La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) considera que “siete meses después de su entrada en vigor, la aplicación de la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria aprobada el pasado 2 de diciembre de 2021, ha tenido escasos efectos sobre el funcionamiento de este mercado y los productores agrarios ven cómo los precios en origen siguen cayendo, mientras que al consumidor se le dispara la cesta de la compra”, añadiendo que “la Ley de la cadena sigue sin funcionar y sin dar respuesta a los abusos comerciales.“
De acuerdo a los datos que maneja esta organización en Valencia, las primeras operaciones de compraventa de cítricos, que empiezan a formalizar agricultores y operadores comerciales de cara a la próxima campaña citrícola, establecen unos precios en origen que se sitúan hasta un 30% por debajo de los costes medios de producción, como ya había denunciado la pasada semana la regional AVA-ASAJA.
En el caso de la naranja Navelina, se ofrecen precios en torno a 0,21 €/kg , mientras que los gastos que supone el cultivo de este cítrico superan los 0,32 euros/kg, después de haber aumentado un 40% en dos años.
Esta situación, según ASAJA, se extiende también a buena parte de los productos perecederos y, de forma especial, afecta a prácticamente todas las frutas y hortalizas.
Así, añade, los productores de Murcia denuncian que sandías, lechugas o albaricoques triplican sus precios del campo al mercado y desde ASAJA en Alicante advierten igualmente de un desplome del consumo de fruta, debido a que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y el pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000%, cuando lo habitual es del 300%.
Como indica esta OPA, “este preocupante desplome del consumo ha sido confirmado incluso por la propia la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que señala que “uno de cada cinco consumidores admite haber dejado de comprar alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras”.
Para ASAJA, se pone de manifiesto en estos momentos y más que nunca los “tremendos desequilibrios de fuerzas que hay en la cadena de valor; los abusos comerciales existentes, y el nulo papel de los productores que, sobre todo en productos perecederos, no pueden repercutir la escalada de costes, porque el precio les viene impuesto.
En su opinión, esta Ley de la Cadena Agroalimentaria “debe ser urgentemente mejorada, con el fin de corregir estas deficiencias, que perjudican gravemente tanto a productores como a consumidores. Por ello, insiste esta organización agraria, es necesario contar con índices de precios referenciados, que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias.
Igualmente, se pide que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) realice más controles de oficio cuando se sospeche que se incumple la Ley. Al respecto, añade ASAJA, se ha conocido que casi el 70% de las denuncias que llegan a la AICA son finalmente sancionadas, “lo que indica que el abuso comercial sigue estando presente y que a la Ley le queda recorrido para cumplir con su objetivo, ya que la denuncia debería ser el último recurso y no algo sistemático.”
Por último, ASAJA afirma que vigilará con detalle lo que ocurra a partir de enero de 2023, cuando entre en funcionamiento el Registro electrónico de los Contratos Agroalimentarios, en el que se deberán quedar reflejados los contratos superiores a un importe de al menos 1.000 euros, que son prácticamente la mayoría, para ver si, a partir de ese momento, se hace más efectiva la Ley de la Cadena.
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