Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, han abierto una nueva afrenta polémica sobre al sector ganadero-cárnico español, tras asegurar en una entrevista en "The Guardian" que las granjas españolas de gran dimensión "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".
Avalancha de críticas ante la nueva afrenta de Garzón al sector ganadero-cárnico español
Esta fue la afirmación de las declaraciones al diario británico que más polvareda está levantando estos días entre el sector ganadero-cárnico, la clase política e incluso entre los internautas, que han aupado a este asunto a la lista de las principales tendencias en la red social Twitter durante estas últimas jornadas.
La entrevista al ministro se publicó en el diario británico el pasado 26 de diciembre, pero ha sido esta semana cuando se ha producido una avalancha de reacciones, tras avivarse la polémica, después de que fuera el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el que criticase también en Twitter este «nuevo ataque infringido a los ganaderos desde el Gobierno de España», invitando a Garzón a «rectificar o dimitir».
A este tuit, el ministro Garzón respondió asegurando que en la entrevista incidía en que «la ganadería extensiva, practicada en zonas como Asturias, parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura, sí es sostenible medioambientalmente.»
Eso, sin embargo, no logró ocultar el resto de declaraciones polémicas del ministro de Consumo a «The Guardian», sobre todo las que calificaban la «mala calidad» de la carne exportada o el «maltrato de los animales», así como otras gratuitas que carecían de todo fundamento lógico.
Este miércoles 5 de enero, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Educación, Pilar Alegría, salieron a la palestra también para quietar hierro a las declaraciones de Garzón afirmado que hablaba “a título personal”, a pesar de que en la entrevista del diario británico es presentado sin dar lugar a ningún equívoco como ministro de Consumo del Gobierno de España.
No obstante, señalaron que “para el Ejecutivo, el sector ganadero es prioritario, y no se entiende España sin él, puesto que no solo cumple con todas las directivas de la Unión Europea, sino que, además, produce carne de “altísima calidad”.
A última hora de ese mismo día, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ratificaba en sus críticas a la ganadería intensiva, considerando sus palabras en la entrevista como «impecables» y, desmitiendo a las responsables del Gobierno, al señalar que no fueron «a título personal», sino «por supuesto como titular de Consumo.»
En la entrevista en lacadena SER, Garzón restó, además, importancia a la falta de apoyo a sus postulados de la parte socialista del Gobierno, tras su polémica entrevista en el diario británico «The Guardian», en la que aseguró que las macro-granjas españolas «contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados».
Explicó que no había hablado del asunto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí con la vicepresidenta, segunda y compañera en Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Según su versión, Díaz no le trasladó que Sánchez esté molesto por sus palabras, tras el aluvión de críticas recibidas no solo desde el sector ganadero o el PP, sino también entre las propias filas del PSOE.
Para Garzón, es normal que existan distintas opiniones o discrepancias en un Gobierno de coalición y, en ese contexto, enmarca esa falta de respaldo público entre el resto de compañeros de gabinete.
En cualquier caso, considera que la polémica surge de una manipulación de sus palabras, de un «bulo por parte de la derecha», que ha generado una bola, a pesar de que se ratificó en su apuesta por la ganadería extensiva, en detrimento de la industrial que, insiste, contamina el suelo, las aguas y produce más gases de efecto invernadero.
Tampoco consideró que sus opiniones puedan afectar a la venta de carne española en el exterior porque es un problema que no solo afecta a España, sino a otros países de la Unión Europea (UE). A su juicio, esta carne no tiene la misma calidad que la producida en la ganadería extensiva y tradicional, con independencia del país de origen.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), consultadas por la agencia EFE precisaron que en España conviven modelos de ganadería intensiva y extensiva que, en ambos casos, siguen las estrictas normas de producción y bienestar animal de la Unión Europea”.
Además, recordaron que el MAPA está ultimando la actualización de la normativa de ordenación de los principales sectores ganaderos, como ya se ha hecho con porcino y avícola, y se hará próximamente con el sector vacuno (carne y leche).
Entre las reacciones políticas, el líder del PP, Pablo Casado, aprovechó Twitter para atacar al Ejecutivo en su conjunto, afirmando que es «inaceptable que el Gobierno vierta tales declaraciones en medios extranjeros», añadiendo que «se trata de otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país» y pidiendo «responsabilidades y una rectificación inmediata».
Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) fue algo más allá y presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso, con el objetivo de conseguir una reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Para Ciudadanos, «el ministro consigue en un sólo párrafo dañar irremediablemente la reputación internacional de la ganadería española, que depende en gran medida de la exportación de productos, cuya calidad es reconocida a nivel global».
Esta formación presentó también sendas solicitudes de comparecencia de Alberto Garzón y del ministro de Agricultura, Luis Planas, ante la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso para abordar este asunto.
Por su parte, el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también se apuntó a la polémica, señalando que «la ganadería es la que aún le faltaba al Gobierno por atacar, tras hacerlo con la industria del automóvil, la del azúcar, la de la hostería, la del turismo y la de la agricultura».
A su vez, la eurodiputada socialista, Clara Aguilera, aseguró que veía las declaraciones de Garzón «absolutamente inaceptables y reprobables», añadiendo que «habrá cosas que mejorar, pero que el esfuerzo y mejoras en nuestra ganadería es incuestionable».
Reacciones autonómicas
También se produjeron reacciones por parte de algunas CC.AA. Así, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, exigió la «inmediata dimisión de Garzón por sus «desgraciadas e insensatas declaraciones», que son una «agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible».
Lambán incidió en «el que las hace (tales declaraciones) no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia.
Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió el modelo de ganadería que se practica Asturias, «extensivo, sostenible y de calidad» y que «ha definido el entorno ambiental» de la Comunidad.
«Espero que (algunos diputados de la región), añadió Barbón, dediquen tiempo a conocer el modelo de ganadería asturiana. Solo así, dejarán de defender lo que les mandan desde Madrid, aunque sea perjudicial para los intereses de Asturias. Yo no tengo ninguna duda: Asturias, mi prioridad.»
Desde Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, pidió a Garzón que “rectifique y reconozca que la carne española es de primera calidad, porque «no se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior.”
Reacciones de la cadena ganadero-cárnica
Enlace a vídeo de la ganadera cántabra Marta García, de la Ganadería Val de Mazo:
https://es-es.facebook.com/1870952606514265/videos/289978139654937/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
Por su parte, el sector ganadero-cárnico reaccionó también con contundencia, pidiendo una inmediata rectificación o incluso pidiendo su dimisión, planteando incluso acciones legales.
Así, desde la organización agraria ASAJA (tanto la organización nacional, como las provinciales y autonómicas) se pidió al ministro de Consumo que deje el cargo por sus «continuos ataques al campo español, ante sus «inadmisibles declaraciones.»
En un comunicado, esta OPA señaló que estamos ante un «capítulo más de la actitud de sectarismo del ministro, no comprendiendo desde la Presidencia del Gobierno se puede mantener un Ministerio, como el de Consumo, que está continuamente atacando a un importante sector productivo de la economía española».
Por su parte, desde COAG, que defiende poner coto a las denominadas «macrogranjas», se exigió una rectificación pública del ministro o, de no haberla, que el presidente del Gobierno tome medidas (no hizo referencia a su dimisión).
Esta organización señaló que Garzón incurre en «una imprudencia máxima y grave irresponsabilidad en sus declaraciones», puesto que «asuntos de vital importancia y trascendencia para el sector ganadero, como son el futuro de la ganadería en España y el modelo de producción, el consumo de carne en una dieta sana y equilibrada, o el cambio climático deben realizarse con la máxima seriedad y rigor, y no criminalizando a la miles de familias del sector ganadero.»
Al respecto, COAG pidió al ministro que más que opinar, se comprometa dentro del Gobierno a que se abran las mesas necesarias para abordar estos temas y que antes, de opinar de un sector concreto, recoja datos suficientes y contrastados para que el mensaje que transmita no deje en evidencia su falta de conocimiento y sensibilidad hacia el colectivo ganadero.
Asimismo, la organización agraria UPA demandó la «rectificación o dimisión» de Garzón y que «abandone su campaña contra la ganadería española», puesto que» hay partes de la entrevista en «The Guardian» que recogen declaraciones «irresponsables y directamente falsas», porque en España «no hay animales maltratados».
Por su parte, la organización Unión de Uniones (UDU), demandó el cese del ministro Garzón, del que aseguró es “un mal ministro para el sector agrario y para la marca España y, además, empieza a parecer que tampoco es bueno para el Gobierno. Recalcó que las declaraciones del ministro son de una “torpeza inadmisible y un nuevo ataque injustificado al modelo productivo agropecuario español”, acumulando ya “repetidas muestras de ineptitud (implantación del etiquetado Nutri-score, consumo de azúcar o de carne…).
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España reclamaron también la dimisión del ministro por unas declaraciones que calificaron de “inaceptables”, considerando que es «injusto que el titular de Consumo señale al sector ganadero como principal causante del cambio climático”, y acusando a Garzón “de comportarse más como un activista, que como un miembro del Gobierno.”
A su vez, desde la asociación empresarial cárnica (Anafric), su presidente José Friguls, criticó duramente tales declaraciones y pidió a Garzón que rectifique públicamente o, de lo contrario, «se reserva el derecho a emprender acciones judiciales». Calificó de «infamia» tales declaraciones, que señaló son «una burla y un absoluto desconocimiento del sector».
Desde la patronal de los empresarios, CEOE, pidieron al Gobierno “acabar con los ataques al sector ganadero, después de unas palabras inaceptables, que dañan la economía y la reputación de un sector productivo que en 2020 superó los 20.200 M€, lo que equivale al 1 % del PIB nacional.
Los empresarios consideraron también desafortunadas las palabras de Garzón “en cuanto al impacto de esta actividad en el cambio climático, y recalcaron que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera la actividad rondan el 7,8 % del total nacional.
La CEOE resaltó, asimismo, “el esfuerzo del sector durante la pandemia y defendió que comercializa una carne de calidad (…) cuyo reconocimiento en el extranjero está en auge, con exportaciones que en 2020 superaron los 8.680 millones de euros.”
Por su parte, el Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, manifestó su rechazo a las declaraciones de Alberto Garzón sobre el sector ganadero, en las que pone en tela de juicio la calidad de la carne exportada desde nuestro país, así como el bienestar de estos animales durante su estancia en las granjas.
Según el Consejo, Garzón, “que parece desconocer enormemente un sector productivo, con manifestaciones carentes de fundamento, muestra una irresponsabilidad totalmente impropia de su cargo, lo que le inhabilita para seguir ejerciéndolo.”
La cadena ganadero-cárnica, en la que cada granja sea cual sea su tamaño tienen que cumplir las normas legales sobre bienestar animal, aporta más de 42.200 M€ a la economía y, de forma directa, indirecta o inducida, en torno a 2,5 millones de personas viven de esta actividad.
