Catorce asociaciones del sector cárnico-ganadero piden a Planas que rechace el nuevo Reglamento Europeo de transporte de animales
14 organizaciones ganaderas, agroalimentarias y veterinarias (Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria) se han unido y han enviado un comunicado conjunto dirigido directamente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que desde España se rechace el nuevo Reglamento Europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1255/97 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo.
Estas organizaciones insisten en que el nuevo reglamento no tiene suficiente base científica y no asegura una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte respecto de la situación actual. Señalan en su comunicado que «la propuesta no ha sido lo suficientemente trabajada y que su impacto social, económico y medioambiental no ha sido adecuadamente estimado».
Asimismo, sostienen que la solución debe ser trabajar para mejorar la implementación del actual marco legislativo, el más exigente del mundo, lo que permitiría seguir aumentando el bienestar de los animales.
«Las exigentes medidas del nuevo reglamento arriesgarían la sostenibilidad económica de muchas áreas rurales en territorios más desfavorecidos y despoblados, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían los intereses de países que ocupan una posición privilegiada para el comercio de animales, mientras se condenaría a los países periféricos (y a los territorios insulares) a una grave desventaja competitiva, que soportarían costes desproporcionados».
Por todo esto, piden que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada, oponiéndose frontalmente a la misma, por «los graves daños que ocasionaría a la producción ganadera española, a la cadena de valor de los alimentos de origen animal, a los ciudadanos (sean productores o consumidores), a la economía y al desarrollo rural de nuestro país».
