Como ya habían hecho anteriormente las cuatro CC.AA. "loberas" (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) el pasado 2 de noviembre, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA presentaron también, con fecha 9 de noviembre, ante la Audiencia Nacional (AN) un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) de 20 septiembre de 2021, que prohíbe cazar al lobo.
Las OPAs presentan recurso contencioso ante la AN contra la Orden del Miterd que incluye al lobo en el LESPRE
Igualmente, los servicios jurídicos de estas tres OPAs piden que se suspenda cautelarmente la entrada en vigor de la Orden, mientras se tramita este recurso.
Con este recurso, las organizaciones agrarias tratan de evitar que se agrave aún más la situación de los ganaderos que, como el propio Miterd reconoce en su última Memoria,aun estando en vigor el anterior régimen de protección, “desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”.
Con anterioridad a la inclusión del lobo en el Listado de Especial Silvestre en Régimen de Protección Especial (LESPRE), los ganaderos al Norte del rio Duero perdían, según las OPAs, una media de 9.812 animales al año, por lo que su incorporación a este listado supondrá, lógicamente, un incremento exponencial de estas pérdidas, por no hablar de otros daños en el ámbito rural.
En el recurso presentado se detallan de forma pormenorizada los daños económicos y sociales, por CC.AA., que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, siempre parciales e insuficientes, para resarcir las pérdidas reales, que las Administraciones regionales han tenido que poner en marcha.
Así, en el Principado de Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales de explotación dañados ascendió a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020.
En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020.
En Galicia, las reses atacadas que fueron declaradas ascendieron a unas 2.300 al año, aunque el número real de bajas probablemente se acerque a las 4.000. Los daños en esta región superan los 2 M€/año de media, computando no solo las reses muertas, sino también los abortos por estrés, los descensos en la producción de leche, los costes veterinarios, lucro cesante, etc.
De esos dos millones, la Xunta afrontó en 2020 indemnizaciones por valor de 650.00 euros, un 32% de la pérdidas reales, siendo el resto soportado por los ganaderos. Y, desde septiembre de 2021, tras la inclusión del lobo en el LESPRE, esta Comunidad Autónoma anunció la supresión de la ayudas por daños del lobo, alegando que ahora es responsabilidad del Miterd.
En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020 se declararon 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas. Las provincias más afectadaspor estos ataques se encuentran al Sur del Duero, donde precisamente el lobo está incluido en el LESPRE desde el año 2019, por lo que todo hace pensar que, con la aprobación de la orden de Transición Ecológica, esta situación se extrapole al resto de provincias y la problemática se agrave aún más, señalan las OPAs.
Ganadería extensiva
En suma, en el recurso de ASAJA, COAG y UPA ante la Audiencia Nacional se argumenta que el lobo no está en situación vulnerable al Norte del Duero; la desprotección en la que quedan vacas, ovejas y equinos, y la presión que ejerce este cánido sobre la ganadería extensiva causan un grave impacto económico y social tanto a los ganaderos, como al conjunto del medio rural, por no hablar de las consecuencias medioambientales que la desaparición de la ganadería extensiva tendría sobre el entorno natural.
La Orden del Ministerio de Teresa Ribera, señalan estas OPAs, además de desproporcionada e innecesaria, supone una clara agresión para un sector productivo que, en estos momentos, atraviesa graves dificultades para salir adelante.
Además, en el recurso también se alega cómo, incomprensiblemente, esta Orden ha entrado en vigor, sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo.
Por otro lado, su aprobación deja en “papel mojado” los Planes de Gestión de las cuatro CC.AA. más afectadas, lo que aboca al sector agrario a un limbo jurídico.
Por todo ello, se pide la suspensión cautelar de la misma y el mantenimiento del status quo.
ASAJA, COAG y UPA confían en que esta suspensión cautelar haría rectificar a la ministra Teresa Ribera y emprender el cauce del dialogo, con la búsqueda del consenso para, entre todas las partes afectadas, lograr garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera.
