La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que el aluvión de normativas estatales y europeas, que se está produciendo en materia de bienestar animal, está provocando ya el desconcierto y la incertidumbre entre los ganaderos de porcino.
Para esta organización agraria, el “tsunami burocrático” que se cierne sobre este sector supondrá una reducción de ingresos del 11% para las granjas de porcino (pérdidas de 8.000 euros anuales en una granja tipo de 2.000 cerdos en modelo de integración).
Para esta organización agraria, el “tsunami burocrático” que se cierne sobre este sector supondrá una reducción de ingresos del 11% para las granjas de porcino (pérdidas de 8.000 euros anuales en una granja tipo de 2.000 cerdos en modelo de integración).
Por ello, se reclama un periodo transitorio superior a los dos años para que la normativa española y comunitaria no se solapen en el tiempo.
COAG señala que la aplicación estricta de las normas, junto con los propios esfuerzos de los ganaderos para ir más allá de los requisitos legales, ha dado lugar a que en España se tenga una de las normativas de bienestar animal más estrictas del mundo.
A nivel europeo, dentro del contexto de la Estrategia “De la granja a la mesa” se tomó la iniciativa de revisar la legislación en materia de bienestar animal al completo, previendo en concreto una actualización con nuevas exigencias para los animales en granja, en la regulación del transporte de los animales, así como en los procedimientos en el sacrificio y etiquetado.
A nivel nacional, por otro lado, entró en vigor la modificación del Real Decreto 1135/2002 que implica bien una reducción de la densidad de animales en las granjas de entre un 7 y un 12%, o bien tener que afrontar unas inversiones para una posible ampliación de las explotaciones ganaderas que, además de mayores gastos, conlleva también unos trámites burocráticos que, a juicio de COAG, son imposibles de afrontar con el periodo transitorio de dos años que se ha concedido.
Esta organización agraria indica que el Ministerio de Agricultura ha aprovechado la “oportunidad” que ofrece el Reglamento 2017/625 para abrir la puerta a que las autoridades competentes puedan tener en cuenta resultados de auditorías de empresas privadas para sus propios controles oficiales.
Para Jaume Bernis, responsable sectorial de COAG, esto supone “cargas administrativas desproporcionadas e irracionales, que no conllevarán mejoras reales en la aplicación de las normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal.”.
Por último, esta organización agraria considera que “todos los esfuerzos e inversiones que hagan los ganaderos para adaptarse a las exigencias de la normativa estatal pueden no servir para nada si en unos años llega otra actualización desde Europa.
“Las normas se solapan y, cuando todavía no se ha conseguido amortizar una inversión, ya tenemos que afrontar la siguiente”, añadió Bernis, al tiempo que propuso “una moratoria para cumplir con la normativa nacional, teniendo en cuenta que, desde Europa, nos va a llegar una actualización que nos obligará a nuevas inversiones y adaptaciones en nuestras granjas”.
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