Asaja y COAG cifran en 300.000 € por instalación el sobrecoste por la adaptación de las granjas de porcino a las exigencias de bienestar animal

Las organizaciones profesionales agrarias, Asaja y COAG, han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)una prórroga de tres años adicionales, (hasta 9 de enero de 2028), para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas.

Esta prórroga permitiría:

Adaptación gradual y ordenada. Realizar una correcta adaptación a los nuevos requisitos sin una drástica caída de la producción. Se estima que la implementación del RD 159/2023 y los nuevos requisitos de densidad de espacio por animal supondrán una pérdida de entre 4 y 8 millones de cerdos cebados al año, dependiendo del método de cálculo de la superficie útil y la aceptación del redondeo por corral. La reducción de plazas oscila entre el 7,06% y el 16,34%.

Alineación con Normativa Europea. Esperar a los debates y posibles cambios en la Directiva 120/2008 para asegurar la coherencia con la normativa de la UE

Plan Coordinado de Implementación. Establecer un plan coordinado entre el Ministerio, Comunidades Autónomas y productores para una transición ordenada y efectiva.

Los cálculos realizados por el sector, en base a presupuestos reales, recogen un sobrecoste por encima de los 300.000 euros para adaptar las granjas a la reducción de densidades por m2 que, en el caso de querer ampliar la superficie de las misma para mantener el nivel de producción, superarían los 500.000 euros.

En relación a ello, COAG y Asaja han reclamado también al MAPA ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas servirían para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal.

Además, los ganaderos se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal.