COAG celebra la exclusión del lobo del Lespre: «en los últimos tres años los ataques de han aumentado un 40%» 

COAG celebra la exclusión del lobo del Lespre: «en los últimos tres años los ataques de han aumentado un 40%» 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su satisfacción por la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), aprobada en el Congreso de los Diputados. 

“Esta decisión responde a una de las principales reivindicaciones de COAG durante los intensos procesos de movilizaciones llevados a cabo durante los últimos años. La decisión tomada en 2022 por la exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se produjo con la oposición de todo el sector agrario y sin escuchar a los ganaderos, principales afectados por la medida”, ha lamentado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

Tanto es así, que en los últimos tres años los ataques de lobos a ganado han aumentado un 40%. Sólo en Castilla y León han sido 8.386 las veces que las granjas han sido asaltadas por lobos, mientras que el número de reses devoradas en el mismo periodo se ha elevado a 13.091. “Es necesario un control poblacional del lobo para que la compatibilización con la ganadería extensiva sea posible”, ha subrayado Padilla.

Asimismo, hoy se aprobado definitivamente el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio alimentario, normativa que busca prevenir y reducir el desperdicio de los alimentos por parte de todos los agentes de la cadena. Esta regulación es un avance relevante para abordar un problema tan grave como es el despilfarro de alimentos para nuestra sociedad desde el punto de vista social, ambiental y económico. Sin embargo, las medidas dispuestas se quedan cortas para conseguir un cambio profundo en el conjunto de la cadena y es necesario seguir trabajando para lograr una aplicación efectiva y una mayor ambición en la regulación al respecto.

Además, el pleno del Congreso ha aprobado la ley de representatividad agraria. La nueva norma recupera los contenidos de la ley de 2009, que tenía el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados y las organizaciones agrarias más representativas, situando en el centro a los agricultores y ganaderos profesionales, cotizantes del SETA y RETA. De esta manera, para medir la representatividad en el campo a nivel nacional se tendrán en cuenta los resultados de las elecciones agrarias celebradas en las Comunidades Autónomas, sumando la propia situación de las OPA en aquellas CCAA que no hayan celebrado procesos electorales.

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