Las instituciones europeas –Consejo de Ministros, Eurocámara y Comisión- no lograron, como pretendían, cerrar esta última semana el acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027, debido a las numerosas divergencias que aún subsistían en puntos clave a primera hora del viernes 28 de mayo. Todo quedará para la reunión de los próximos 28 y 29 de junio, en Luxemburgo, cuando culmine la presidencia portuguesa del Consejo Europeo.
Las divergencias entre Consejo y PE hacen fracasar el acuerdo definitivo sobre la PAC 2023-2027
La intención era haber cerrado los tres reglamentos básicos (planes estratégicos, horizontal o financiera y de la organización común de mercados agrícolas) del paquete de reforma de la PAC, en paralelo a las negociaciones interinstitucionales (trílogo), pero los numerosos asuntos de discusión abiertos –arquitectura verde”, focalización de los pagos y condicionalidad social-, aunque hubo avances, quedaron pendientes de resolver en varias cuestiones clave.
La ministra de Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, que presidió la reunión, fue muy gráfica al señalar que “queremos cerrar un acuerdo, pero no a cualquier precio”, mientras que el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, indicó que “estuvimos muy cerca de lograr un acuerdo, pero confió en que lograremos un compromiso durante la actual presidencia.”
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, indicó a los medios que no pudo ser, porque “tenemos que ser particularmente cuidadosos en que la aplicación de todas estas normas (de la nueva PAC) sea un apoyo real al trabajo de los agricultores y no un peso indebido sobre su tarea.”
No obstante, el ministro restó importancia al fracaso en el cierre de la reforma de la PAC en mayo, afirmando que “no es dramático que tomemos unas semanas, después de tres años de negociaciones, y se mostró optimista de llegar a un acuerdo en el futuro próximo”.
Retraso de la Conferencia monográfica MAPA-CC.AA.
Además, este retraso obligará a retrasar unas semanas, a su vez, la Conferencia Sectorial Monográfica entre el MAPA y las CC.AA. para negociar la aplicación de la política agraria en España, a través del Plan nacional Estratégico (PEPAC), que estaba prevista el 11 de junio, afirmó Planas.
El ministro y los consejeros tenían previsto negociar en ese encuentro el acuerdo político de la aplicación de la política agraria en España, para después dar paso a la redacción del plan estratégico que se debe presentar antes de fin de año en Bruselas.
El ministro español afirmó que “a pesar de todos los esfuerzos, este acuerdo no ha sido posible, al tratarse de decisiones a nivel comunitario, que influyen en el mundo de los agricultores y ganaderos, por los que tenemos que ser particularmente cuidadosos y velar por que la aplicación de estas normas sea un apoyo y no un peso añadido.”
El ministro valoró los avances logrados en algunos puntos, como el porcentaje de pagos a destinar a los ecoesquemas pero, sin embargo, admitió su preocupación porque “en las sucesivas rondas de negociaciones con el Parlamento” han ido reapareciendo otros asuntos.
Lo que inquieta, señaló Planas, “son las condiciones particulares de aplicación, alejadas de la realidad productiva”, añadiendo que “junto a la sostenibilidad ambiental, hace falta una sostenibilidad económica y social. Ese equilibrio es definitivo. Solo daré mi acuerdo a un acuerdo europeo, que permita esa triple sostenibilidad», afirmó.
Por otra parte, el ministro se refirió también a las posiciones que adoptaron en las negociaciones las otras instituciones europeas. “Muchas propuestas del Parlamento Europeo están alejadas del acuerdo y la Comisión Europea tampoco ha jugado el papel de tender puentes”, aunque, subrayó, sus comentarios no son «un reproche para nadie».
Divergencia en asuntos clave
La divergencia de posiciones en algunos asuntos clave entre Consejo y Parlamento, que ya se habían vislumbrado en anteriores encuentros, llevaron a acusaciones cruzadas entre ambas partes en el fracaso de este capítulo negociador. Así, miembros del Consejo acusaron al PE de no negociar (ceder) y permanecer inamovible en sus planteamientos.
Entre otros, no hubo acuerdo entre PE y Consejo sobre la fecha (2023 ó 2025) para aplicar la denominada “condicionalidad social”, que aseguren que las ayudas agrícolas solo van a destinarse a las explotaciones que respeten los derechos laborales; tampoco sobre el porcentaje de gasto medioambiental que debería alcanzarse en el segundo pilar (Desarrollo Rural); sobre la reserva de crisis para afrontar situaciones excepcionales en el agro, o sobre la conformación de los pagos redistributivos.
En relación a los eco-esquemas, parecía perfilarse un consenso para destinar un 25% de los pagos directos (ni el 20% que planteaba el Consejo y defendía Planas, ni el 30% del PE), aunque aún con bastantes dudas sobre el margen temporal y los criterios para su puesta en marcha. Todos confiaron, no obstante, en ir madurando la negociación y llegar al acuerdo a finales de este mes de junio.
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