La RFEC y Fundación Artemisan han elaborado un documento con el que pretenden desmontar la justificación del Gobierno para la Ley animalista y la reforma del Código Penal e informan de las consecuencias que tendría su aprobación para la caza, los animales y la sociedad en general.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y Fundación Artemisan han elaborado un documento que demuestra que la entrada en vigor de la Ley animalista y de la reforma del Código Penal, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, acabarían con la caza en España.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y Fundación Artemisan han elaborado un documento que demuestra que la entrada en vigor de la Ley animalista y de la reforma del Código Penal, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, acabarían con la caza en España.
El documento, elaborado por los Servicios Jurídicos de ambas entidades, detalla los artículos que proponen ambas normativas que suponen una amenaza directa para la viabilidad de la actividad cinegética y desmonta los argumentos utilizados por el Gobierno de PSOE y Podemos para tramitar ambos textos sin consenso y por procedimiento de urgencia.
«En este sentido, este tipo de tramitación limita la participación de la sociedad y de las entidades afectadas, precisamente cuando se trata de normativas que han recibido el rechazo de juristas, científicos, expertos, sectores afectados e incluso de las asociaciones ecologistas. Además, ambas entidades destacan que supone un uso torticero de un procedimiento reservado a asuntos que, por su entidad, merezcan este tratamiento diferenciado», destacan.
Para cazadores y esta Fundación, entre otras cuestiones, el documento desvela cómo la Ley de Derechos de los Animales -cuyo texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto- haría prácticamente inviable la supervivencia de las rehalas, la cetrería, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, o incluso la grabación de documentales de caza; y convertiría en maltrato muchas de las acciones cinegéticas que son propias de la actividad.
«Igualmente, recoge cómo el anteproyecto invade las competencias de otras administraciones al prohibir actividades como el silvestrismo o al regular el transporte de perros de rehala, que ya cuenta con una legislación específica procedente de otro Ministerio.
De la misma manera, el texto señala cómo la normativa hace inviable la práctica de modalidades como la perdiz con reclamo, cimbeles de paloma o aves acuáticas, creando una grave inseguridad jurídica, o cómo impide la cría de reposición y obliga a la esterilización sin argumentos técnicos o científicos que lo avalen.»
También hace hincapié, según los mismos, en que el anteproyecto convierte en especie protegida a los gatos de colonias, en contra de la opinión de toda la comunidad científica y de la propia Comisión Europea, que afirman que uno de los mayores problemas para la biodiversidad es el gato asilvestrado de las colonias felinas.
A todo ello se suma la creación de numerosos órganos, sistemas de registro, entidades y planes «que conllevarán un cuantioso aumento del gasto público sufragado por los contribuyentes en un momento de crisis generalizada en el que se están pidiendo esfuerzos a todos los ciudadanos.»
En lo referente a la reforma del Código Penal, ambas entidades coinciden en que contempla penas desproporcionadas y en que, al extender la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, pone en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran importancia para el mundo rural.
Desde RFEC y Fundación Artemisan esperan que el documento sirva para que los distintos partidos políticos, comunidades autónomas y los ciudadanos tengan información real de las consecuencias que tendría la aprobación esta normativa y se opongan a unos proyectos que no persiguen el bienestar de los animales, sino contentar a un sector animalista minoritario y radical.
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