Demandas de las organizaciones profesionales agrarias ante la cita electoral del 20-D
Demandas de las organizaciones agrarias ante la cita electoral del 20-D
Las tres organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias han hecho llegar sus demandas a los partidos políticos que concurren a la cita de las Elecciones Generales del próximo domingo 20 de diciembre.
Entre sus propuestas, destacan la necesidad de que el Gobierno se preocupe mucho más por el mercado agrario y agroalimentario y que los productos agrarios valgan lo que tienen que valer (Pedro Barato, presidente de ASAJA). Además, entre las peticiones concretas, están las de que se apruebe la creación de un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional y un Observatorio de Precios de los Insumos (Miguel Blanco, secretario general de COAG).
También se demanda que no haya un recorte de los servicios públicos básicos en el medio rural, en igualdad de condiciones que los habitantes del medio rural, o que se de más apoyo para los seguros agrarios, se introduzcan cambios en la planificación nacional de los recursos hídricos, se presenten iniciativas para reducir y mitigar la volatilidad de los costes de producción, el apoyo a la agricultura familiar…, etc. (Lorenzo Ramos, secretario general de UPA).
Asimismo, el impulso a la internacionalización es vital para el sector agroalimentario, ya que en muchos sectores producimos más que consumimos, y que se faciliten canales de transporte, logística o de reducción o desaparición de las trabas arancelarias. (Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias).
Otros temas comunes de importancia en sus propuestas son la mejora del funcionamiento de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria; un mayor impulso a la renovación generacional y la incorporación de jóvenes al sector; la mejora del acceso a la tierra; el apoyo a la innovación práctica; reformulación y reorientación de la actual PAC, etcétera
En sendas entrevistas a la agencia EFEAgro, las organizaciones profesionales agrarias destacaron sus principales propuestas para el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20-D. Así, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), su presidente, Pedro Barato, defiende que la prioridad del partido que forme Gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre tiene que ser el mercado.
Barato reclama también actuaciones para que no se produzcan abusos en la cadena alimentaria y que «las cosas valgan lo que tienen que valer». Y al respecto añadió como ejemplo que «en un país donde aceptamos que una botella de agua valga más que una botella de leche o de vino hay algo que no va bien», por lo que hace un llamamiento a que se adopten medidas orientadas a que el mercado agroalimentario -«que no solo es la exportación»- goce de la transparencia necesaria.
Además, el presidente de ASAJA reclama que se vele por la «competencia de verdad» en materia de cadena alimentaria, un ámbito en el que en esta legislatura se ha vivido «un antes y un después», tras la aprobación de la Ley de Mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria, que define como una «demanda histórica».
Otro elemento clave para el futuro del sector es, para Barato, la incorporación de jóvenes al sector agrario con el fin de abordar el necesario relevo generacional al frente de las explotaciones. «Es cierto que hay más vocaciones en el campo, que el campo se está viendo como un sector más, pero, añadió, no a la velocidad que quisiéramos».
Por eso, ASAJA demanda al próximo Gobierno una política de jóvenes «de verdad, que vaya más allá del titular, sin titubeos, ni tanto papel».
«Está habiendo una revolución en determinados campos agrícolas como los secanos, el almendro o los pistachos», según Barato, quien aboga por ofrecer a los jóvenes «una formación de verdad» y «pedirles cuentas a los cuatro o cinco años, pues todo el mundo tiene derecho a fracasar».
En materia de promoción, Barato solicita más compromiso del Comisionado de la Marca España para el sector agroalimentario, ya que ha desarrollado «muy pocas acciones y misiones para nuestro sector», según su criterio.
Estatuto Agrario
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, abogó por solicitar a los partidos que concurren a estas Elecciones Generales del 20-D un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional y un Observatorio de mercado de insumos y costes de producción
En la transmisión de sus propuestas prioritarias, Blanco demanda equilibrio de la cadena alimentaria (con una mejor difusión de la ley y una mayor coordinación con las Comunidades Autónomas), el incentivo a los seguros agrarios, el apoyo a la innovación, las políticas agrarias y de acceso a la tierra y los servicios para impulsar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo o las medidas de mercado.
En el caso del Estatuto, considera que es necesario modificar la Ley de modernización de las explotaciones agrarias: «Fue eficaz, pero ahora está desfasada, es de 1995, y hay que actualizarla por cuestiones de capitalización, financiación, fiscalidad, innovación, tecnologías, figuras societarias…», afirmó Miguel Blanco.
El Observatorio se enmarca en la necesidad de que la próxima legislatura aborde los costes de producción de los agricultores, ya que, según Blanco, la desregulación de los mercados ha generado «una gran volatilidad de precios» y para mantener las rentas «tenemos que atacar los costes» y revisar el sistema de «oligopolios eléctricos y energéticos, de fertilizantes, semillas y piensos…».
En ese sentido, COAG pide una reorientación de las medidas de mercado, pues, en su opinión, la PAC ha ido «hacia una desregulación y liberalización a ultranza» y «queremos recuperar el principio de preferencia comunitaria con criterios nuevos; con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad y trazabilidad europeos como básicos».
Al respecto, desde la organización plantean «sistemas de intervención» que favorezcan los precios a los agricultores por encima de costes, creación de stocks estratégicos, y que se ponga en cuestión acuerdos bilaterales como el TTIP con Estados Unidos, ante el que sitúan «como líneas rojas» la seguridad y la calidad, así como la defensa del modelo de producción y alimentación europeos.
En ese punto, Blanco insiste en plantear que tanto en España, como la Unión Europea haya una adaptación de las normas de Competencia al sector agrario y alimentario, «avanzar en la excepcionalidad, desde la racionalidad», pues «no tiene sentido que en un mercado único haya normas regulatorias según los países».
Recuerda, por otra parte, que la próxima legislatura coincide en el tiempo con la próxima programación de la PAC -y su posible reforma intermedia- y reclama como puntos fundamentales la simplificación y las políticas de Estado y comunitarias para que las ayudas «vayan a los profesionales que sean activos: los que viven principalmente de la actividad agraria».
En su opinión, que las solicitudes en 2015 «hayan sido de 840.000, solo un -2,5 %, quiere decir que la orientación hacia los agricultores activos ha sido un fracaso».
Para el segundo pilar de la PAC (Desarrollo Rural), demandan que se retome la cofinanciación al 50 % «porque son políticas estratégicas, sobre todo en incorporación de jóvenes (solo hay un 3,5 % de perceptores menores de 35 años) y mujeres, y en innovación, modernización de regadíos y para la sostenibilidad».
COAG reclama también para la próxima legislatura que el Acuerdo Lácteo trascienda esta legislatura y se revise en la siguiente y se atienda a sectores fundamentales como el olivar, las frutas y hortalizas o el porcino.
Servicios públicos rurales
Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, demanda a los partidos políticos compromisos para «no seguir haciendo recortes» en los servicios públicos que se prestan en el medio rural.
Ramos incide en sus declaraciones a la agencia EFEAgro, en que los habitantes del entorno rural tienen «el mismo derecho» que los residentes en las ciudades al acceso a servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad.
Entre sus demandas a la clase política se incluyen también más apoyo para los seguros agrarios, cambios en la planificación nacional de los recursos hídricos, iniciativas para reducir y mitigar la volatilidad de los costes de producción, el fomento del cooperativismo y el apoyo a la agricultura familiar, entre otros asuntos.
En política de seguros agrarios, Ramos propone «volver a la situación anterior a la crisis», con un mayor apoyo de las Administraciones a la contratación, ya que «actualmente están cayendo» y, además, apuesta por la creación de nuevos seguros que cubran no solo las inclemencias meteorológicas, sino también situaciones de crisis «como las creadas con el veto ruso» o la vivida por «el sector lácteo».
Sobre costes de producción, resalta la necesidad de que tanto desde la Unión Europea (UE) como desde el futuro Gobierno se actúe sobre la «excesiva concentración» de la oferta que hay a la hora de adquirir ‘inputs’ como el gasóleo, la maquinaria agrícola o los fertilizantes. «Pedimos, y el comisario comunitario de agricultura, Phil Hogan, ha hablado de esto, que se empiece a abordar este asunto a nivel europeo», asegura.
Para apoyar la incorporación de los jóvenes al campo, desde UPA se reclama que las administraciones aporten un «presupuesto suficiente» y admite no importarle «que se quite más dinero de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) y se destine a ello».
En fiscalidad, plantea que se siga avanzando en condiciones ventajosas para los emprendedores, tanto para los que tributan por módulos, «que son la inmensa mayoría», como para los que lo hacen por estimación directa.
También defiende que la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se divida en dos durante la próxima legislatura: por un lado, un Departamento propio para «Agricultura, Pesca y Alimentación» y otro para Medio Ambiente. A juicio de Ramos, estas áreas tienen «peso suficiente» para contar con dos ministerios separados.
Primar la exportación
Por último, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, aseguró que un gobierno «que esté cercano al sector agroalimentario debería primar en la medida de lo posible» la internacionalización del sector y facilitar canales de transporte, logística o aranceles.
En declaraciones a EFEAgro, Villafranca puso el acento en las exportaciones, porque España «produce más de lo que consume», por lo que «hay que mirar a los mercados internacionales».
En este sentido, demanda al futuro Ejecutivo que allane el camino a la internacionalización y evite «barreras para el transporte», al facilitar documentos para las transacciones económicas y potenciar acuerdos con países de destino, entre otros aspectos.
En cuanto al sector lácteo, el presidente de Cooperativas reclama al futuro Gobierno que trabaje con este sector en una misma dirección, para afrontar sus adversidades y que en la nueva legislatura se cumpla lo pactado en el acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo, documento rubricado en septiembre.
Por otro lado, Villafranca considera que «sería impensable» la derogación de la Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, en el caso de que se conforme un Gobierno de izquierdas tras los comicios. «Creo que nadie echará para atrás esa ley, porque la haya hecho el PP.
El presidente de Cooperativas subrayó también la necesidad de redimensionar las entidades asociativas españolas para una mayor concentración de la oferta, un aspecto «prioritario» que ya hemos trasladado a los partidos políticos”.
En cuanto a la incorporación de jóvenes al campo, plantea que las líneas de ayuda establecidas «no son aún las adecuadas» y solicita que se implementen más.
Entre las demandas incluye, asimismo, facilitar la tramitación de contratos de arrendamiento y de aparcería «que sean dinámicos», ya que, si no, se «frena muchas veces» la incorporación de la población joven.
En materia de agua, Villafranca pidió que «no se haga política» con este asunto, porque «es un bien de primera necesidad», añadiendo que “no ve entendible que España, a día de hoy, «no tenga un acuerdo nacional» sobre su uso.
Desde Cooperativas también proponen un mayor desarrollo de los programas de I+D+i para la consecución de nuevos productos y nuevas formas de cultivo más respetuosas con el medio ambiente o el ahorro de agua.
Sobre el discurso y la agenda política de los partidos políticos, Villafranca «echa en falta» que «no hablen del sector agroalimentario», aunque hay «otros muchos sectores que no tocan, en principio», porque a su juicio «viven únicamente del titular».
