Las 4 CC.AA. “loberas” y las OPAS van a juicio para paralizar la OM de Ribera que sobreprotege al lobo

Los consejeros de las cuatro Comunidades Autónomas con mayor presencia lobera de España se reunieron este 28 de septiembre en Santander para coordinar las acciones a llevar a cabo con el fin de suspender la Orden ministerial del pasado 21 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), que incluye el lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE).

Para ello, los consejeros Guillermo Blanco, de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria; Juan Carlos Suárez-Quiñones, de Fomento y Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León;  Ángeles Vázquez, de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, y Jesús Calvo, consejero de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, iniciarán el proceso de recurso judicial ante la Audiencia Nacional, a cuya instancia también solicitan medidas cautelares para que dicha OM deje de estar en vigor su ejecutividad.

A la reunión asistieron también los representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, Pedro Barato, COAG, Charo Arredondo, y UPA, Ramón Santalla, que anunciaron igualmente la presentación de un recurso judicial, además de movilizaciones para explicar a la sociedad civil los perjuicios que esta decisión del Gobierno hace al sector agro-ganadero, en particular, y al medio rural, en general.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló que “el Gobierno solo nos deja la alternativa judicial”, y anunció que las cuatro CC.AA. pedirán una reunión con el comisario europeo para el Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, al considerar que la OM va más allá de la Directiva Europea Hábitats, que confiere a los territorios del Norte del Duero la capacidad de gestionar la especie, que el Gobierno de España les hurta, y que, en el marco del consenso, ha permitido que el lobo tenga las mejores poblaciones de Europa”.

Para Juan Carlos Suárez-Quiñones, “estamos ante un debate de conservación del lobo, que es nuestra competencia”, pues “las CC.AA. presentes somos las que hemos conservado y protegido el lobo con nuestros planes de conservación y gestión de la especie, hasta alcanzar las mejores poblaciones del lobo de Europa, que están en España y, en concreto, en nuestras regiones.”.

Los consejeros señalaron que, con la OM, el Miterd “se acaba de cargar el actual modelo de gestión, que ha llevado al lobo a esas mejores poblaciones de Europa; un modelo que no era sencillo, pero que ha logrado el equilibrio entre conservación y pervivencia del medio rural”.

“La OM ataca directamente, no sólo a la pervivencia de nuestros pueblos y el medio rural, sino a la propia pervivencia del lobo,  puesto que “una conservación estricta por sí sola no garantiza la conservación de la especie, sino al contrario, como se ha comprobado con la reciente desaparición de las poblaciones de lobo en territorios, donde ya regía esta protección estricta por decisión europea, como son los territorios de Sierra Morena o en Portugal, con poblaciones peores que en Galicia o Castilla y León”.

Además, para los consejeros “se ha limitado de forma incomprensible, e incompatible con el modelo político y territorial autonómico, las posibilidades de gestión de la especie del lobo, que la propia Directiva Hábitat, muy exigente, permite a los territorios al Norte del río Duero.”

Pero, añaden, la decisión del Gobierno es también un “claro ataque a la soberanía y competencias autonómicas y a los acuerdos entre Estado y las CC.AA. al saltarse la Estrategia Nacional que, de forma consensuada, nos dimos en 2005, aún vigente y claramente vulnerada por la Orden ministerial.

Los consejeros se mostraron deseosos de que el Gobierno aclare cómo es que la ministra Teresa Ribera publicita que existe una partida de 20 M€ para la ejecución de esta Orden Ministerial, sin que se conozca de dónde sale presupuestariamente y a qué finalidades van y quién los va a gestionar, cuando en la Memoria Económica obligatoria que acompaña a la citada norma aparecen sólo 25.000 euros al año de gasto económico  para su ejecución”.

Por último, volvieron a reiterar a la ministra diálogo –que no tenga miedo a hablar con las CC.AA., y mostraron plena en la Justicia para frenar esta “acción política autoritaria y tan perjudicial para nuestras Comunidades”.

Respaldo sectorial

Las organizaciones agrarias, presentes en la citada reunión señalaron que respaldarán “en la calle, en los juzgados y donde haga falta” las medidas que, de forma coordinada, adopten las cuatro CC.AA. que soportan la práctica totalidad del censo de lobos de España y que han  quedado excluidas de cualquier posible gestión de la especie por la decisión unilateral del Gobierno de incorporarla al LESPRE.

En concreto, Pedro Barato, presidente de ASAJA, expresó su  agradecimiento por la lección dada por los consejeros y por su apoyo a los ganaderos y al mundo rural en general. “Han demostrado responsabilidad en defensa del bien común e intentaremos que se sumen más CC.AA., instituciones y entidades civiles para hacer frente a esta tropelía que se nos quiere imponer”.

ASAJA, COAG y UPA apoyan el recurso que estas cuatro CC.AA. han interpuesto ante la Audiencia Nacional y la petición de medidas cautelares, “porque nos sentimos engañados tanto por la ministra Ribera, como por el secretario de Estado, Hugo Morán”. Barato añadió que, desde ASAJA propondré al resto de organizaciones agrarias una respuesta contundente contra este atropello al medio rural y a los ganaderos”.

Para el presidente de esta organización agraria, “el marco de unidad  visto en Cantabria debería hacer reflexionar a la ministra Teresa Ribera y también el presidente Sánchez sobre una decisión tan trascendental para el entorno rural y sus pueblos, como la que han tomado, porque es mejor el entendimiento y el consenso que dar la espalda al mundo rural”.

Según Barato, “nos estamos jugando la continuidad de la ganadería extensiva en muchas zonas de España, no solo en las CC.AA. donde hasta ahora el lobo convivía con la ganadería, sino en otras en las que esta especie también se implantará”.

“No se trata solo de anunciar más indemnizaciones, como hace la ministra, sino de lograr que el ganado pueda permanecer donde siempre ha estado, y lo que está claro es que, si el lobo entra sin freno, la ganadería será la expulsada”, resumió el presidente de ASAJA.

Sobreprotección ideológica

Por su parte, desde UPA se indicó que el objetivo del recurso judicial es frenar una sobreprotección del lobo ibérico, que consideran ideológica y no ajustada a la realidad que sufren miles de ganaderos en la mitad Norte de España.

Román Santalla responsable de Ganadería de esta organización, afirmó estar “indignados y considerarse «engañados” con el Miterd, que se comprometió a negociar con los ganaderos y a aprobar una Estrategia de gestión, de forma previa a la inclusión del lobo en el LESPRE.

“Algo que no ha ocurrido, ahondando un enfrentamiento entre medio rural y medio urbano, entre ganaderos y partidarios de la sobreprotección del lobo”, lo que, en opinión de Santalla, “no beneficiará a la especie ni desde luego a la ganadería”.

El portavoz de UPA afirmó que “seguiremos trabajando en unidad de acción con todo el sector para que vuelva la cordura y la ganadería se blinde frente a los ataques de la fauna salvaje, que está causando graves pérdidas en el sector y una enorme sensación de desamparo en el medio rural”.