El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, rechazó de plano este martes 5 de junio la subida del precio del agua, como medida para alcanzar un uso eficiente de este recurso.
Los regantes rechazan de plano una subida del precio del agua como pretexto para una mayor eficiencia
Así se plantea en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España (LVGA), impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de abordar un cambio en la política hidrológica nacional en un contexto de cambio climático, denuncia esta Federación.
Del Campo, que participó en el XXXVII Congreso Nacional de Riegos, celebrado en Don Benito (Badajoz), se opuso a la modificación del régimen económico-financiero del agua, propuesta en el citado Libro Verde, argumentando que la legislación española ya está adaptada al principio de recuperación de costes que pide la normativa europea -la Directiva Marco de Agua (DMA)-, y que lo que hace falta es aplicarlo de forma correcta.
Según la documentación oficial aportada por Fenacore, en España se recupera el 80% de los costes financieros relacionados con el agua y cerca del 70% de los costes totales, lo que demuestra que efectivamente se cumple con la normativa europea, máxime cuando la DMA no exige recuperar el montante total, sino “tener en cuenta el principio de recuperación de costes”.
En concreto, añade esta Federación, que actualmente cuenta con más de 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, es decir, más del 80% del regadío nacional agrupado en comunidades, «habría que determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales tienen que ser asumidos por la sociedad en su conjunto».
En este sentido, según Del Campo, «si se incrementa la tributación del agua, se perjudicará todavía más la competitividad de un sector estratégico como es la agricultura, en clara desventaja ya por unos costes de producción desorbitados, debido al fuerte encarecimiento de la factura eléctrica en los últimos años.»
En opinión de los regantes, «las modificaciones planteadas en el Libro Verde son una muestra de que el equipo encargado de llevar a cabo su redacción desconoce por completo aspectos básicos como que la legislación actual promueve ya un uso eficiente del agua, a través de la modernización de regadíos, siendo necesario impulsar el Plan Director de Regadíos, orientado a modernizar las 800.000 hectáreas todavía pendientes de acuerdo al doble objetivo de ahorrar agua y energía.»
Una competencia estatal y no local
En opinión de Fenacore, un trabajo de este relieve debería haberse encargado a un centro oficial, reconocido internacionalmente y con experiencia como consultora oficial de la Administración del Agua, como es el CEDEX, en lugar de delegar las propuestas a las comunidades autónomas, a través de foros territoriales, en los que ha prevalecido el interés localista sobre el general, cuando el agua es competencia del Estado.
Por si fuera poco, Fenacore recalca que «entre los 32 expertos elegidos para desarrollar las propuestas para este Libro Verde apenas había dos representantes de las comunidades de regantes, a pesar de concentrar el 75% de la demanda de agua en España«.
Este desequilibrio, añade esta Federación, ha dado como resultado un planteamiento donde el medio ambiente aparece como único y principal objetivo de la legislación y la administración hidráulica, dejando de lado otros objetivos generales de primer orden, como es la satisfacción de las diferentes demandas de este recurso básico.
Estas inconsistencias, unidas al hecho de que Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica (ahora en funciones), responsable del agua en España, no se ha reunido todavía con los representantes del 80% del regadío en España, hacen temer a Fenacore que esto desemboque en un diseño erróneo de la política del agua en nuestro país.
Por ello, la Federación ha elevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una petición formal para el traspaso de estas competencias a la cartera de Fomento.
Según Andrés del Campo, “mal encaminada va la política del agua en España si se diseña sin tener en cuenta desde el minuto cero el criterio de los principales usuarios del agua, que son los regantes, y se le cede la responsabilidad a nuevas corrientes ecologistas que rayan el extremismo al defender que las cuencas no tienen déficits, sino demasiada demanda y que para reducirla hay que incrementar las costes del agua”.
