La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) demanda un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN), que devuelva al Estado sus competencias y blinde la Constitución frente a las injerencias políticas en las distintas CC.AA., y así lo trasladará este miércoles 16 de diciembre a la Comisión Permanente, tras el acuerdo de posición común en materia de agua firmado en Castilla-La Mancha.
Los regantes piden a Sánchez un PHN en el que el Estado ejerza sus competencias en materia de agua
Para los regantes, esta petición es más urgente que nunca, debido a que “el interés localista o partidista está contaminando políticamente la gestión del agua, sobre todo, de la que discurre por más de una Comunidad, lo que ha derivado en una maraña normativa, con múltiples leyes de aguas y 17 Administraciones hidráulicas diferentes, que hacen que el reparto no responda a criterios técnicos y que, en algunos casos, hasta vulnere la Carta Magna, sin que se persiga el bien común como objetivo prioritario.”
En este sentido, Fenacore recuerda que la Ley de Aguas recoge que “la gestión de cuencas supra-territoriales o intercomunitarias corresponde única y exclusivamente al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, y no a las Administraciones Autonómicas.”
El agua es de todos
Asimismo, los regantes aseguran que “el agua es de todos los españoles” y no del territorio que la tiene más cerca, y piden un respeto absoluto por el “principio de unidad de cuenca hidrográfica”, que se concreta en la gestión a través de las Confederaciones Hidrográficas, como instituciones con amplia tradición en España, en las que se integran todos los usuarios e interesados en la gestión del agua. Además, este modelo ha sido imitado por la UE y hoy la Directiva marco del Agua obliga a todos los Estados miembros a utilizarlo para una mejor gobernanza.
Por otra parte, Fenacore considera que la prioridad del nuevo PHN debería ser ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca, donde se incluyen no sólo obras de regulación, sino también de modernización de regadíos y gestión de la demanda para optimizar el consumo.
Máxime teniendo en cuenta que las medidas destinadas a la atención de las demandas de agua apenas han recibido un 19% de la inversión prevista en los planes hidrológicos, añade esta Federación.
En concreto, los regantes señalan que los 25 Planes Hidrológicos revisados en el segundo ciclo (2015-2021) incluyen 11.224 medidas y una inversión prevista de 22.332 millones de euros.
Sin embargo, según los últimos datos disponibles, hasta diciembre de 2018 únicamente se habían finalizado el 7% de las medidas, con una inversión ejecutada de 3.650 millones de euros, aproximadamente el 16%, cuando el periodo transcurrido superaba el ecuador temporal del plan.
Por ello, denuncia este colectivo, “la planificación hidrológica carece de credibilidad, al haberse incumplido por las sucesivas Administraciones y durante varias legislaturas, los acuerdos alcanzados con el regadío”.
De ahí, insisten los regantes, la necesidad de que los planes vigentes se cumplan, con sus programas de medidas, para recuperar la confianza en dicha planificación hidrológica y en las Administraciones responsables.
Misiva a Pedro Sánchez
En este escenario, los regantes enviaron recientemente un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, facilitándole una relación muy detallada de los diferentes tipos de infraestructuras necesarias en las distintas cuencas, con el fin de “conseguir que el equilibrio hidrológico en España evite la batalla política entre las CC.AA.”
Unas obras que, añade Fenacore, “casan perfectamente con los objetivos marcados por las autoridades comunitarias para conceder los fondos europeos, relacionados en su mayoría con la lucha contra la contaminación y la despoblación de las zonas rurales.”
Según volvió a reiterar el presidente de la Federación, Andrés del Campo, “las intromisiones legislativas y las presiones políticas de las CC.AA. han generado una ‘auténtica Torre de Babel’. Frente a ello, el agua debe elevarse a cuestión de Estado, de manera que sea la Administración Central -con la participación de todos los usuarios- la que dirija el proceso de planificación hidrológica para evitar los retrasos en la ejecución de obras de regulación y modernización de regadíos. Y es que, en la actualidad, en España resulta más complejo, porque cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas, más del doble que el resto de los países de nuestro entorno para un número similar de ríos”.
