Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA participaron este martes 2 de junio en el Congreso de los Diputados para demandar más participación y apoyo público al campo en la etapa de reconstrucción económica a la que se abre ahora nuestro país, tras haber afrontado en estos últimos meses el estado de alarma en el periodo álgido de la pandemia del Covid-19, con el fin de lograr un modelo agrario más sostenible.
Las Opas piden más apoyo y participación del agro en la etapa de reactivación económica de España
Los responsables de las tres organizaciones agrarias, Pedro Mauricio Barato Triguero, Miguel Blanco Suaña y Lorenzo Ramos Silva, intervinieron en la denominada Comisión para la Reactivación Económica, exponiendo sus argumentos sobre la difícil situación por la que pasa el sector agrario, sobre todo algunos sectores más afectados por el Covid-19 (ganadería, aceite de oliva, vino, cereales, frutas y hortalizas, flores y plantas) y respondieron a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios.
Así, el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, calificó de «insuficientes» los esfuerzos de la Unión Europea y del propio Gobierno español frente al impacto de la crisis en el sector primario, al disponer apenas de poco más de 80 M€ de ayudas europeas y de otros 10 M€ de ayudas nacionales para el sector ovino y caprino, a pesar de lo cual el abastecimiento de alimentos ha continuado funcionando, gracias al modelo agrario» que existe en España.
Barato, al igual que las otras dos organizaciones agrarias, insistió en sus reivindicaciones de un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria; mayor cobertura de los seguros agrarios, más inversiones, menos impuestos, reducción de los costes energéticos y una apuesta clara por la innovación, la digitalización y la incorporación de los jóvenes al campo, así como mayores esfuerzos para la apertura de nuevos mercados a nuestros productos.
El presidente de ASAJA insistió en demandar «un modelo agrario donde se pueda producir con las mismas reglas de juego con las que se produce en otros países», y pidió «no criminalizar» a los empresarios del campo, que pagan los salarios acordes con la ley y los convenios colectivos, al tiempo que buscan que sus explotaciones sean rentables.
Por su parte, el secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, sostuvo que la crisis del sector agrario se ha agravado con la pandemia del Covid-19 y criticó que los precios pagados en el campo siguen siendo en ocasiones muy inferiores a los costes de producción, lo que obliga al Gobierno a reforzar los controles para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, reformada recientemente.
Estatuto de la Agricultura social y profesional
COAG presentó en el Congreso un documento con 100 medidas que demanda y propone el sector agrario para la reconstrucción social y económica de España, entre ellas la puesta en marcha de un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional, solicitado ya en ocasiones anteriores.
Evitar esa “uberización” progresiva solo se puede evitar reforzando el modelo social para que los profesionales agrarios independientes no sean sustituidos en el campo y en la producción y comercialización agraria por corporaciones financieras, con mucho capital y alta tecnología, pero ajenas al medio rural.
COAG puso sobre la mesa otras medidas, como la creación de un observatorio sobre los costes e insumos agrícolas, una regulación pública de los mercados agroalimentarios, la universalización de los seguros agrarios, el desarrollo tecnológico inclusivo, que no deje a nadie atrás en el campo, una transición energética hacia las renovables, así como el desarrollo de infraestructuras en el medio rural.
Agricultura familiar rentable
Por último, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, ha apuntado que España necesita «una agricultura familiar rentable y fuerte”, con la que pueda garantizarse el abastecimiento de alimentos a la población, generar vida en las zonas rurales y cuidar el entorno, frente al modelo productivo basado en la deslocalización, que se da en otros países y a nivel mundial.
UPA entregó a los parlamentarios un documento con unas 80 propuestas de tipo político, legislativo, económico y fiscal, con vistas a garantizar precios justos en la agricultura y el respeto de las relaciones contractuales, para contribuir desde este sector a la recuperación económica.
Al respecto, Ramos insistió en que el sector agrario «no puede ser ajeno a la reconstrucción económica y social de país”, destacando, a la vez, la necesidad de contar con el mismo para actuar frente al cambio climático, dar respuesta al reto generacional, invertir en tecnología y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres rurales, así como entre pueblos y ciudades. Afirmo, por último, que «el despoblamiento todavía es reversible si se aplican las medidas adecuadas», e hizo un llamamiento a los grupos políticos para que en esta situación tan difícil aparquen sus diferencias y apuesten por el futuro del sector agrario español y por el de la sociedad en su conjunto.
Composición y objeto de la Comisión
La Comisión, presidida por Patxi López, está integrada por 46 diputados, 13 del G.P. Socialista; 9 del G.P. Popular, 5 del G.P. Vox; 4 del G.P. Confederal de Unidas Podemos-EC-GC; uno del G.P. Republicano; 4 del G.P. Plural; uno del G.P. Ciudadanos; uno del G.P. Vasco (EAJ-PNV); uno del G.P. Euskal Herria Bildu y 7 del G.P. Mixto. De acuerdo con lo previsto en el acuerdo de la Mesa de la Cámara, la Comisión adopta sus acuerdos por el criterio de voto ponderado en función del número de miembros con que cuente cada Grupo Parlamentario en el Pleno de la Cámara. En el caso de los Grupos Parlamentarios Plural y Mixto, la ponderación se realiza de acuerdo con los diputados de cada una de las formaciones políticas que los integran.
El objeto de la Comisión, que tendrá una duración de dos meses, plazo que podrá ser prorrogado por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, es la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica, como consecuencia de la crisis del COVID-19.
De acuerdo con estos objetivos, ha aprobado un plan de trabajo y ha creado cuatro grupos de trabajo que coinciden con los cuatro grandes aspectos a tratar: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.
Una vez finalizadas sus sesiones, la Comisión emitirá un dictamen que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajo
