Las ayudas por retirada de frutas y hortalizas se elevarán un 30-40%, pero no antes del primer trimestre de 2017

El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, se reunió el miércoles 20 de julio con representantes del sector de frutas y hortalizas, a los que ha explicado la propuesta de incremento de las indemnizaciones por retiradas, anunciada por el comisario, Phil Hogan, en el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 18 de julio y que se presentó a nivel técnico en el Grupo de expertos del Vino de este martes.

El Ministerio de Agricultura valora de manera muy positiva esta medida, ya que da respuesta a una petición que se venía realizando desde principios de 2014 y que la propia ministra, Isabel García Tejerina, venía solicitando de manera reiterada en los Consejos de Ministros desde enero de este año, tras la grave crisis de precios de las hortalizas de invierno.

Según detalló Miranda, la indemnización de retirada se calcula como un porcentaje del precio a salida, que actualmente está en el 30% del precio para las retiradas con destino a la distribución gratuita y en el 20% para otros destinos.

De esta forma, la propuesta comunitaria aumenta estos porcentajes al 40% y 30% respectivamente. En el caso de los productos cuyas indemnizaciones se fijan por reglamento comunitario, la subida media está en torno al 30% sobre los importes actuales.

El director general del Magrama comentó también que esta mejora de las indemnizaciones por retirada se va a incluir en el marco del reglamento delegado,  que va a sustituir al actual reglamento de aplicación de la OCMA para el sector de frutas y hortalizas, cuya discusión está próxima a su finalización. Por tanto, los nuevos importes comenzarán a ser aplicables en el momento de entrada en vigor de dicho reglamento, previsto para el primer trimestre de 2017.

Con esta propuesta, según el Ministerio de Agricultura, se dota a las organizaciones de productores (OPFH) de un instrumento de gestión eficaz, algo que resulta clave para la regulación del mercado en situaciones de desequilibrio en productos tan perecederos como las frutas y hortalizas.

Mejorar la eficacia  de la retirada

Para la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), la propuesta presentada el pasado 19 de julio por la Comisión Europea suponen un incremento importante para la mayoría de las frutas y hortalizas y por tanto, mejorarán sustancialmente la eficacia de las medidas de gestión de crisis.

La Comisión ha propuesto el incremento de las cuantías tanto para la retirada dirigida a distribución gratuita como a otros destinos. Se ha incrementado la cuantía para todos los productos cuyo precio está regulado por la normativa comunitaria, excepto para la naranja, y que son: coliflor, tomate, manzana, uva, albaricoque, nectarina, melocotón, pera, berenjena, melón, sandía, mandarina, clementina, satsuma y limón, tomando como referencia los precios medios salida de organizaciones de productores del conjunto de la UE de los últimos cinco años.

En el caso de los precios de las retirada con destino a la distribución gratuita y comparando la propuesta final de la Comisión con su anterior propuesta del mes de junio, cabe destacar el incremento de la cuantía de albaricoque, que pasa de 40,58 euros los 100 kilos a 64,18 euros/100 kilos, de nectarina, que pasa de 26,90 euros/100kilos a 37,82 euros/100 kilos, melocotón, que se incrementa de 26,90 euros/100 kilos a 37,82 euros/100 kilos, la uva que pasa de 39,16 euros/100 kilos a 53,52 y la pera de 23,85 euros/100 kilos a 33,96 euros.

En el caso del tomate, el precio de retirada para el tomate de verano, del 1 de junio al 31 de octubre, no se modifica, manteniéndose en 7,25 euros/100 kilos, pero si se incrementa el precio de retirada del tomate de invierno, el que se produce entre el 1 de noviembre y el 31 de mayo, pasando de 27,45 euros los cien kilos a 33,96 euros.

El incremento de los precios de retirada se ha incluido en el anexo IV del último proyecto de Reglamento Delegado de la Comisión que reforma el actual Reglamento 543/2011. La aplicación de los nuevos precios está condicionada por la entrada en vigor del Reglamento Delegado mencionado, que previsiblemente tendrá lugar en la primera quincena de enero de 2017. 

Queda pendiente que el Ministerio de Agricultura fije los precios de retirada para las frutas y hortalizas que no están incluidas en la normativa comunitaria, y que se incluyen en el nuevo Real Decreto sobre fondos y programas operativos.

Para FEPEX, la propuesta de la Comisión mejorará sustancialmente la eficacia de las medidas de gestión de crisis y contribuirá a cumplir con dos objetivos.

Por un lado, contribuirá significativamente a establecer un precio mínimo de mercado en caso de perturbaciones graves y, por otro lado, mejorará el atractivo de las organizaciones de productores, constituyendo los nuevos precios de retirada, un incentivo para que se amplíe su base social y se creen nuevas organizaciones.

COAG pide adelantar las subidas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se felicita por el incremento de las indemnizaciones por retirada de frutas y hortalizas aprobada por la Unión Europea, tras el Consejo de Ministros de Agricultura comunitario del pasado 18 de julio.

Durante la reunión informativa, los representantes del MAGRAMA ofrecieron datos concretos sobre la cuantía de la misma. La indemnización de retirada se calcula como un porcentaje del precio a salida, que actualmente está en el 30% del precio para las retiradas con destino a la distribución gratuita y en el 20% para otros destinos.

De esta forma, la propuesta aumenta estos porcentajes al 40% y 30% respectivamente. En el caso de los productos cuyas indemnizaciones se fijan por reglamento comunitario, la subida media está en torno al 30% sobre los importes actuales.

Tal y como informó el Ministerio, los nuevos importes comenzarán a ser aplicables en el momento de entrada en vigor de dicho reglamento, previsto para el primer trimestre de 2017. Sin embargo, desde COAG ya se ha trasladado al MAGRAMA que sería necesario que la entrada en vigor se adelantara a octubre de 2016 para  coincidir con el inicio de la campaña de otoño.

 Tras este logro, COAG insta a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) a utilizar los mecanismos de gestión de crisis contemplados en la OCM de frutas y hortalizas, tales como la retirada de producto y la no cosecha o cosecha en verde. “De nada sirve que se aumenten los precios de retirada si las OPFH no hacen uso de las mismas. Si el mecanismo de gestión de crisis se usa de forma desordenada o no se usa, tal y como ha sucedido hasta el momento, no causa el efecto que debería: reducir puntualmente el volumen de comercialización para que los precios se sitúen en niveles de rentabilidad.

 Para ello, es necesario fomentar la actuación coordinada a través de las AOP (asociaciones de OPFH)”, subrayó Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG. Esta organización agraria recuerda que las OPFH pueden disponer de hasta un tercio de sus fondos operativos para aplicar esta herramienta.

Asimismo, se reclaman que se aumenten los cupos asignados en el Reglamento Delegado (UE) nº 2016/921 de la Comisión de 10 de junio de 2016 que establece, con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas por el veto ruso.

Desde COAG se critica la reducción de los volúmenes de retirada asignados para España respecto al año pasado.  En el caso de melocotón y nectarina, productos en plena campaña, los cupos se han agotado ya. “Los productores de fruta están preocupados, sobre todo los melocotón rojo y nectarina de carne amarilla con precios a la baja. La retirada del producto del mercado podría regular la situación y suponer un estímulo para las cotizaciones”, afirmó Góngora.

COAG considera que, al margen de las actuaciones de choque necesarias para el sector de fruta y hortalizas que se ven implicados en el embargo ruso, se debe llevar a cabo un control exhaustivo de precios percibidos por los distintos agentes de la cadena alimentaria, especialmente en el eslabón de la distribución.

Se debe evitar la especulación en la cadena, tanto en el ámbito del Estado como en la UE, de tal manera que los precios en destino se adecuen con rapidez a la situación de precios en origen y se controlen las caídas injustificadas en productos no afectados.