, hace seis años.

A día de hoy, este proceso ya ha concluido en la mayor parte de los Estados miembros, mientras que en España está todavía lejos de hacerlo debido a que se optó por una convergencia muy pausada. Adicionalmente, en nuestro país, se establecieron 50 regiones de convergencia, cada una con un valor medio. En el resto de Estados miembros se definieron, en este ejercicio, a lo sumo tres.

El resultado es que el balance de la convergencia en España ha sido muy limitado. Si tomamos la “horquilla central” de beneficiarios que se encuentran entre el 80 % y el 120 % del valor medio de su región, vemos que representan solo el 46 % del total, cuando tenía que ser una gran mayoría. El 54 % de los beneficiarios siguen fuera de esa horquilla central.

Explotaciones ganaderas intensivas

Además, hemos constatado que son más los beneficiarios que se encuentran por debajo de los valores medios que los que se encuentran por encima. Aun así, hay 17.817 beneficiarios (2,6 %) con derechos de pago que triplican el valor medio de su región y que representan el 5,1 % del valor total de los derechos de Pago Básico, 122,5 millones de euros.

Estos beneficiarios con pagos de valor tan elevado representan a dos colectivos distintos. Por una parte, a explotaciones ganaderas intensivas con una dimensión económica por encima de la media, incluso más del 100 % en algunos sectores. Son explotaciones que, en el análisis de necesidades del Plan Estratégico de la PAC, han mostrado tener menor grado de dependencia de las ayudas. De hecho, ha quedado evidenciada la alta correlación entre dimensión económica y rentabilidad de las explotaciones.

Por otra parte, en muchos casos, se trata de explotaciones agrarias en las que las ayudas, en buena medida por su elevada cuantía, representan la mayor parte del valor económico generado por la explotación. Así, en estas explotaciones las ayudas representan el 75 % de la dimensión económica, cuando en el conjunto de explotaciones de subsectores agrícolas este porcentaje representa el 22 %. En este último caso se encuadran, por ejemplo, los derechos de muy alto valor, procedentes del desacoplamiento de cultivos industriales activados en superficies de menor intensidad productiva.

Para ilustrarlo con un ejemplo, en la región 0201 (que corresponde, entre otras, con las comarcas de Sierra Morena, en Andalucía o Guadarrama, en Madrid), la de menor importe por hectárea de cultivos herbáceos de secano de España, percibe un importe medio de 84,5 €/ha. La gran mayoría de los agricultores cobran importes en torno a esa cifra, pero hay 31 beneficiarios que, todavía en 2020, tienen derechos con valor superior a 1.000 €/ha, cinco de ellos con importes superiores a 10.000 €/hectárea.

O en las nueve regiones de pastos de toda España, cuyos importes medios por hectárea van de 60,39 €/ha a 179,52 €/ha, pero donde hay un total de 1.203 beneficiarios con derechos, cuyo valor supera los 1.000 €/ha y, dentro de ellos, hay 27 beneficiarios con derechos con un importe unitario superior a 10.000 €/ha. Estos son datos públicos que acaba de publicar el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), donde se ve cómo todavía tenemos derechos de pago con valores unitarios muy extremos.

Son estas situaciones las que el Ministerio trata de atajar, mediante el aumento del ritmo de convergencia en el periodo de transición (2021-2022) hacia la nueva PAC. Como he indicado anteriormente, la alternativa, de seguir el ritmo actual, sería que la convergencia tardaría, como mínimo, tres lustros.

Al final, transcurridos ya tantos años, más de quince años en la mayoría de los casos, la pregunta a la que debemos responder es ¿por qué dos agricultores o ganaderos cuyas explotaciones están en la misma región reciben todavía importes de ayuda tan distintos?

Esto es lo que nos plantea la Unión Europea en sus recomendaciones, y que el Gobierno de España comparte, para poder hacer frente a los retos en la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente; la innovación y digitalización del sector agroalimentario, así como el relevo generacional y la igualdad de género, que son elementos centrales para nuestro futuro.Por todo esto, el inmovilismo no es una opción. Hay que avanzar y mirar cara a cara al futuro.