ASAJA, COAG y UPA se unen para exigir acciones urgentes que eviten que la vendimia de 2020 sea recordada como una de las más ruinosas de la historia, para lo cual exigen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del vino y reclaman a las bodegas que frenen el hundimiento de los precios.
Los viticultores reclaman que las bodegas no fijen precios de la uva por debajo de los costes de producción
Sus reclamaciones se dirigen, por tanto, en dos sentidos: por un lado, hacia los bodegueros que compran las uvas y, por otro, hacia los Gobiernos, central y autonómicos. Este miércoles 16 de septiembre se reunirán con la cúpula del Ministerio de Agricultura para demandar un plan de apoyo urgente.
En concreto, a los compradores de uva, los agricultores les reclaman que cumplan la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria, fundamentalmente en lo referente al precio al que pagan las uvas.
Según estas organizaciones agrarias, algunas bodegas están actuando “con coacciones y de forma desleal”, obligando al productor a que se manifieste expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción. “Una práctica inmoral e ilegal”, afirman.
Al respecto señalan que “los precios que se están pagando son hasta un 30% inferiores a los del pasado año, sin que haya causas que justifiquen dicha caída, puesto que las previsiones para la vendimia este año hacen referencia a una producción menor a lo que se estimaba inicialmente, en torno a los 41-43 millones de hectolitros, en línea con la media de las últimas cinco campañas.
Además, las existencias de vino y mosto de finales de la campaña anterior 2019/20, que el MAPA dio a conocer ayer, son de 36,6 millones de hectolitros, inferiores en un 6,7% a las de la anterior.
En este sentido, las organizaciones agrarias acuden este miércoles 16 de septiembre al Ministerio de Agricultura para defender una serie de propuestas y medidas, que han recogido en un documento, entre las que se incluyen:
- Costes de producción: ASAJA, COAG y UPA demandan a las Administraciones que clarifiquen cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir, haciendo referencia a las distintas zonas de producción, variedades, formas productivas…
- Controles de la AICA: el sector demanda más controles por parte del Gobierno a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para verificar el cumplimiento de la Ley.
- Planes de ayudas: las ayudas europeas son necesarias, pero no suficientes. Las CC.AA. y el Gobierno deben destinar fondos específicos para salvar al sector del vino de la crisis que atraviesa. Países competidores de España, como Francia o Italia, ya lo han hecho, por lo que urge evitar que se produzca una situación de competencia desleal.
- Ayudas de minimis: en tiempo de crisis se pueden otorgar ayudas estatales de hasta 20.000 euros por explotación en tres años, pudiéndose aumentar incluso hasta los 25.000 euros.
- Ayudas por la Covid-19: La normativa europea permite destinar hasta 7.000 euros por agricultor para ayudar a los afectados por la crisis de la Covid-19, utilizando fondos de desarrollo rural no gastados.
- Retirada de producto: los agricultores piden incrementar las prestaciones vínicas al 15%, frente al 10% actual. Esto es el volumen de alcohol que deben tener los subproductos finales. En la práctica implicaría retirar más producto y que no vaya a vino.
