Entre el sector agroalimentario y el legislativo hay un abismo que hasta ahora no se ha podido salvar, y esto está llevando a que no haya un frente común, con una opinión formada, que defienda los intereses del sector ante conflictos de competencia.
Hay que mejorar el conocimiento de la legislación de competencia para ser competitivos
Es una de las principales conclusiones alcanzadas hoy en la jornada organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón (COITAVC) y el Institut Valencià de Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA), sobre los límites de la competencia en la comercialización hortofrutícola en común.
En ella han participado Javier Viciano, miembro del grupo de investigación GARUM de la Universidad Internacional de Valencia, y Jaime Martí, profesor del departamento de Derecho Mercantil de la Universitat de València.
El profesor Viciano ha considerado que aunque ya existen diversas normativas que actúan sobre la cadena alimentaria y la integración de cooperativas y entidades asociativas, sigue habiendo vacíos. Y esta falta de comunicación entre los legisladores y el sector lleva a situaciones paradójicas, como la que se está dando en Europa. “Ahora mismo estamos negociando una nueva política agraria, y deberíamos de tener una opinión clara de aquello que estamos defendiendo, pero la falta de comunicación dificulta este tipo de sinergias, y esto nos debilita”, ha afirmado.
Todo ello incide en el sector productivo, el eslabón débil de la cadena y en el que todo empieza. “Si la presión de los distribuidores sigue recayendo sobre los productores, nuestro sector productivo mermará. Esto nos puede llevar a una dependencia de otros mercados, lo que sería un error garrafal que pondría en riesgo la soberanía alimentaria. Por ello, se hace necesario un diálogo continuo entre dos sectores, el del Derecho y el de los ingenieros técnicos agrícolas como asesores del sector agroalimentario, para consensuar, delimitar y aplicar las normativas a favor del sector”, señaló Regina Monsalve, presidenta del COITAVC.
Por su parte, Jaime Martí apuntó que los operadores económicos, como son los propios productores y las asociaciones y cooperativas en las que se aglutinan, han de utilizar las herramientas que tienen a su disposición, y no esperar a que lo haga la administración. “Usar correctamente las nuevas herramientas que ofrece la Ley de Cadena Alimentaria y explorar nuevas vías en materia de Defensa de la Competencia, son dos de las grandes cuestiones jurídicas que el sector no puede dejar de intentar”.
Desde el IVIFA, su director, Joan Ramon Peris, reconoce que falta mucho conocimiento de los límites de aplicación de las normativas, por ello “necesitamos un permanente diálogo entre los especialistas en derecho y el sector agrario, porque es la única manera de actuar de manera rápida, enérgica y en bloque”.
