Cristóbal Cano: “Ningún agricultor o ganadero sensato y razonable ignora la situación climática”

Olivarero jienense y licenciado en Ciencias Ambientales, Cristóbal Cano, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), sustituye a Lorenzo Ramos en una organización que considera “muy respetada y muy reconocida por su hoja de servicios”

Salió usted como secretario general en un congreso que todo el mundo califica como muy emotivo, ¿se iba el maestro Ramos?

Cuando se va alguien después de 21 años al frente de la organización y, además, de la forma en que se ha hecho, en positivo, con pleno consenso, unidad, fortaleza y el carisma que tiene Lorenzo, aflora esa emotividad. También estaba otro de mis maestros, FernandoMoraleda; yo lo percibí todo muy emotivo y así me lo han trasladado también otras personas.

Moraleda lanzó UPA y Ramos la ha consolidado. ¿Qué le gustaría hacer a usted?

No perder los pilares y principios de la organización, esa defensa de la agricultura y ganadería familiar. Evidentemente, saber adaptarnos a los nuevos tiempos y las cuestiones que van surgiendo en cada momento, pero con una visión a largo plazo para el modelo que sustenta el sistema agroalimentario de nuestro país, que sin duda es el de la agricultura familiar. Me he rodeado de ocho hombres y ocho mujeres en la comisión ejecutiva federal absolutamente comprometidos con este fin.

¿Un licenciado en ciencias ambientales es más ambientalista y más proclive a la transición agroecológica?

Independientemente de la formación que uno tenga, cualquier agricultor o ganadero que no obvie la realidad tiene que ser consciente de que tenemos una crisis climática evidente y palpable, el último año hemos tenido múltiples ejemplos. Adaptarnos a producir de una forma más sostenible ya no es una opción, es una obligación del sector si quiere sobrevivir. Quizá mi formación me ayude a tener esa sensibilidad, pero creo que ningún agricultor o ganadero sensato y razonable ignora esta situación.

Sin embargo, parece que el sector se alegra de que la visión de la agricultura y la ganadería que ha presentado la Comisión Europea difumine los objetivos del Pacto Verde o, al menos, el camino para alcanzarlos.

Nosotros no nos achantamos ante ningún desafío, lo que necesitamos es tiempo de adaptación, pedagogía, formación y recursos. Quizá hasta ahora la UE ha legislado de una manera alejada de la realidad del sector; eso, afortunadamente, ha cambiado, como hemos comprobado con la visión, y ahora hay más sintonía. Como digo, necesitamos tiempo, pedagogía y recursos, trabajar codo con codo con el sector, no a espaldas de este.

¿Confían en este nuevo perfil que muestra la Comisión?

En principio, sí, pero el movimiento se demuestra andando. Es verdad que no han tenido un estreno muy acertado con el tema de Mercosur y se ha precipitado su firma sin la participación de agricultores y ganaderos, pero confiamos en que esto no vuelva a repetirse y que esta música que ahora suena bien se concrete en medidas consensuadas con el sector. Sabemos que fuera de Europa hace mucho frío, pero Europa tiene que poner al sector en el lugar que se merece.

Mercosur, ¿sí o no?

La respuesta no es tan simple. Mercosur es una oportunidad comercial para el conjunto del sector, hablamos de llegar a una población de 300 millones de habitantes y hay sectores que pueden salir beneficiados, mientras que otros pueden salir perjudicados. Necesitamos entrar en detalle y saber qué fondos o nuevas vías comerciales puede haber para compensar a los perjudicados. Tenemos que ser copartícipes de los acuerdos comerciales para tener confianza en ellos.

¿La explotación familiar sigue siendo la pieza clave del sistema agrario?

Sin duda, sí, por muchas razones. La primera es que es el modelo mayoritario, aunque esté amenazado por otra forma de titularidad de explotaciones. Es el modelo que, cuando vienen mal dadas, resiste de una forma diferente a como lo hacen las grandes corporaciones, que cuando no les salen los números no dudan en recoger los aperos e irse a otro sitio. Frente a modelos que esquilman los recursos buscando el máximo rendimiento económico, el familiar los protege y genera una economía que redunda en el medio rural, cuando muchas corporaciones ni siquiera tributan en nuestro país. El familiar es el modelo que mejor garantiza la soberanía alimentaria y la gestión del territorio.

¿Qué medidas concretas esperan que contemple la ley de agricultura familiar que acaba de salir a consulta pública?

Deben ser medidas transversales para todo lo que tiene que ver con la Administración y su relación con el medio agrario. Desde una reorientación en las políticas de distribución de la PAC, con unos techos de ayuda más bajos, un pago redistributivo más alto y una cuantía mayor para ayudas asociadas a cultivos en crisis, a apuestas más decididas para incorporación de jóvenes y una nueva gobernanza del agua, que es un factor limitante. Hay que crear bancos públicos de agua y de tierra para favorecer esa incorporación y el papel activo de la mujer en el medio rural. Necesitamos todo un paquete de servicios mínimos para el medio rural que nos permita planificar nuestro proyecto de vida en igualdad de condiciones con el medio urbano… Y en el centro de todo, la explotación familiar, discriminada positivamente con respecto a otro tipo de explotaciones porque en una guerra de igual a igual, perdemos.

¿Cómo va el acuerdo con el ministerio?

Podemos asegurar sin ningún tipo de duda que la situación en el campo es mejor hoy que hace un año, pues se ha dado respuesta a la mayor parte de las reivindicaciones del sector. Hoy en día no es obligatorio el cuaderno digital ni las fotos georreferenciadas, los ecorregímenes están más adaptados a la forma de trabajar y son menos complejos de poner en marcha, hay un control más fuerte en frontera, más apoyo a los seguros agrarios y a los jóvenes… Lo único que no se ha podido cerrar es el refuerzo de la AICA, que no ha podido ser elevada a agencia estatal porque en el trámite parlamentario algunas fuerzas políticas se han opuesto, todavía no es tarde para reconducirlo. Estamos satisfechos y seguiremos así: presentes en la reivindicación, en la negociación y en la firma de acuerdos.

¿Qué es un precio justo?

Un precio que te permite cubrir los costes de producción, que sea razonable y te permita seguir con tu actividad, No podemos seguir con las grandísimas diferencias de precios que hay entre origen y destino y con que la industria y la distribución tengan el poder de establecer sus márgenes comerciales independientemente de que haya cosecha o no la haya o haya adversidades o no. Un poder sobredimensionado que no permite que el precio compense el esfuerzo que cada eslabón de la cadena pone para que esta siga funcionando.
Pero se puede poner mucho esfuerzo en explotaciones estructuralmente ineficientes. Cubrir eso igual es imposible para el mercado.
Ningún sector produce como hace 15, 20 o 30 años, no nos estamos quedando atrás, pero frente a la imposición de precios necesitamos protección.

¿Todas las explotaciones serían rentables sin esa imposición?

La inmensa mayoría, sí. En ningún sector bajar los costes de producción a toda costa ha sido un maná. En algunos, como el vacuno de leche, ya no se puede llegar a mayor grado de concentración y optimización, y si la industria te baja los precios, te ha estrangulado.

¿UPA sigue confiando en que la ley de la cadena es la solución?

Es una gran herramienta para desterrar la cultura de la venta a resultas, la falta de transparencia, de contratos… pero no podemos esperar que la solución venga de fuera, todos tenemos que hacer un esfuerzo, hay que modernizarse y seguir generando valor.