La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) presentó este martes 19 de julio en la reunión de su Consejo Asesor el informe correspondiente al primer semestre del año 2022.
En el mismo se recoge por vez primera que el importe pagado por las sanciones por eslabón de la cadena alimentaria desde su creación en 2014 y que ascendería a fecha de 30 de junio hasta prácticamente los 11,8 millones de euros, como resultado de unas 3.149 sanciones impuestas desde entonces por incumplimiento de preceptos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentara, que ascendieron hasta esa fecha a más de 13,66 millones de euros. Es decir, se había abonado un 86,2% del importe total de las sanciones impuestas.
La distribución comercial minorista fue la que más abonó hasta entonces, con 7.686.175 euros (65,2% del total), seguido por la distribución comercial mayorista, con 2,18 M€ (18,5%); la industria alimentaria, con 1,86 M€ (15,8%) y, por último, el sector productor, con 64.367 € (0,55%).
Por otro lado, en el primer semestre del presente año, la AICA llevó a cabo 354 inspecciones de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena; recibió en este periodo nueve denuncias por presuntos incumplimientos e impuso un total de 95 sanciones.
El MAPA destaca que el 45 % de estas sanciones estuvieron motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago, infracción que se concreta en el sector mayorista y en el sector de la industria.
El secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, resaltó que la labor que realiza la Agencia garantiza unas relaciones comerciales equilibradas, justas y transparentes dentro del sector agroalimentario.
Desde su creación, en 2014, la AICA se consolidó como referente en las labores de inspección y control de la cadena alimentaria. Como resultado de los subprogramas de control, la Agencia inspeccionó en el primer semestre del año unas 697 relaciones comerciales, principalmente sobre frutas y hortalizas (283), cárnico (184), lácteo (183), miel (44), vino (2) y aceite de oliva (1).
Además, llevó a cabo 2.264 actuaciones, encaminadas a comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de la Cadena. En concreto, se realizaron 822 comprobaciones para confirmar la existencia de contratos y revisar su contenido en el sector de frutas y hortalizas (47 %); pollo vivo (43 %); leche cruda de vaca, oveja y cabra (5 %), y carne de vacuno (3 %). Y efectuó 1.442 sobre prácticas abusivas comerciales.
El mejor activo legal
En este sentido, Miranda aseguró que “la adecuada aplicación de la nueva Ley de la Cadena es el mejor activo para hacer frente a la situación que sufren los mercados agrarios tras la invasión de Ucrania, con el aumento de los precios de las materias primas, los combustibles e insumos. A esto hay que añadir las inclemencias climáticas y la situación de sequía que afectan a las cosechas y a la alimentación del ganado.
El secretario general de Agricultura puso también de manifiesto la necesidad de garantizar unas retribuciones dignas, que permitan mantener las explotaciones y su rentabilidad para asegurar la disponibilidad de alimentos en estas situaciones extremas, donde el control de las materias primas y alimentos se ha convertido en un arma potente, peligrosa y desestabilizadora.
En este contexto, añadió Miranda, es necesaria la unión, la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo compartido entre todos los operadores de la cadena para afrontar los retos y avanzar rápidamente en la efectividad de esta ley.
Como también es fundamental, incidió, la divulgación de esta ley para su implantación. “Hay que conseguir un cambio de cultura, que estimule la participación de todos en observar su adecuada aplicación y, en su caso, denunciar su incumplimiento, indicó Miranda.
En el primer semestre del año 2022, la AICA investigó 9 denuncias por presuntos incumplimientos a la Ley de la Cadena, de los cuales en frutas y hortalizas (4), lácteo (2), vitivinícola (1), aceite de oliva (1) y aceituna de mesa (1).
En términos globales, desde su entrada en funcionamiento en el año 2014, la AICA ha realizado 6.142 inspecciones, que motivaron la imposición de 3.149 sanciones por un montante de más de 13,6 millones de euros.
La mayor parte de estas sanciones recayó en el sector de la distribución comercial minorista, con casi 8,7 millones de euros.
Hasta la fecha de elaboración de este informe, como se señaló al principio, las entidades sancionadas han pagado el 86,2 % de los importes totales de las sanciones impuestas, unos 11,8 millones de euros.
Tras entrada en vigor de la modificación de la Ley de la Cadena, el pasado 16 de diciembre de 2021, el MAPA viene trabajando en el desarrollo de esta norma, habiéndose creado ya el Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución, en coordinación con las CC.AA., para garantizar la aplicación y el control de dicha ley en todos los territorios de nuestro país, de manera uniforme, lo que multiplica la actividad de inspección.
Además, están en tramitación los reales decretos por los que se desarrolla, por un lado, el registro de contratos alimentarios y, por otro, se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
La nueva ley ha establecido la obligación de crear un registro digital, en el que se deben inscribir los contratos alimentarios por valor superior a 1.000 euros, que se suscriban con los productores primarios y sus asociaciones, así como sus modificaciones, antes de la entrega del producto.
Informe de la actividad inspectora y de control de la AICA en el siguiente enlace:
https://www.aica.gob.es/Data/UPLOA/Informe_de_actividad_AICA_a_30_de_Junio_de_2022.pdf
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