Organizaciones agrarias, cooperativas Agroalimentarias y la Organización de Productores de Almería, Coexphal, organizaron frente a la sede en Atocha del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) un acto de protesta con medio millar de manifestantes contra la crisis que está sufriendo actualmente el sector de las frutas y hortalizas, ya sea al aire libre o en invernadero.
Manifestación 24-N: el alza de costes podría poner la puntilla a la crisis estructural del sector hortofrutícola
La concentración fue secundada por productores de frutas y hortalizas, llegados principalmente desde distintos puntos del país, pero sobre todo de la Comunidad de Andalucía (Almería, Granada, Cádiz o Málaga), pero también de otras regiones como Murcia, Aragón o La Rioja.
El acto de protesta ante las puertas del Caserón de Atocha fue precedido por una rueda de prensa, donde los representantes de las organizaciones convocantes detallaron las reivindicaciones y motivos que han llevado a los agricultores a expresar su malestar y manifestarse.
Desde COAG Almería, Andrés Góngora, su responsable nacional del sector de Frutas y Hortalizas, aseguró que «no venimos a pedir limosna, sino a pedir que se nos pague un precio justo por nuestras frutas y hortalizas para poder vivir dignamente de nuestro trabajo en el campo».
Por su parte, Antonio Navarro, presidente de ASAJA Almería, destacó que “el Ministerio no puede seguir ignorando al sector agrario, el sector de las frutas y hortalizas lleva años denunciando que se hunde, que necesita unos precios justos, la fuerte subida de costes empeora la situación. Tenemos una competencia desleal que nos lo pone aún más difícil y que no se puede seguir ignorando.”
Asimismo, por UPA-Almería, Francisca Iglesias, secretaria general de esta organización aclaró que “el Ministerio debe definir su postura sobre el acuerdo preferencial con Marruecos después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea”.
Para finalizar, Juan Antonio González Real, presidente de COEXPHAL y de la sectorial hortofrutícola de Cooperativas Agroalimentarias, declaró que “el sector de frutas y hortalizas lleva muchos años reivindicando la mala situación del campo y de los agricultores. Esta subida elevada de costes nos da la puntilla, porque estos años ya se han quedado agricultores por el camino y esto va a provocar que se queden aún más. Este incremento de costes no lo vamos a soportar”.
González Real reclamó que “necesitamos que se tomen una serie de medidas, como un IVA agrícola reducido para los insumos de la producción, ya que el incremento de sus costes puede estar en torno a un 12 y un 15% con respecto a la campaña pasada. Además, tenemos un agravio comparativo con la entrada de productos procedentes de terceros países, ante lo que no se está haciendo absolutamente nada y necesitamos que el Ministerio tome ya medidas”.
En concreto, según los convocantes, la subida de los costes de producción ha venido a poner la puntilla final a un sector afectado por su propia crisis estructural y por los efectos de la falta de control a los acuerdos comerciales con países terceros, que están poniendo en jaque la supervivencia de este modelo productivo.
Las reivindicaciones planteadas al titular de Agricultura, Luis Planas en la citada protesta son:
-Una tarifa especial para la energía eléctrica empleada en la producción en finca, en las comunidades de regantes y en las centrales de manipulado. Solicitamos que la energía empleada para estas labores sea asimilada al gasóleo agrícola en cuanto a su tratamiento fiscal.
-Medidas fiscales para compensar el aumento de costes de producción de los alimentos.
-Un reconocimiento y concienciación de la importancia del sector. La hortifruticultura de nuestro país y sus valores medioambientales, sociales y económicos son desconocidos e ignorados por una gran parte de la sociedad y por la propia Administración General del Estado. Reclamamos nuestro papel como productores de alimentos sanos, seguros y respetuosos con el medio ambiente.
-Una revisión de los precios de entrada fijados con terceros países en los Acuerdos preferenciales, para ajustarlos al coste actual de las producciones europeas. Aunque es la Comisión quien actúa para toda la UE, resulta primordial que el Gobierno de España abandere la exigencia de que estos acuerdos sean revisados.
