La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) que no abandone las inversiones en modernización de regadíos, ni las traslade en su totalidad al Ministerio de Agricultura, tras la reciente presentación de la nueva planificación hidrológica de tercer ciclo para el periodo 2022-2027.
Los regantes defienden un nuevo Plan Hidrológico Nacional que devuelva al Estado sus competencias
Según los regantes, el Ministerio que ostenta las competencias en materia de Agua no puede renunciar a algo básico y fundamental como es su ahorro.
Además, señalan que las confederaciones tienen las competencias de los grandes canales e infraestructuras, que garantizan el abastecimiento y los regadíos, por lo que consideran que -al menos en esas infraestructuras- el Ministerio y las confederaciones deberían continuar colaborando y financiando las actuaciones.
En cualquier caso, Fenacore señala que el primer reto de los nuevos planes hidrológicos es que se cumplan, porque esto es algo que llevan planteando los regantes a lo largo de todas las legislaturas desde 1998 y, por razones diversas, no se han llevado a cabo.
En este sentido, los regantes recelan de ellos debido, fundamentalmente, a la falta de credibilidad en la planificación hidrológica, derivada del incumplimiento por parte de las distintas Administraciones, a lo largo de las últimas legislaturas, de los acuerdos alcanzados con el regadío para elaborarlos.
Asimismo, Fenacore expresa también cierta desconfianza hacia una Administración que, en los últimos tiempos, parece amparar posiciones beligerantes y contrarias a los regadíos, obviando la importancia de disponer de agua garantizada en las correspondientes cuencas hidrográficas, y por su papel a la hora de asegurar la alimentación y el suministro, así como su contribución en la lucha contra el cambio climático y la despoblación de las zonas rurales.
Contaminación política del agua
En este marco, los regantes defienden un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) que devuelva al Estado sus competencias y blinde la Constitución frente a las injerencias políticas en las distintas CC.AA., ya que el interés localista o partidista está «contaminando políticamente» la gestión del agua, sobre todo, de la que discurre por más de una región.
Esta «contaminación política» ha derivado en una maraña normativa con múltiples leyes de Aguas y 17 Administraciones hidráulicas diferentes, que hacen que el reparto no responda a criterios técnicos y que, en algunos casos, vulnere la Carta Magna sin que se persiga el bien común como objetivo prioritario.
Finalmente, Fenacore reprocha al Gobierno que las medidas destinadas a la atención de las demandas de agua apenas han recibido un 19% de la inversión prevista en los planes hidrológicos, criticando a su vez que aún haya casi un millón de hectáreas pendientes de modernizar y que un porcentaje elevado de las obras de regulación y de infraestructuras hidráulicas de interés general no se hayan realizado, pese a haberse recogido en los sucesivos planes hidrológicos.
Según el secretario general de Fenacore, Juan Valero de Palma, “las ayudas comunitarias son una buena oportunidad para la modernización del regadío, que encaja con todos los objetivos fijados por la Comisión Europea para el reparto de los fondos, y para el correcto desarrollo de los Planes Hidrológicos: determinantes para la gestión del agua en España durante los próximos seis años”.
