AICA sancionó con 10,2 M€ incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria en el último lustro

La AICA afinará su planificación a lo largo de este 2019 para actuar en momentos concretos de campaña de los sectores agrarios más vulnerables y en operadores con mayor riesgo.

AICA sancionó con 10,2 M€ incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria en el último lustro

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausuró el Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que coincidió con la celebración del  5º aniversario de este organismo.

Desde su creación, AICA se ha consolidado como un referente en las labores de control e inspección, actuando siempre con rigor y eficacia para lograr unas relaciones justas en el sector agroalimentario.

Durante el acto, Planas apuntó que AICA, que mantiene su presupuesto de 6,29 M€ para 2019, tiene previsto reforzar su planificación proactiva de las inspecciones, con el objetivo de luchar contra las prácticas comerciales abusivas y para que la remuneración que reciban los eslabones más débiles pueda verse mejorada.

Para ello, el sexto Plan de Control presentado en el Consejo es aún más ambicioso, ya que incluye un programa general de vigilancia, con una planificación de actuaciones a lo largo de 2019 en momentos concretos, como la campaña de producción de sectores más vulnerables o programas para operadores determinados que se han identificado con mayor riesgo para el cumplimiento de la ley de la cadena.

Logros de AICA

AICA se creó en 2014 en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria, una ley pionera que, según el MAPA, ha servido de inspiración tanto a la Unión Europea como a otros Estados miembros, como Francia. Desde su creación, esta Agencia supervisa las relaciones comerciales en el sector agroalimentario con el objetivo de evitar desequilibrios en la cadena de valor.

En su intervención, Planas hizo referencia a los logros alcanzados por la Agencia a lo largo de estos cinco años (2014-2018), destacando que en 2014 pasó de mantener una dedicación exclusiva al sector oleícola a alcanzar todos los sectores agroalimentarios de forma transversal.

Entre otros hitos, en 2016 AICA inició una actividad auditora, realizando el control oficial antes de la comercialización en aquellas figuras de calidad que lo habían solicitado, además de iniciar los expedientes sancionadores por denuncia de los Consejos Reguladores de las DOPs de ámbito supra-autonómico.

Asimismo, Planas puntualizó que AICA se ha convertido en un referente como fuente de información de mercados, ya que gestiona las aplicaciones que permiten a los operadores declarar la información de sus operaciones y producciones.

Como retos de futuro, Planas señaló la importancia de lograr una implantación plena de contratos en el sector agroalimentario.

Para ello, desde AICA se trabaja en una planificación de jornadas para difundir un mayor conocimiento de la ley y de la labor de la Agencia entre los agentes de la cadena alimentaria.

También será necesario realizar un trabajo de adaptación de AICA como Agencia Europea, como contempla la Directiva de prácticas comerciales desleales, recientemente acordada en la Unión Europea.

Resultados

Durante la celebración del Consejo Asesor, presidido por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se presentó un informe de resultados de los cinco años de actividad de la Agencia.

Desde 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2018, los inspectores de AICA han realizado 4.053 inspecciones, de las que destacan las 1.348 en el sector de frutas y hortalizas, 754 en el sector vitivinícola, 749 en el lácteo, 588 en el sector oleícola, 121 en los cereales, 119 en bovino, 100 en porcino y 98 en aves.

Por otro lado, en estos cinco años en AICA se recibieron 243 denuncias, entre ellas 103 en el sector lácteo, 56 en frutas y hortalizas, 33 en el sector oleícola, y 26 en el sector vitivinícola.

También se han recibido 68 comunicaciones que denunciaban posible “venta a pérdidas”. Denuncias que fueron trasladadas a las CC.AA. correspondientes, ya que son las autoridades competentes para sancionar en esta materia.

Las inspecciones concluyeron con casi 1.500 infracciones con sanción. Los sectores con mayor número de incumplimientos fueron el sector de frutas y hortalizas (559), el lácteo (295), el sector oleícola (183) y el vitivinícola (172).

En general, el motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los pagos de plazo (44%), seguido de la ausencia de contratos (16%) y no suministrar la información requerida (13,21%), no incluir todos los extremos en los contratos (8%), y el resto por cometer más de una infracción.

Asimismo, un 40% de las infracciones sancionadas son atribuidas a la industria agroalimentaria, el 31% a la distribución comercial mayorista, el 19% a la distribución comercial minorista y el 10% a los productores.

El importe total de las sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena asciende a 10,2 millones de euros, que se reparte por la cadena de la siguiente manera: 75% minoristas, 14.5% industria, 10.1% mayoristas y 0.4% productores.

En lo referente a los controles oficiales a las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (D.O.P./I.G.P.) de ámbito supraautonómico, y que han elegido a AICA como organismo de control y certificación (actualmente DOP Jamón de Jabugo, IGP Cordero Segureño, IGP Carne de Ávila, DOP Arroz de Calasparra e IGP Queso Los Beyos), se realizaron un total de 274 auditorías (161 a productores y 113 a operadores certificados).

Por otro lado AICA, que inicia e instruye el procedimiento sancionador en caso de incumplimientos a la Ley de DOPs e IGPs de ámbito territorial supra-autonómico ante las denuncias presentadas por los Consejos Reguladores, AICA abrió 188 expedientes sancionadores en estos 5 años.

En cuanto al control de las declaraciones en el sector oleícola, AICA realizó en este lustro 3.800 inspecciones, con la finalidad de comprobar la veracidad de los datos de las declaraciones. Desde 2018, ejerce su actividad de inspección en aquellas CC.AA. que han firmado un convenio de encomienda de gestión con el Ministerio y que actualmente son Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja y Madrid.

 

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