El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este jueves 21 de julio en el Palacio de La Moncloa con representantes de las cinco principales organizaciones ecologistas.
Los ecologistas piden a Sánchez más ambición y liderazgo frente a la crisis climática y social
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asistió también al encuentro con la directora ejecutiva de SEO/Birdlife (Sociedad Española de Ornitología), Asunción Ruiz; el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo; la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal; la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, y el coordinador general de Ecologistas en Acción, Luis Rico.
Durante la reunión se abordaron los retos de ambición climática que tiene España, en línea con el objetivo europeo de bajar las emisiones de CO2 un 55% en 2030, a lo que se suma el impulso del Plan de Recuperación, con un 40% de los fondos destinados a transición verde.
Asimismo, se destacaron los compromisos de biodiversidad, se analizó también la evolución de las Directivas comunitarias sobre eficiencia energética y energías renovables, y subrayó promoción de inversiones sostenibles en el Plan de 130 medidas de Reto Demográfico.
Por su parte, las organizaciones que participaron en la reunión reconocieron algunos de los avances que están teniendo lugar en esta materia, pero destacaron la importancia de un liderazgo contundente y claro, que tiene que tener este Gobierno a nivel internacional (en el Tratado Internacional de los Océanos, la minería submarina, la COP o la Convención de Diversidad Biológica), europeo (máxime ahora que se acerca la fecha para que España ocupe la presidencia europea) y nacional, con lo que queda por conseguir.
Medidas concretas
Por ello, trasladaron al Ejecutivo varias peticiones concretas que giran en torno a cuatro ejes:
1. Cambio climático y transición energética. Para respetar los límites ecológicos marcados por la ciencia frente a la emergencia climática, es imprescindible no perder el rumbo de la transición energética hacia un sistema 100 % renovable eficiente, inteligente y democrático, acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y evitar el peligro de la energía nuclear.
Se debe acelerar el despliegue de energía limpia y segura en todos los sectores, con garantías de no producir impactos negativos en la Naturaleza y de que el beneficio de las renovables llegue a todas las personas, especialmente a las más vulnerables y a quienes van a convivir con ellas en su proximidad.
Para ello es esencial la transparencia y la participación, de manera que la transición se haga junto a la ciudadanía, por lo que las organizaciones ecologistas han apuntado que es necesario el liderazgo del Gobierno en este terreno, que garantice el despegue definitivo de las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido.
Estas organizaciones conservacionistas comentaron al presidente del Gobierno que no debe invertirse dinero en infraestructuras fósiles que nos aten al cambio climático y a la inseguridad energética, ni que España se convierta en un “hub de gas” para el resto de la UE.
Las organizaciones se mostraron también muy preocupadas por el reciente anuncio de la UE de incluir en la taxonomía UE el gas y la energía nuclear como energías verdes. Y consideran que el Gobierno debería mantener el rechazo que ha tenido desde el primer momento y, en coherencia, promover una acción legal contra el acto delegado y promover que en España no se aplique.
Además, recordaron al Ejecutivo que lo que esperan de un Gobierno convencido de la urgencia del cambio climático es una acción firme y distinguida.
Por tanto, indicaron, España debe pasar del actual y exiguo objetivo de reducción de emisiones del 23 % a un 55 % en 2030 respecto a 1990, sin mayor demora.
Estos objetivos más ambiciosos exigen, según estas ONGs, una transformación profunda y urgente de los sectores con mayor responsabilidad en las emisiones, como son el energético, el del transporte y el alimentario.
2.Protección de la biodiversidad. A nivel internacional, tras posponerse en varias ocasiones reuniones de un importante calado en esta materia —como la CBD (Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica) que finalmente se llevará a cabo en diciembre en Montreal, o la última ronda de negociaciones sobre el Tratado Internacional de los Océanos, que tendrá lugar en agosto en Nueva York— la destrucción de la naturaleza continúa, no solo a nivel mundial, sino también en Europa.
Estas organizaciones señalan que, a día de hoy no se han cumplido ninguno de los objetivos de biodiversidad para 2020 acordados anteriormente.
Para las organizaciones ambientales, España debe liderar el desarrollo de la legislación europea en restauración de la Naturaleza e incrementar su posición de liderazgo en las negociaciones del marco global de diversidad en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad biológica.
A nivel estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF resaltaron la importancia de nuestro capital natural en este contexto y de invertir en protección de la naturaleza.
En medio de una preocupación extrema en España por los incendios, las organizaciones medioambientalistas señalaron la necesidad de impulsar la ganadería extensiva y cambiar el paradigma de la extinción a uno basado en la prevención y la gestión forestal.
Además, como medida concreta propusieron un PERTE de restauración ecológica, que invierta en la recuperación de nuestros ecosistemas y en la generación de empleo.
3.Desarrollo rural. Es primordial garantizar la calidad de vida y los servicios esenciales de la población rural, por una cuestión de justicia y para que pueda ejercer su papel clave en la emergencia ambiental, la protección de los ecosistemas y la producción de alimentos.
Por ello, hay que avanzar de forma urgente en el desarrollo de medidas estatales (bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, inversiones estatales en empleo y emprendimiento), que favorezcan el asentamiento de la población.
Las organizaciones ecologistas trataron también con el presidente Pedro Sánchez los retos del sistema agroalimentario y la urgencia de elevar su prioridad en la agenda, así como trabajar para establecer una soberanía y seguridad alimentaria.
Las soluciones pasan por una transformación que reduzca todos los insumos externos que hacen a este sistema enormemente vulnerable, así como el incremento de la superficie en producción ecológica. Todo ello integrado en la Naturaleza para hacer frente a las diversas crisis agrarias, climáticas y de biodiversidad.
Es necesaria una PAC (y PERTE) alineada con estos objetivos.
En este sentido, estas ONG proponen, en línea con la “European Network for Rural Development” (Red Europea de Desarrollo Rural), que se incorpore el “rural proofing” o filtro de Desarrollo Rural, además del filtro de afección a la biodiversidad en el despliegue de todas las leyes, tal y como se hace actualmente con el cambio climático o la mirada de género.
4. Justicia social. Estas cinco ONGs mostraron también su apoyo a aquellas medidas tomadas en el Real Decreto anti-crisis y las anunciadas en el Debate de la Nación, dirigidas a redistribuir la riqueza, favorecer y ayudar a quienes más les está afectando la inflación y tienen menos medios, y las que hacen que las empresas y la banca -que paradójicamente se está enriqueciendo con las crisis- también “arrimen el hombro” a través de impuestos.
En esta crisis son necesarias también medidas tendentes a hacernos menos dependientes de los combustibles fósiles.
Por eso, las organizaciones ecologistas aplaudieron las medidas dirigidas a favorecer el uso del transporte público y no las que fomentan el consumo de combustibles fósiles, como el descuento de 20 céntimos en el carburante que, además, no tiene en cuenta la progresividad al estar dirigido por igual a toda la población.
En cualquier caso, no hay que olvidar, añadieron, que para favorecer el ahorro energético, el uso del transporte público no es suficiente con que los bonos sean gratuitos, sino que hay que reforzar el servicio, mejorar frecuencias y hacer del tren un vector vertebrador de movilidad sostenible que llegue a todos los puntos de la geografía nacional, para lo cual, hay que revertir el cierre de líneas de trenes regionales que se están llevando a cabo.
Además de medidas puntuales para paliar los efectos de la inflación, las organizaciones ambientalistas resaltaron la importancia de establecer medidas estructurales para evitar que las crisis la paguen “las de siempre».
Por ello, reiteraron su petición de la puesta en marcha de una reforma fiscal, cuyos impuestos salgan de donde tienen que salir: de una fiscalidad justa y verde. Una fiscalidad que apoye al medio rural, donde pague más quien más tiene y quien más contamina, y que sirva para sufragar los servicios públicos y la protección social, que nos lleven a una verdadera transición ecológica, que garanticen derechos y vidas dignas de ser vividas para todas las personas.
