El ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó en nombre del Gobierno en la última semana de marzo a las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA una propuesta de negociación con 43 medidas, a las que tendrán que dar respuesta éstas en los próximos días. Además de las relacionadas con los ajustes y flexibilizaciones en las medidas de condicionalidad y de los ecorregímenes de la PAC y del Plan Estratégico nacional (PEPAC), puso sobre la mesa, entre otras, una serie de propuestas concretas sobre fiscalidad, financiación y de índole laboral.
En concreto, en y en lo relativo a los Impuestos Especiales, el Gobierno propuso el mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, con la devolución aplicable al mismo, dando continuidad al tipo reducido que se aplica a ese tipo de carburante en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).
En concreto, en y en lo relativo a los Impuestos Especiales, el Gobierno propuso el mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, con la devolución aplicable al mismo, dando continuidad al tipo reducido que se aplica a ese tipo de carburante en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).
Además, se va a promover el conocimiento de esta medida en el sector, dado el amplio margen de potenciales solicitantes que no hacen uso de las devoluciones de este impuesto especial.
Esta medida implica, según el Gobierno, un beneficio fiscal de 400 millones de euros anuales.
Respecto a los carburantes y combustibles de uso agrario, se planteó el mantenimiento de la deducción de un 35 % de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15 % de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva (módulos) del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta medida implica una reducción de la base imponible para el sector agrario de unos 575 millones de euros.
Asimismo, se propuso una adecuación del rendimiento neto (módulos) en el método de estimación objetiva IRPF en 2023. En concreto, se indicó que, considerando la situación coyuntural del Sector Agrario, se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.
Además, se adaptará el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por estimación objetiva del IRPF, revisando a estos efectos la consideración de los ingresos por compensación por IVA.
En el IRPF, como ya se conocía, quedarán eximidas las ayudas a los ecorregímenes de la PAC, con el compromiso de mantener la exención de estas ayudas de carácter voluntario durante el vigente periodo de programación PAC, es decir, al menos hasta 2027, incluido. Según el MAPA, esta medida implica una reducción de la base imponible del impuesto de unos 1.100 millones de euros, que es el montante que está previsto destinar a esta ayuda medioambiental en la actual PAC en cada ejercicio.
En materia de financiación, el Gobierno ha propuesto a las OPAs establecer una línea de crédito en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con la Sociedad Anónima Española de Caución Agraria (SAECA). Se trata de una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y de 7 millones para avales, con subvención del 15% del principal y de la totalidad del aval. Según el Gobierno, esto implica la posibilidad de movilizar unos 200 M€ en créditos, que se concederían por parte de las entidades financieras en exclusiva a jóvenes agricultores y para el relevo generacional.
Por otra parte, se propone instrumentar en 2024 una nueva línea de facilitación de acceso al crédito, que contaría con una aportación del MAPA de 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito para el sector de entre 100.000 y 2.000.000 euros, con un importe total estimado de préstamos a conceder de unos 500 millones de euros.
El Gobierno se propone también un incremento de la oferta de crédito, destinada a los jóvenes agricultores, en colaboración con las CC.AA. y, en este sentido, se trabajará con éstas para que todas ellas se adhieran al denominado Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), que coordina el Ministerio de Agricultura (Desarrollo Rural) para seguir mejorando las condiciones y ampliar su aplicación
En particular, se señala que, mediante este instrumento se ofrecen créditos ventajosos, particularmente a jóvenes agricultores, para que mejoren y modernicen sus explotaciones o a las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo también la financiación del 100% de las inversiones destinadas a la compra de tierras.
Asimismo, el Gobierno propone incrementar y armonizar a nivel del Estado del límite de ayudas “de mínimis” de 20.000 a 25.000 euros, en los términos que habilite el Reglamento (UE) 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a las ayudas de minimis en el sector agrícola.
Actualmente el límite en España es de 20.000 euros, por lo que se tramitará una norma reglamentaria en la que se incremente ese límite hasta los 25.000 euros.
En el terreno laboral, el Gobierno, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía social, ha puesto sobre la mesa de negociación implementar un modelo de historia clínico-laboral adaptado al sector agrario, que recoja los datos de historia laboral y exposición, para que pueda posteriormente ser transferido con la persona trabajadora con motivo del cambio de trabajo o de servicio de prevención.
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