El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribadavia (Orense), en sentencia dictada el 26 de marzo, ha estimado la demanda interpuesta por 17 “adegas de colleiteiro” frente al acuerdo del Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, adoptado el 23 de marzo de 2018, en cuya virtud éste cobraba distintos precios por los precintos de garantía que certifican la pertenencia a la DOP, siendo mayor el aplicado a los vinos elaborados con variedades autóctonas y menor el aplicado a los vinos elaborados con variedades foráneas.
En su sentencia, el juez estima la existencia de abuso de derecho, dado que el acuerdo fue adoptado haciendo prevalecer “la posición de fuerza en el Pleno del Consejo Regulador de los vocales representantes de las cooperativas y grandes bodegueros”.
Según indica la sentencia el acuerdo anulado “produce un resultado antisocial, al ser ejercitado con abuso de Derecho, favoreciendo a los intereses particulares del grupo de vocales del Pleno, vinicultores que tienen una fuerte representatividad en el mismo (disponiendo solamente las cooperativistas de 3 de 10 vocales) y ello en detrimento, como se verá, de una minoría del colectivo de productores de vino (los colleiteiros y los representantes de bodegas de menos de 400 mil litros), que acreditadamente son quienes de largo más embotellan vino como preferente o autóctono, al gravar con mayor precio las tirillas destinadas al mismo, frente al embotellado como autorizado o foráneo.”
Sigue diciendo la sentencia que “la propia condición 2ª del Pliego de Condiciones, indica que los vinos catalogados como preferentes o principales, esto es, los vinos denominados Ribeiro Castes, son “de mayor calidad y más característicos de la Denominación de Origen” y que es misión del Consejo Regulador, artículo 6.2 de su Reglamento de 2.009, fomentar el cultivo de las variedades principales, autóctonas o preferentes. Por lo tanto, si debe fomentar dicho cultivo, el hecho de gravar con mayor precio las precintas de garantía que embotellen vino comercializado como tal, produce precisamente un resultado dañoso para los productores de tal vino, cuyo cultivo –y por ende también su elaboración–se debe fomentar por la demandada”.
Y añade que “en términos totales, mientras que pequeños bodegueros y colleiterios en el año 2019 adquirieron más de 2.300.000 tirillas destinadas a vino preferente, contando solamente con dos votos en el pleno, cooperativistas y grandes bodegueros retiraron poco más de un millón de tirillas para embotellar como preferente, y por ello resulta claramente que a pesar de ser estos dos últimos los grandes productores vinícolas dentro de la DOP Ribeiro, no son a su vez, en términos absolutos quienes más embotellan vino como autóctono.
Por tanto la decisión de aumentar de forma desigual un mismo servicio de certificación, grava inexplicablemente que la misma vaya a ser destinada a estar en un vino embotellado como preferente o autóctono, frente a que vaya destinada a ser embotellada en vino autorizado, y todo ello, a pesar de que el Consejo Regulador deba como objetivo teleológico previsto incluso en su propia normativa, como se ha dicho, fomentar el cultivo de las variedades autóctonas o preferentes”.
La medida anulada respondía a los intereses particulares de las cooperativas y bodegas de más de 400.000 litros, que según la documental aportada en el pleito por el propio Consejo Regulador, y según las conclusiones del juzgador, son quienes mayoritariamente embotellan vinos autorizados, frente a las bodegas de menos de 400.000 litros y los “colleiteiros” quienes mayoritariamente embotellan vinos preferentes, elaborados exclusivamente con variedades autóctonas, de mayor calidad.
Los “colleiteiros”, quienes embotellan aproximadamente el 85% de sus vinos como preferentes, esperan que esta sentencia les de visibilidad, un sector donde, y que –pese a su representación minoritaria en el Consejo (un vocal con derecho a voto de un total de 10)– luchan para que la DOP Ribeiro recobre el prestigio que le corresponde.
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