La organización agraria ASAJA y la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) criticaron duramente la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobada por el Gobierno para este año, al no tener en cuenta las especificidades de un sector, como el agrario, con muchas dificultades para poder trasladar las subidas de todo tipo de costes a los precios de venta de sus productos en los mercados.
El director general de la organización agraria ASAJA, Juan José Álvarez, manifestó que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8 %, aprobada este martes 31 de enero por el Gobierno y los sindicatos de trabajadores UGT y CC.OO, y anunciado por el presidente Pedro Sánchez, “tendrá un efecto devastador en el sector agrario, puesto que se sumará al fuerte incremento de los costes de producción por la invasión rusa de Ucrania.
El director general de la organización agraria ASAJA, Juan José Álvarez, manifestó que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8 %, aprobada este martes 31 de enero por el Gobierno y los sindicatos de trabajadores UGT y CC.OO, y anunciado por el presidente Pedro Sánchez, “tendrá un efecto devastador en el sector agrario, puesto que se sumará al fuerte incremento de los costes de producción por la invasión rusa de Ucrania.
Este aumento del SMI, hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas, se produce después de que 2022 haya sido un año de inflación muy elevada, según declaró el responsable de ASAJA a la agencia EFEAgro.
Con esta subida, añadió Juanjo Álvarez, “el Gobierno perjudica de nuevo al campo español» y tendrá “un impacto negativo de los costes laborales y salariales, que se suma al incremento de cotizaciones por parte de los empresarios agrarios a la Seguridad Social».
Álvarez criticó, además, que “el aumento no implique reducciones o bonificaciones al sector agrario, que esta organización agraria, a través también de la Confederación de Empresarios de España (CEOE), a la que pertenece, las viene pidiendo desde que comenzó la escalada de subidas del SMI».
Desde 2017 hasta hoy, añadió el representante de ASAJA, “los empresarios agrarios han sufrido un incremento del SMI del 52,5 %,» sin que esa subida se haya podido repercutir, ni mucho menos, en los precios de venta de los productos agrarios en el mercado, que es uno de los aspectos pendientes de resolver por la Ley de la Cadena Alimentaria.
Para Álvarez, esta subida «presiona sobre la negociación colectiva (…), puesto que el Gobierno no está dejando libertad para negociar con los sindicatos. Y, además, es una nueva imposición del Gobierno al campo español, el sector más afectado por la situación que tenemos», según Álvarez.
Por último, el representante de ASAJA incidió en que el Ejecutivo, con la subida del SMI «acaba de poner la guinda» con la subida del SMI a la agricultura, después del impacto de la guerra de Ucrania y de la sequía.
Por su parte, la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), considera que a subida del SMI) anunciada no ha tenido en cuenta la realidad de los sectores más afectados, como el hortofrutícola, en el que la mano de obra supone hasta el 45% de los costes de producción.
Por ello, considera que la misma “dañará la sostenibilidad social y económica de las explotaciones de este sector, ante la imposibilidad de trasladar este incremento a los precios de venta y ante la fuerte competencia de países competidores extracomunitarios, con costes laborales por hora muy inferiores, como se refleja en los datos de comercio exterior, según los cuales la exportación de frutas y hortalizas frescas bajó un 10,5% en volumen, mientras que la importación creció un 7% hasta el mes de noviembre del pasado año.
La nueva subida del SMI para este año, unida al incremento de las cotizaciones sociales tendrá un impacto muy negativo sobre muchos cultivos y también sobre el empleo del propio sector, puesto que los aumentos acumulados desde 2017, y que supone ya con la de este año una subida del 52%, han provocado un alza de costes salariales.”
Todo ello, añade la patronal empresarial de este sector, “sumado al resto de costes de producción, hace que las empresas se enfrenten a una situación difícil de asumir para mantener su viabilidad económica, al no ser posible en muchos casos trasladarlos a los precios de venta.”
Ante esta situación, FEPEX prevé que “el sector productor exportador de frutas y hortalizas va a reducir sensiblemente la actividad productiva, dado que no existe margen para incorporar el incremento de costes derivados, entre otros, de los fertilizantes, los fitosanitarios, los envases y embalajes, el impuesto sobre el plástico, las semillas, la energía y el transporte, provocando una fuerte destrucción de empleo en los cultivos más intensivos en mano de obra.”
Por último, esta Federación señala que su “posición es favorable a mejorar los salarios de los trabajadores de forma gradual, pero vinculada a una reducción de las cotizaciones por contingencias comunes de la Seguridad Social.” como así trasladó la patronal de los empresarios, CEOE, a la que pertenece, en su momento.
Una reducción, añadió, que venga acompasada por una mejora de la productividad para que no provoque una drástica reducción de empleo, una desaparición de empresas y una fuerte pérdida de competitividad internacional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes 31 de enero en el Senado que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 8 % en 2023, hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reuniera con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, para sellar este acuerdo, con la ausencia de los responsable de los empresarios (CEOE y Cepyme), Antonio Garamendi.
En su intervención, Sánchez destacó que, desde que llegaron al Ejecutivo, el SMI subió en España un 36 %, pasando de 735 euros brutos al mes a 1.000 euros; lo que le convierte en el segundo país de la OCDE que más lo ha revalorizado.
«Las grandes empresas aumentan beneficios, pagan bonus millonarios a ejecutivos y no suben ni un céntimo los salarios (…) ¿por qué las ganancias van a parar a manos de unos pocos?», afirmó Sánchez.
Los sindicatos reclamaban una revalorización de hasta 1.100 euros, mientras que Díaz abogaba por la banda alta del informe del Comité de Expertos que planteó un alza para 2023 de entre el 4,6 % y el 8,2 %.
Por su parte, la CEOE explicó que ya trasladó al Ministerio en el mes de diciembre su planteamiento respecto al SMI, sin que haya recibido una respuesta. En el mismo, la patronal empresarial afirmó que este salario mínimo debería de subir el 4 %, hasta 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas (al final, han sido 1.080 € brutos en 14 pagas), pero supeditado también a que se estableciera un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y se modificara la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución
De hecho, el presidente de la CEO, Antonio Garamendi criticó la actitud del Gobierno en las negociaciones para subir el SMI, acusándole de “no querer tratar la situación del sector agrario, ni la de los contratos públicos que se verían afectados por el alza salarial.”
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