Lo realmente preocupante del No acuerdo sobre el Plan Estratégico nacional. Por Tomás García-Azcárate

Tomás García-Azcárate.

Tomás García-Azcárate.

La Conferencia Sectorial del miércoles 14 de julio terminó sin acuerdo sobre el futuro Plan Estratégico nacional. Esta noticia, de por sí, no es preocupante. Todavía hay tiempo hasta fin de año para llegar a un acuerdo; no hay  urgencia política. Por lo tanto, los consejeros se encuentran más cómodos manteniendo sus posturas originales, muchas veces negociadas con el sector, que aceptando un compromiso en el que se apuntaran unos tantos a cambio de ceder en otros puntos. Nada de esto es especialmente preocupante.

Detrás de varias de las tomas de posición realizadas, no solo hay desacuerdo en cuanto a lo que hay que hacer, el cómo. Lo que realmente me preocupa es que también hay desacuerdo, a estas alturas del partido, en cuanto al diagnóstico, el qué. Quizás esto no se explicite claramente en los discursos, pero si se puede apreciar en los desarrollos lógicos que se plantean.

Un diagóstico inequívoco

Las distintas comunidades científicas coinciden. El cambio climático es una realidad que ya está impactando en la multiplicación de las situaciones climáticas “anormales”, sequias, inundaciones, DANAS y otras filomenas. El cambio en el clima ya está teniendo consecuencias sobre los rendimientos de los cultivos, la expansión de las plagas, las precipitaciones y su distribución a lo largo del año…

Hay todo un debate sobre en qué medida estos cambios son el resultado de la acción del hombre y en qué medida se deben a ciclos naturales. La discusión me parece inútil, porque lo que sí sabemos es que no podemos influir en estos ciclos naturales pero si, en cambio, en nuestros comportamientos para dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución.

Esta tarea debe ser asumida por todos los sectores económicos y sociales, por todas las autoridades políticas y por nosotros como ciudadanos y consumidores. En Europa, esto se llama Plan Verde europeo y, en nuestro caso, las estrategias “De la Granja a la mesa” y “Biodiversidad”. Ya lo dijimos en estas páginas, se pueden poner en entredicho los objetivos cifrados de dichas estrategias pero no la dirección, el sentido, los objetivos que han sido ratificados por todos los gobiernos de la Unión.

En particular, el gasto público debe movilizarse también para este objetivo. Esta es la razón de ser de la condicionalidad de los fondos Next Generation UE y de los distintos fondos europeos, incluyendo los dedicados a la agricultura.

Este marco general tiene consecuencias directas para la agricultura española, nuestro mundo rural y las políticas públicas correspondientes. Por ejemplo, en cuanto a las políticas de inversión pública como la política hidráulica, deberemos intervenir tanto sobre la oferta (con, entre otros, la desalinización y usos de aguas residuales) como la demanda (ahorro de agua) incorporando las disponibilidades futuras en nuestras decisiones de hoy.

En cuanto a los consumidores, nuestro modo de vida no es extensible al conjunto del Planeta y es visto como el modelo a seguir por muchos habitantes pobres, a pesar de que nos plantea también problemas entre otros de salud pública. Por solo poner tres ejemplos, nuestro consumo de espacios (carreteras, centros comerciales), nuestra dependencia del automóvil, nuestro consumo excesivo de productos cárnicos, forman parte del problema y no se pueden merecer el calificativo de “sostenibles”.

¿Y esto qué quiere decir concretamente para la PAC?

Solo hay dos alternativas con la adaptación y mitigación del cambio climático. La primera es padecerlo, sufrirlo de forma pasiva; la segunda es ser actores de la inevitable transición ecológica, en nuestro caso transición agro-ecológica. La Unión Europea ha decidido, con decisión, apostar por la segunda vía y que la PAC acompañe a los agricultores en este proceso.

Vamos a concretar las consecuencias en algunos de los aspectos en discusión en esta nueva PAC: la condicionalidad, el agricultor activo, la convergencia interna.

Digámoslo con claridad. En la nueva PAC las exigencias para acceder a los fondos europeos o del primer pilar de la PAC van a ser mayores: condicionalidad reforzada de la ayuda básica y los fondos operativos de las organizaciones de productores, condicionalidad social, ecoesquemas. Esto ya está decidido con el apoyo en la UE de todas las fuerzas políticas. No debería ser objeto entonces de debate partidista en nuestro país y se debería comunicar con claridad a los agricultores.

Los ecoesquemas no son el greening. Son el instrumento principal para promover a gran escala un cambio en los modos de producción de muchos agricultores y para recompensar aquellos que ya están participando de la transición ecológica. A diferencia del greening, que era percibido masivamente por todos los beneficiarios de la PAC sin apenas cambios en su manera de trabajar, los ecoesquemas son más exigentes.

Por esto es una buena noticia que se profundicen los trabajos para definir estos ecoesquemas, para que todos los agricultores que quieran tengan la posibilidad de acogerse a ellos. Se trata de encontrar el equilibrio entre generalización por un lado e impacto ambiental como resultado de los cambios en la gestión de la explotación, por otro. En ningún caso puede tratarse de un paripé que, sin cambios, beneficie a los productores.

Agricultor activo y convergencia

La diversidad de situaciones en España hace de este tema uno de los aspectos esenciales en los que se cristalizan las posiciones. Felizmente, no hay identificación entre “definición de activo” y “orientación política”, lo que habría complicado aún más la situación. Por ejemplo, algunas comunidades autónomas gobernadas (en todo o en parte) por el Partido Popular defienden la incorporación de los pluriactivos (Andalucía) y otras una prioridad clara al agricultor profesional (Castilla y León) junto con (entre otros) Aragón.

Por un lado, como política agraria, parece razonable que los beneficiarios de las ayudas de la PAC sean de verdad agricultores, cuyos ingresos dependan significativamente de la actividad agraria. Pero como política rural, hay comunidades autónomas donde muchos beneficiarios pluriactivos viven en los pueblos y, como política medioambiental, muchas prácticas de cultivo favorable al medio ambiente tienen sentido si todas las parcelas participan, independientemente de la situación jurídica o social de su titular (caso de la Albufera valenciana, por ejemplo).

En cuanto a la convergencia interna, la PAC está regida por unas fotos fijas (la primera data de 1992) que consolidan los logros y errores del pasado y se alejan de la realidad actual. Consciente de ello en toda Europa, menos en España, se ha avanzado mucho en actualizar las referencias para actualizarlas. En nuestro país se nos ha acumulado el trabajo: tenemos 50 “regiones” que son un mosaico dispar de trozos de comarcas agrarias, con ayudas medias muy diferentes entre ellas; dentro de cada “región” existían diferencias internas aún mayores que entre “regiones”; problemas como el de la ganadería extensiva y los pastos están mal resueltos; son muchas las hectáreas no elegibles…

El acuerdo es necesario y posible

Desde el punto de vista técnico, el acuerdo es no solo necesario sino posible, siempre que exista voluntad política de alcanzarlo. El acuerdo debe dejar razonable y equilibradamente descontento a todos, permitiendo a todos presentarse como habiendo alcanzado lo esencial de sus demandas o haber mejorado significativamente.

Como en otros debates que deberían ser políticas de Estado, la pesadilla de un conflicto político que vendría a agudizar las tensiones regionales no es imposible. No estamos todavía en la situación en la que el coste político del no-acuerdo para los consejeros y el Ministerio sea mayor que el de un acuerdo. Pero este momento llegará. Esta es una de las razones para el optimismo. No olvidemos tampoco que, en el primer semestre del año que viene, se desarrollará la negociación con la Comisión Europea, para su aprobación definitiva. Las orientaciones de esta última son muy claras y limitan el campo de negociación.

Ahora bien, una decidida y coordinada actuación para acompañar las mayores exigencias de la PAC con una mejora del equilibrio en la cadena alimentaria, es para mí una pieza esencial que facilitaría el acuerdo. Estamos hablando entre otros de una nueva y reforzada Ley de la cadena aprobada rápidamente y con fuerte respaldo parlamentario; con la firme persecución de las prácticas comerciales desleales; con una buena coordinación entre las autoridades autonómicas y la AICA; con la generalización de buenas prácticas comerciales, con una mediación eficaz.