La Orden HFP/413/2022, publicada en el BOE del 11 de mayo, por la que se reducen para agricultores y ganaderos los Índices de Rendimiento Neto (IRN) o módulos para el periodo impositivo 2021 en el sistema de Estimación Objetiva del Impuesto sobre la Renta (IRPF) fue acogido con disparidad de opiniones por parte de algunas organizaciones agrarias.
No obstante, aunque las OPAs echaron en falta la inclusión de algunas producciones agrarias (hortícolas, patata, aceituna de mesa…etc.) afectadas por adversidades climáticas excepcionales o por el incremento de los costes de producción, por lo general se valoró la importante minoración del impacto fiscal de dichos índices, tras recabar los informes de las CC.AA. y las valoraciones del propio sector agrario.
Sin embargo, la citada Orden ministerial no contempla ni las bonificaciones fiscales de la factura del gasóleo B o agrícola, los plásticos y los fertilizantes, que fue anunciada a finales del año pasado como medidas para paliar la fuerte subida de los costes de producción, ni la doble tarifa para discriminar el uso de la potencia eléctrica en el regadío en distintas épocas del año.
Más en concreto, en la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 16/2021, de 14 diciembre de 2021), aprobada en diciembre del pasado año (BOE del 15 de diciembre), se indicaba claramente (Disposición Adicional Primera. Contratación de potencia eléctrica) que “el Gobierno posibilitará (…) la bonificación de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 121/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.”
Además, en la misma Disposición se señalaba que” el Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego”, una medida que ya se había anunciado en otras ocasiones, pero aún sin plasmación práctica, a pesar de tratarse de un compromiso adquirido en 2018 (Ley de Sequía) por el Gobierno e incluido también como mandato en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Aunque son muchos menos que los que declaran por módulos, en la Orden de Hacienda tampoco se adoptaron rebajas fiscales para aquellos agricultores y ganaderos que están acogidos al método o sistema de Estimación directa del IRPF.