La factura eléctrica para los regantes podría encarecerse, en algunos casos, hasta un 73% como consecuencia de la nueva metodología para calcular los peajes de transporte y distribución, vuelve a recordar la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
Los regantes advierten que los cambios tarifarios encarecerán hasta un 73% la factura eléctrica
Esta Federación ha enviado unas alegaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para advertirle que estos incrementos de las tarifas podrían amenazar la supervivencia de los agricultores de este tipo de cultivos.
Los regantes consideran que esta subida encubierta de la factura eléctrica viene a agravar la situación que atraviesa el sector agrícola, asfixiado ya económicamente por las diferencias que existen entre los costes que soportan -actualizados a 2020- y los precios a los que venden sus productos -anclados en los años 80 del siglo pasado.
En su lugar, Fenacore pide prorrogar más allá del estado de alarma la posibilidad de firmar dos contratos eléctricos al año para reducir los costes fijos (regulados), que representan más del 60% de la factura eléctrica para los agricultores, tal y como establece en sus disposiciones adicionales la Ley de la Sequía de 2018, donde contempla la posibilidad de modificar la potencia a lo largo de 12 meses, con el objetivo de aumentarla durante la época de máximo consumo y reducirla al mínimo para el resto del año, simplemente para mantener los equipos.
Según Fenacore, las nuevas tarifas propuestas por la CNMC no tienen en cuenta las horas de mayor demanda de energía a nivel nacional para hacerlas coincidir con los periodos tarifarios más caros, desincentivando así el uso de energía en dichas horas, lo que hace pensar que el objetivo de esta medida es más recaudatorio, que de eficiencia en el consumo.
Esta Federación reitera que, con la nueva normativa, se eliminan las tarifas de tres periodos, pasando todas a seis periodos; y se reducen de manera importante las horas P5 y P6 -las más baratas- en favor de las horas P1 a P4 -las más caras-. Esta situación obliga a contratar en los periodos más costosos, sobre todo en verano. De hecho, en agosto, cuando más se riega, no hay posibilidad de disfrutar de la tarifa más barata todo el día, como hasta ahora.
Fenacore advierte que estos cambios normativos frenarán la modernización aún pendiente de 902.000 hectáreas, con sus consecuentes efectos para el menor ahorro de agua y la mayor contaminación. Unas secuelas que, a fin de cuentas, añade, “alejarán el cumplimiento de algunos de los compromisos que el Gobierno ha adquirido en materia agrícola y medioambiental, ya que la propia estructura horaria fijada para el verano dificulta enormemente la compatibilización con la energía fotovoltaica para autoconsumo, la más idónea para el regadío.
Cuadro 1. Evolución de los costes energéticos en el regadío
Escalada de costes
Los regantes no entienden, insiste Fenacore, en que el premio al enorme esfuerzo que están haciendo por transformar los sistemas de riego, y que ha convertido España en un país de referencia, venga siendo desde hace años la escalada continuada de las tarifas eléctricas. Desde 2008 el recibo eléctrico ha subido más del 100%, principalmente debido a los costes fijos, puesto que el término de potencia se ha incrementado más de un 1.000%.
Y todo ello, a pesar de las medidas aprobadas, a instancias de Fenacore, por las que se ha logrado un ahorro superior a los 54 M€ para el regadío, gracias a la exención del 85% del impuesto especial eléctrico y a la reducción de módulos en el IRPF de los agricultores regantes.
Según Andrés del Campo, presidente de esta Federación de regantes, “han aumentado las horas con tarifa cara, sobre todo en verano y, por el contrario, han caído las horas con tarifas más baratas, lo que lleva a un destacado incremento de los costes de producción. Los regantes somos el segundo consumidor de energía, después de la Asociación de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y no encontramos una justificación técnica que avale estos cambios en el calendario, salvo la recaudatoria, dada la imposibilidad de limitar nuestros riegos a horarios intermitentes de horas valle y punta”.
Regadío y reconstrucción
Por otro lado, Fenacore ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) destine 10.000 millones de euros al regadío para que estos agricultores contribuyan a la reconstrucción social y económica de España.
Ese dinero serviría para modernizar el casi millón de hectáreas aún pendiente y, con ello, evitar la despoblación de las zonas rurales, puesto que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que 13 de las 15 provincias que más habitantes han perdido durante los diez últimos años son aquellas que menos superficie regada tienen.
En este contexto, Fenacore urge también a desarrollar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, máxime teniendo en cuenta que la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, planteó recientemente en el Congreso la necesidad de “poner en marcha cuanto antes un plan de inversiones y reformas” durante los próximos dos años en torno a seis pactos de reconstrucción, entre los que se encontraría uno para el campo y contra la despoblación.
No obstante, los regantes siguen lamentando que las intromisiones legislativas y las presiones políticas de las CC.AA. estén dificultando el necesario proceso de planificación hidrológica, del que a la postre dependen todas las actuaciones que se realicen en los diferentes planes de cuenca.
Por ello, Fenacore anima a las Comunidades de Regantes a participar en los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EPTI) para intervenir en las decisiones que determinarán la gestión del agua durante los próximos seis años. El periodo de consulta pública de estos documentos se prolongará hasta que se mantenga el estado de alarma, y esta Federación considera fundamental que las CC.RR. envíen sus alegaciones y velen por sus derechos e intereses desde el comienzo del proceso de planificación.
Para Andrés del Campo, “el agua ha ido perdiendo protagonismo en la agenda política, pero ha llegado el momento de elevarla a cuestión de Estado, de manera que sea la Administración Central la que dirija el proceso de planificación hidrológica para evitar los retrasos en la ejecución de obras de regulación. Ha de ser el bien común la principal preocupación de nuestros políticos, quienes tienen que dejar al margen cualquier interés localista o partidista para no contaminar políticamente el agua. Necesitamos urgentemente que el Gobierno invierta en la modernización de nuestras zonas regables, cumpliendo con los compromisos que contrajo en la Estrategia de Regadíos y en los Planes Hidrológicos vigentes. Los próximos PGE deben poner de manifiesto el papel clave de la agricultura en la recuperación y, por tanto, contemplar inversiones en la modernización de regadíos”.
