Competencia desmantela tres cárteles de suministro de alimentos a colectividades
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) informó del desmantelamiento de tres cárteles que se repartían el suministro de alimentos a centros públicos y privados, como hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército.
La CNMC sancionó a siete distribuidoras de alimentos: Plataforma Femar, S. L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline), Asesores Llangon, S. L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S. L, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca) por participar en tres cárteles que durante años se repartieron los contratos públicos para suministrar alimentos a hospitales (algunos de ellos militares), residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército, como la Academia General Militar de Zaragoza, entre otros.
La CNMC inició una investigación y realizó inspecciones en las sedes de varias distribuidoras de alimentos en marzo y septiembre de 2022. En diciembre de ese año, incoó un procedimiento sancionador a varias empresas, que amplió en julio de 2023.
Competencia desmanteló tres cárteles dedicados a la distribución de alimentos a colectividades
El segundo cártel, formado por Femar y Leonesa de Patatas, S. L. (Leonesa), afectó a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). En concreto, a los contratos para varios centros penitenciarios desde enero a marzo de 2022.
El tercer cártel, formado por Femar, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca), afectó también a centros penitenciarios del TPFE desde febrero a marzo de 2022.
Competencia detectó una «bolsa conjunta de beneficios» y subcontrataciones entre las empresas
La bolsa funcionaba mediante una suerte de subcontrataciones entre las empresas. Estas estaban prohibidas en la mayoría de los pliegos o no se comunicaban al órgano de contratación. Eran un subterfugio para compensarse el reparto de los lotes y cumplir con un reparto de los beneficios al 50 %.
Las empresas también intercambiaron información comercial sensible sobre sus márgenes de beneficio en los contratos; los precios de oferta a un cliente privado; su zona de influencia para operar; las licitaciones a las que se iban a presentar e, incluso, la contraseña y el certificado digital para acceder a la plataforma de contratación.
El segundo cártel consistió en dos acuerdos de contratos menores en centros penitenciarios
En el primer acuerdo, cuando los órganos de contratación les invitaban a participar en el concurso, Femar acordó con Leonesa la presentación recíproca de ofertas de cobertura, repartiéndose los centros penitenciarios en función de su localización.
En el segundo acuerdo, Femar también acordó con Hnos. Vidal y Ateca, vinculadas al tener los mismos administradores, presentar ofertas de cobertura para repartirse los contratos.
Competencia ha impuesto multas por importe de casi 3,14 millones de euros a empresas y directivos
En total, las multas impuestas a las empresas ascienden a 3.137.500 euros por tres infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
- Plataforma Femar, S. L.: 2.041.000 euros por la primera infracción, 244.000 euros por la segunda infracción y 163.000 euros por la tercera infracción.
- Acacio, S. L.: 346.000 euros.
- Serviline Foods, S. L.: 170.000 euros.
- Asesores Llangon, S. L.: 3.500 euros.
- Leonesa de Patatas, S. L.: 45.000 euros.
- Frutícolas Ateca, S. L.: 65.000 euros.
- Hermanos Vidal, S. L.: 60.000 euros.
- D. Fernando Marín Hernández (Femar y Acacio): 29.200 euros por la primera infracción, 21.100 euros por la segunda infracción y 21.000 euros por la tercera infracción.
- D. Alberto Marín Hernández (Femar): 25.800 euros.
- D. José Antonio Cebollada Andrés (Serviline): 31.000 euros.
- D. Miguel Ángel Cebollada Andrés (Serviline): 20.000 euros.
- Dª. Nuria Llanos González (Llangon): 28.000 euros.
Este tipo de cárteles son particularmente dañinos porque impiden el acceso de las empresas al mercado, merman la competitividad y afectan al presupuesto público. La CNMC dispone de abundante documentación para orientar a las AAPP en sus procesos de contratación.
La CNMC agradece e invita a los órganos de contratación a que pongan en conocimiento de CNMC o de las autoridades de competencia autonómicas cualquier indicio de prácticas anticompetitivas en sus expedientes de contratación.
