Responsables del Ministerio Agricultura, con Luis Planas a la cabeza, mantuvieron este jueves 22 de julio una reunión con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, a las que se informó de los avances en la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PE-PAC) en España.
Las OPAs constatan que la propuesta de PE-PAC del MAPA penaliza al agricultor profesional
Las tres organizaciones agrarias de ámbito nacional coincidieron en señalar que la propuesta de PE-PAC presentada no defiende, sino que penaliza al agricultor profesional, mayormente familiar, que tiene en su actividad la fuente principal, cuando no única de ingresos, que declara en el IRPF, y cotiza en la Seguridad Social Agraria.
Tras la Conferencia Sectorial del pasado día 14, MAPA y CC.AA. continuarán trabajando sobre la base de la propuesta ministerial en la elaboración del PE-PAC 2023-2027, señaló este departamento.
El encuentro con las organizaciones agrarias se produjo un día después de la reunión entre MAPA y CC.AA. para avanzar en la definición de los ecoesquemas, y continuarán en los próximos días, con el objeto de perfilar un modelo que ofrezca posibilidades de acceso a todos los agricultores y ganaderos.
Planas informó a las organizaciones profesionales que, una vez que se precisen los ecoesquemas, se celebrará una nueva Conferencia Sectorial entre MAPA y CC.AA. en otoño, para analizar el citado Plan estratégico.
La redacción del PE-PAC deberá estar concluida antes del 30 de diciembre para su remisión a la Comisión Europea, que deberá aprobarlo en el primer semestre de 2022, con el objetivo de su aplicación el 1 de enero de 2023.
El profesional, el gran perdedor
La primera reacción al encuentro con las OPAs llegó de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que advirtió a Luis Planas que, con los términos planteados en el documento base de negociación, el agricultor profesional tiene “todas las papeletas” para ser el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España. Así se lo trasladó el secretario general de COAG, Miguel Blanco, durante la reunión.
En este sentido, el máximo responsable de COAG hizo referencia a la definición de “agricultor activo” que, finalmente, se aleja de la de agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones, aunque su actividad agraria sea insignificante.
De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante (menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales.
“Se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a aquellos falsos activos y absentistas, que viven de otras actividades ajenas al sector. Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC; trasvasar fondos de las explotaciones más grandes a las pequeñas y medianas profesionales, para ayudarles ante el incremento de costes y los escasos márgenes de rentabilidad”, destacó Blanco.
COAG pidió a Planas que negocie con Bruselas que sólo aquellos cotizantes a la Seguridad Social Agraria puedan tener acceso a las ayudas redistributivas, a las acopladas y a los ecoesquemas para evitar que los rentistas “metan de nuevo la mano en el bolsillo” a los verdaderos profesionales.
Otro de las losas para los agricultores profesionales, según esta organización agraria, viene de la mano de la denominada “arquitectura verde” de la PAC.
La condicionalidad reforzada, que supone mayores exigencias medioambientales y, por tanto, mayores costes y menos renta, junto con la partida del 23% de las ayudas, condicionada a los ecoesquemas, puede lastrar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones si no viene acompañada de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición verde justa.
“Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla«, subrayó el secretario general de COAG, al tiempo que ha recordó que «para recuperar ese 23% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos, que el mercado no remunera”.
Además, Blanco recordó que no debemos olvidar que el borrador del PE-PAC, que hay sobre la mesa, incorpora de forma literal la “hoja de ruta” marcada por el Pacto Verde de la UE y las exigencias de la Estrategia “De la Granja a la mesa”, en lo referente a la reducción de fitosanitarios y fertilizantes en un 50% en el horizonte del año 2030 con respecto al año 2020, incremento de la superficie cultivada en producción ecológica del actual 9% (2020) al 15% en el año 2030, así como medidas adicionales para la conservación del paisaje y mejora del bienestar animal.
Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. “Podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE”, puntualizó el secretario general de COAG, al tiempo que señaló “la hipocresía de los mandatarios europeos y estatales, puesto que, en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia”.
COAG pidió a Planas que no abandone la batalla en Bruselas para acabar con esta descabellada situación que supone pérdida de renta agraria y cierre de explotaciones en nuestro país.
Mayor concreción
Por lo demás, ASAJA, COAG y UPA demandaron al MAPA mayor concreción y protección ante las exigencias ambientales y distributivas, que llegarán con la nueva PAC, para garantizar la subsistencia de la agricultura y ganadería profesional y familiar.
En declaraciones a EFEAgro, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, precisó que sus principales peticiones han sido que la PAC se trabaje «más que técnicamente» y que no penalice a la agricultura profesional.
Las medidas que “quedan por desarrollar tienen que ser claras, concisas y no penalizadoras para el sector agrario”, en referencia a los eco-esquemas y la condicionalidad”, añadió Barato, para quien
“todavía falta mucha información, por lo que se mantienen a la espera de que el MAPA dé más detalles y no solo se abogue por reuniones con las CC.AA.”
«Las CC.AA. son importantes, evidentemente, pero las organizaciones agrarias nacionales son los legítimos representantes y también tenemos bastante que decir», concluyó Barato.
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, defendió que la aplicación de los denominados eco-esquemas sea “factible” para los agricultores y ganaderos familiares, y que el que quiera no se quede sin ellos, explicó a los medios, tras la reunión.
«Sabemos que los eco-esquemas son voluntarios, pero estamos hablando de una partida de un 23% ó 25 %, a la que la mayor parte de la gente va a querer acogerse», apuntó Ramos, quien avanzó que las organizaciones agrarias van a retomar reuniones entre ellas para poner en común los puntos en los que concuerden.
Ramos abogó por ayudas redistributivas, que favorezcan a los que estén dados de alta en la Seguridad Social, pero que también tengan en cuenta a los agricultores jóvenes y se impulse la incorporación de la mujer al campo.
