La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha trasladado a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre (PP, PSOE, Ciudadanos, PODEMOS e IU) un documento de propuestas agrarias para que sean tenidas en cuenta en los respectivos programas de gobierno.
COAG pide la inclusión del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional en los programas electorales del 20D
Entre las medidas planteadas, destaca especialmente la renovación de la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. “Entendemos que se ha conseguido uno de los principales objetivos de la Ley 19/95, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta de los agricultores y ganaderos”, ha argumentado Miguel Blanco, secretario general de COAG. Es ahí, donde COAG entiende que deben incidir las nuevas políticas agrarias de Estado, a través del desarrollo de un Estatuto que incluya los siguientes elementos:
- Caracterización y priorización del modelo de agricultura social y profesional, a través de la evolución y actualización de la explotación prioritaria y el agricultor profesional.
- Caracterización y valoración de los “bienes públicos” que el modelo de agricultura social y profesional ofrece a la sociedad (medioambientales, territoriales, culturales, gastronómicos, patrimoniales,…).
- Promoción y mejora de la formación y la innovación en las explotaciones agrarias.
- Promoción de la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones agrarias.
- Reconocimiento del papel de la explotación agraria en el marco de la cadena alimentaria.
- Creación de la figura societaria adaptada a la explotación social y profesional.
- Acceso a la tierra.
- Beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones, incremento de dimensión, transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, instalación de nuevos agricultores, arrendamientos de tierras, inversiones en innovación, etc.
- Marco normativo y fiscal de las actividades complementarias a la actividad agraria.
- Regulación de la transformación y la venta directa por parte de las explotaciones agrarias.
En estos momentos, el sector agrario también está viviendo el inicio de un proceso que llevará a la introducción masiva de las nuevas tecnologías en la producción primaria (TICs, big data, posicionamiento,..). “Será la próxima revolución verde y cambiará de forma radical la forma en la que trabajamos y producimos. Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y ello nos preocupa en dos aspectos críticos: el relevo generacional y la formación del capital humano”, ha subrayado Blanco.
Incorporación de jóvenes. El creciente envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado. En ese sentido, desde COAG se estima necesario priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes en los nuevos Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen que aplicar las CC.AA, facilitar el acceso a la tierra, una Formación Profesional continua, adaptada y de calidad para los agricultores/as jóvenes, o el establecimiento de beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social, entre otras ventajas.
Además, se hace imprescindible emprender una serie de actuaciones para revertir la continuada y grave pérdida de renta de los agricultores y ganaderos en los últimos años (-16% en última década), especialmente en lo que concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza (+39% desde 2003) ha comprimido la rentabilidad del sector. En ese sentido, desde COAG se ha propuesto, entre otras, medidas de tipo fiscal, tales como el incremento del IVA compensatorio al sector ganadero equiparándolo a la agricultura. En relación a los costes de la factura eléctrica, la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario. En el caso de los regadíos es imprescindible adaptar un contrato de temporada que se adecúe a las características de esta actividad y sea realmente operativo para los regantes.
También se debe hacer especial hincapié en el Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de la figura de la Explotación Agraria Productora de Energías Renovables. Asimismo, es necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores.
Por su parte, el seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. En ese sentido, se reclama un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro.
Reequilibrio de la Cadena Alimentaria. Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena agroalimentaria. “La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles para los consumidores”, ha puntualizado el Secretario general de COAG. En ese sentido, desde COAG se proponen mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.
A nivel comunitario, es vital el establecimiento de un marco regulatorio de la cadena alimentaria obligatorio y único en Europa, reforzando la capacidad de negociación de los diferentes miembros de la cadena agroalimentaria, para lo cual es necesario disponer de la posibilidad de negociar, en el seno de las Organizaciones Interprofesionales, las condiciones de los contratos de los productos agrarios. En esta línea, es básica la búsqueda de equilibrio entre las normas de competencia, su aplicación por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario.
Rechazo al Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EEUU (TTIP). El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad. Al plantear un cambio del marco regulatorio europeo en aspectos tan sensibles como la seguridad alimentaria, las denominaciones de calidad o las normas medioambientales, los agricultores europeos lo entendemos inasumible.
