Miles de agricultores y ganaderos de las CC.AA. de Andalucía y Comunidad Valenciana salieron este 25 de febrero a calles y carreteras con sus tractores y vehículos para protestar por la difícil situación del campo español ante el fuerte incremento de los costes de producción que no se trasladan a sus precios de venta, y de una próxima PAC a la que se oponen.
El campo vuelve a protestar y manifestarse en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León este 25-F
Asimismo, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) siguió con sus concentraciones y protestas en las distintas provincias y este viernes se manifestaron en Valladolid y Segovia, tras hacerlo en días pasados en Burgos y Zamora para continuar esta semana en el resto de provincias de la región (Ávila, Palencia, León, Salamanca).
En Sevilla, miles de agricultores y ganaderos (más de 15.000 según las organizaciones convocantes ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias -UPA no se unió a la concentración-), junto con dos centenares de tractores y bajo el lema «La agricultura y la ganadería, una cuestión de Estado», se movilizaron ante una PAC que consideran «muy lesiva» y «ruinosa» para sus intereses, y un Gobierno «inútil» que está siendo incapaz de solventar los problemas que afronta el sector agrario.
Así, el portavoz de ASAJA-Andalucía, Eduardo Martín, señaló que el objetivo de la movilización es «detener» los atropellos que está sufriendo un sector cansado ante la «peor sequía en 25 años, con unos costes no conocidos que nos asfixian, precios de ruina y un descontrol en la entrada de productos de terceros países».
Martín criticó que la PAC planteada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, hará «perder al sector agrario 500 millones de euros, mientras que la reforma laboral da la espalda al campo, al eliminar de un plumazo la eventualidad, que es intrínseca a la agricultura».
«Son cuatro ministros de este Gobierno que no paran de atacar al campo», denunció el portavoz de ASAJA, advirtiendo que «el sector llegará hasta donde haga falta y no parará hasta que se satisfagan sus demandas.»
En la misma línea, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, manifestó que el sector está viviendo la «tormenta perfecta», con una sequía que «amenaza cultivos y ganado, unos costes incontrolables, que se pueden agravar por la crisis en Ucrania y unos precios que amenazan con llevar al paro a 125.000 explotaciones».
López calificó al ministro Planas de «inútil» por la gestión de la PAC e instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a que «meta en la agenda de Presidencia los problemas que sufre el sector y que implique a otros Ministerios como «Economía, Hacienda, Medio Ambiente, Exteriores y Comercio».
Por último, el presidente de la Sectorial del Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego, denunció que el Gobierno «no está invirtiendo en el campo, al no haber agua, debido a la falta de infraestructuras».
Gallego criticó que se exijan «cuestiones medioambientales para poder acceder a las ayudas comunitarias, que haya productos de terceros países que llegan a España sin rigor y que la reforma laboral no tenga en cuenta la temporalidad intrínseca del trabajo en el campo.»
«Nuestro Gobierno está satisfecho con una PAC, porque viene el mismo dinero con el esfuerzo de los agricultores de Andalucía, pero de forma soterrada nos están engañando ya que trasladarán fondos de Andalucía a otras zonas por unos votos», recalcó el portavoz de Cooperativas.
Comunidad Valenciana
Por su parte, en la capital del Turia, decenas de tractores colapsaron el centro urbano, en una tractorada-manifestación convocada por todas las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, La UNIÓ de Llauradors i Ramaders, la Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)–, con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries y más de cien entidades de la sociedad civil y Ayuntamientos.
Según los convocantes, esta protesta reunió a más de 8.000 personas y 250 tractores en la ciudad de Valencia para reivindicar a todas las administraciones un paquete de medidas que garanticen una rentabilidad digna de las explotaciones agropecuarias.
Bajo el lema «SOS: per la supervivencia del campo valenciano», la protesta arrancó al amanecer con caravanas de tractores llegadas desde diversas comarcas que colapsaron algunas entradas y causaron largas retenciones de tráfico.
En la Plaza de San Agustín, los dirigentes agrarios denunciaron la balanza de la injusticia de los precios comparando cotizaciones que perciben por productos agrarios con el precio de artículos cotidianos: un citricultor cobra por un cajón de 18 kilos de naranjas Navelina lo mismo que cuesta un café, el precio que percibe un viticultor por 12 kilos de uva solo le da para pagar una hora de parking, para comprar una botella de champú un horticultor tiene que vender hasta 37 kilos de cebollas, un ganadero necesita vender 8 kilos de carne de cerdo para reunir el dinero que cuesta una entrada de cine, o un arrocero ha de vender 5 kilos de arroz para adquirir un refresco de cola.
El recorrido finalizó a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde se descargaron enormes montones de productos agrarios en crisis. Los encargados de pronunciar la lectura del manifiesto fueron los responsables de las principales organizaciones de consumidores: Vicente Inglada, secretario general de la Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana; Vicenta Alcácer, presidenta de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius; y Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), quienes subrayaron la alianza entre productores y consumidores.
Las reivindicaciones del sector agrario pasan por garantizar unos precios de los productos agrarios, que permitan la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en línea con lo que establece la Ley de la Cadena Alimentaria; el desarrollo normativo de todas las posibilidades de excepción en competencia que permite la PAC; una PAC más mediterránea y que contemple la idiosincrasia de los cultivos de regadío, así como de la necesidad de apoyo a los sectores de secano y de nuestro modelo ganadero sostenible; exigir cláusulas espejo en las producciones agrícolas y ganaderas que se importan de otros países terceros, de forma que existan las mismas condiciones de producción dentro y fuera de la Unión Europea para los alimentos que llegan a nuestros consumidores; y medidas extraordinarias para aliviar la escalada de costes de producción.
La tabla reivindicativa también incluye un nuevo sistema nacional de seguros agrarios adaptado a las necesidades de los agricultores y ganaderos, y no a los beneficios de las aseguradoras; implantar un seguro de costes/ingresos agrarios; puesta en marcha de un Plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis; implicación de todas las administraciones, tanto en recursos humanos como económicos, para afrontar las amenazas fito y zoosanitarias actuales, destacando el tratamiento en frío; potenciar la investigación agraria y apoyo a la innovación en explotaciones y empresas agroalimentarias, evitando la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.
Las organizaciones agrarias exigieron asimismo una compensación a los sectores ganaderos por los incrementos de costes derivados de las mayores exigencias ambientales y de aplicación de los respectivos Reales Decretos de ordenación sectorial; medidas dirigidas a lograr una convivencia entre el sector citrícola y apícola valenciano, simplificación de los trámites administrativos relativos a las instalaciones agrícolas y ganaderas; eliminar restricciones a la actividad arrocera dentro de los parques naturales; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; rebaja significativa del módulo del IRPF agrario; revisión del Código Penal y aumento de recursos para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario; Ley Emergencia por daños de fauna salvaje; y mantenimiento de los caudales para regadío del trasvase Tajo-Segura, análisis de los recursos hídricos e inversión en obras hidráulicas.
