El secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, señaló que continúa trabajando con las CC.AA. en la definición de los ecoesquemas para que “sean accesibles a todos los agricultores y ganaderos, y para que cada explotación tenga alguno a su disposición”.
Miranda: el objetivo es que los ecoesquemas sean accesibles a todos los agricultores y ganaderos
La intención es de que haya otra reunión técnica el próximo 28 de julio para entrar más en detalle sobre las prácticas sostenibles de los ecoesquemas y que este nuevo elemento de la “arquitectura medioambiental”, junto a la condicionalidad reforzada, las medidas agroambientales del segundo pilar de la PAC (Desarrollo Rural) y otras medidas o intervenciones de fuera de la PAC, incluidas en la Estrategia “De la granja a la mesa” del Pacto Verde Europea, esté bastante avanzado (“definido al máximo nivel de detalle”) en torno a mediados de septiembre para aprobarlo e incorporarlo al Plan Estratégico nacional (PE-PAC), para presentarlo a la Comisión Europea como propuesta en octubre, con carácter previo a su presentación formal como documento definitivo antes de final de año.
Miranda presidió este miércoles 21 de julio el Grupo de trabajo sobre ecoesquemas, que volvió a reunir a representantes de las CC.AA. para avanzar en este nuevo elemento del PE-PAC 2023-2027, que supondrá un 23% (25% con las medidas agroambientales) del presupuesto de pagos directos de la Política Agraria Común (PAC).
Por videoconferencia, MAPA y CC.AA. continuaron trabajando sobre la propuesta de ecoesquemas para desarrollar una serie de prácticas voluntarias, que contribuyan a preservar el medio ambiente, la biodiversidad y a luchar contra el cambio climático, en línea con el enfoque propuesto por el MAPA.
Según Miranda, “el objetivo es consensuar un diseño de ecoesquema, que se adapte a las características de nuestras explotaciones agrarias, que sea beneficioso para el medio ambiente y que, por su accesibilidad, pueda tener una alta acogida por parte de agricultores y ganaderos, tanto por el impacto que ello supondrá en el mantenimiento de las rentas de las explotaciones, como por su benefició ambiental”.
Asimismo, las CC.AA. tendrán la posibilidad de complementar la ayuda estatal de los ecoesquemas, bajando más al terreno específico de cada territorio, con las ayudas por aplicación de medidas agroambientales del segundo pilar (Desarrollo Rural).
De hecho, el MAPA propuso que todos los agricultores y ganaderos tengan acceso a los ecoesquemas, evitando que compitan entre ellos por cobrar dichas ayudas, ligadas a prácticas sostenibles con el medio ambiente. En otros términos, que cada tipo de explotación y superficie tenga a su disposición un eco-esquema desde el punto de vista del medio ambiente, el clima y la biodiversidad.
Así, para evitar que algunos agricultores se beneficien más que otros, que puedan tener mayores dificultades en aplicar ciertas prácticas sostenibles, no será posible acumular más de un eco-esquema sobre una misma hectárea, según su propuesta.
En ese contexto, MAPA y CC.AA. trabajan sobre dos tipos de eco-esquemas. Uno, basado en la agricultura de carbono para mejorar la calidad de los suelos y, otro, centrado en la agroecología, con el objetivo de preservar los recursos naturales (agua, tierra, aire).
Dentro de esas dos grandes categorías estarán incluidas prácticas a las que se sumarán otras adicionales de la agricultura de precisión para optimizar el uso de agua, de fitosanitarios y fertilizantes.
Prácticas subvencionables
Entre las prácticas subvencionables figuran, por ejemplo, el manejo sostenible de pastos, aplicable a la ganadería extensiva; la rotación y diversificación de cultivos, en el caso de los herbáceos; y el mantenimiento de las cubiertas vegetales “vivas” o “inertes” en cultivos permanentes, así como zonas no productivas, como superficies en barbecho, islas de vegetación y márgenes multifuncionales. Estas últimas buscan revertir la tendencia de la disminución de las aves en las zonas agrícolas y aumentar la presencia de insectos polinizadores.
Además, según Miranda, está previsto aplicar un criterio de degresividad, de tal manera que pueda reducirse la intensidad de la ayuda a partir de un tamaño medio de explicación y según la práctica de que se trate para que sirva de incentivo suficiente a las pequeñas explotaciones.
El alto cargo del MAPA señaló que, en todo caso, habrá que ir valorando los aspectos positivos y negativos de cada práctica y sus distintos parámetros, en un proceso de diálogo en paralelo con las CC.AA. y la propia Comisión Europea.
Asimismo, consideró plenamente justificado el interés de las CC.AA. por conocer el alcance concreto que van a tener los eco-esquemas, para que éstas puedan también diseñar sus propias medidas agroclimáticas y ambientales, más especificas y ajustadas a la especificidad regional, comarcal o local, del Segundo Pilar de la PAC (Desarrollo Rural), que serán complementarias a las del primer pilar (pagos directos).
La propuesta inicial de modelo de aplicación nacional de la nueva PAC contempla destinar cerca de 4.800 M€ en las distintas ayudas directas, de los cuales un 60 % son pagos básicos a la renta y el 25¨% ecoesquemas (unos 1.200 M€, de los que 1.100 millones (23%) serían dentro del primer pilar y 2% restante de fondos de medidas agroambientales del segundo pilar).
Miranda recordó que el documento definitivo del PE-PAC deberá remitirse a Bruselas antes de final de año. La Comisión Europea tendrá el primer semestre de 2022 para darle su aprobación, con el fin de que pueda entrar en vigor a principios de 2023.
Por eso, en el próximo año se llevará a cabo todo el desarrollo legislativo para la aplicación de la PAC en España, mediante reales decretos, órdenes autonómicas y la implementación tecnológica necesaria. Y también será el momento para difundir los eco-esquemas entre los agricultores y ganaderos “para ponérselo fácil y hacer que ganen confianza con la puesta en marcha de nuevas prácticas ambientales que irán cambiando paulatinamente el paisaje de nuestro país.”
