El Congreso de los Diputados vota por mayoría eliminar la prohibición de la quema de residuos vegetales en el campo
La organizaciones agrarias mostraron su satisfacción por la votación en el Congreso de los Diputados que apoya eliminar la prohibición de la quema de residuos vegetales en el campo, dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC), lo que permitirá a los agricultores, añade, seguir gestionando los restos vegetales de su explotación.
Para la organización agraria ARAG-ASAJA es de “sentido común” que se restablezcan estos permisos para facilitar las tareas a los agricultores y ganaderos y, sobre todo, porque la nueva normativa, por un lado, incrementaba los costes, al tener que trasladarlos a un lugar autorizado, por otro, por la contaminación de los vehículos que transporten los residuos, así como por el riesgo de incendios y la propagación de enfermedades y de plagas que la “no quema” podría conllevar.
Durante las últimas semanas, la organización agraria en La Rioja y en otras regiones, han venido denunciando esta prohibición de la Ley 7/2022, de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, e impulsado a los grupos parlamentarios a que la derogasen, dada la “preocupación e incertidumbre” que generaba su puesta en marcha entre los agricultores riojanos que, en breve, van a comenzar la campaña de poda y el arranque de viñedo y de otros cultivos leñosos.
La nueva ley establecía la prohibición de la quema de restos vegetales generados en el entorno agrario y que, únicamente, podría permitirse la quema de estos restos con carácter excepcional, siempre y cuando contasen con la correspondiente autorización individualizada que permitiese dicha quema, o bien por razones de carácter fitosanitario que no fuese posible abordar con otro tipo de tratamiento.
La votación contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, señala ARAG-ASAJA, excepto del grupo PSOE y de Unidas Podemos.
Para esta organización agraria, la decisión parlamentaria debería suponer una “vuelta a la normalidad” y a lo que debe ser ‘razonable’ dentro del campo, más aún teniendo en cuenta el momento tan complicado por la que atraviesa el sector primario.
Enmienda en el proyecto de ley de gestión de la PAC 2023
Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) indicó que ha conseguido que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados aprobaran este 5 de octubre la modificación de la Ley citada que prohíbe de forma general la quema de restos vegetales.
A propuesta de esta organización agraria, el PDCAT introdujo la enmienda que elimina el artículo 27.3 de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para la economía circular en la ley por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) y otras medidas conexas en trámite de ponencia en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados.
Así, esta enmienda fue aprobada sin la oposición de ningún grupo parlamentario quedando eliminada la normativa aprobada hace seis meses que no permite realizar quemas agrícolas de forma generalizada.
Unión de Uniones señala que puso de manifiesto su desacuerdo desde el momento en el que se publicó la Ley de residuos estatal y alertó a los grupos políticos en el Congreso, proponiéndoles la derogación del citado artículo en el plazo de presentación de enmiendas, que finalizó a finales de agosto, en el primer proyecto de ley de gestión de la PAC, a fin de no dilatar su aprobación.
Para esta organización agraria, “la prohibición de quemas agrícolas comportaba costes económicos en todas las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y costes ambientales, ya que habría que haber trasladado incontables toneladas de restos vegetales a centros de tratamiento o bien comprar o alquilar maquinaria para triturarlos, lo que, además del sobrecoste para el campo, habría provocado una mayor emisión de dióxido de carbono (CO2).
Unión de Uniones, además, señala que con esta prohibición la Administración iba más allá de lo previsto en las directivas de la Unión Europea de residuos y la relativa a la reducción de las emisiones, que no establecen la obligación de la prohibición con carácter general y, al contrario, obligan a velar por que se tenga en cuenta el impacto en las pequeñas explotaciones agrarias.
Dejar sin efecto el articulado de la ley sobre quemas agrícolas
Por su parte, ASAJA Castilla-La Mancha solicita a la Administración que, mientras se consolida la derogación de la prohibición de quema de los restos agrícolas, aprobada en el Congreso de los Diputados, deje sin efecto la normativa que lo establece, concretamente, el artículo que 27.3 de la citada ley, de manera que los agricultores puedan proceder a sus labores ante la inminente campaña de poda y siembra en la región y evitar así cualquier tipo de sanción.
Esta organización agraria demanda, al respecto, a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad alternativas urgentes, dado que los agricultores se encuentran preparando las tierras para la siembra de los cultivos.
En este sentido, ASAJA recuerda que los productores tienen amontonados restos de especies invasoras o montones de paja afectada por hongos y otros restos, que necesitan quemar inmediatamente para proceder a arar las tierras y sembrarlas, así como los restos de los leñosos que ya han terminado de cosechar.
Y señala que “las labores agrícolas no pueden esperar a que los parlamentarios tramiten la normativa, pues las fechas de siembra deben depender únicamente del tiempo y de las condiciones climáticas si se quiere obtener cosecha el año siguiente.”
Además, añade esta organización agraria regional, la quema de restos vegetales es una medida sanitaria para los cultivos y que la incorporación de cenizas al suelo agrega nutrientes al mismo.
En cuanto a la opción de triturar los restos, ASAJA señala que hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, es inviable la accesibilidad de maquinaria por las pendientes de las parcelas y, con la crisis de costes actuales, los productores no pueden asumir nuevas inversiones.
Lo que dice la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estable en su artículo 27.3 que “con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o en entornos silvícolas”.
Con anterioridad a la promulgación de esta Ley, añade esta OPA, los agricultores trabajaban según la normativa de la Condicionalidad, de base jurídica europea y que no ha sufrido ninguna modificación, comunicando a la autoridad competente, las parcelas donde se iban a quemar restos agrícolas.
Finalmente, el miércoles 5 de octubre se aprobó por mayoría la eliminación de todo el punto 3 del artículo 27. Dicho apartado es el que, según explicó ASAJA-CLM, debe dejarse sin efecto de facto, pues su entrada en vigor a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), puede tardar aún varias semanas, retrasando así injustamente el trabajo de los agricultores.
El Miterd desconoce la realidad del campo español
Por su parte, desde ASAJA-Sevilla se señaló que una enmienda transaccional, votada por mayoría en el Congreso de los Diputados, ha suprimido el apartado que prohibía la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario y silvícola.
El artículo de la Ley que ahora se reforma, señala esta organización, “redactado sin debate previo, sin el asesoramiento de expertos y contra toda lógica agronómica y medioambiental, ponía contra las cuerdas al mundo rural en toda España, pues la quema controlada es -cuando no el único- el mejor método para incorporar al suelo los residuos agrícolas y forestales generados tras las recolecciones y las podas.”
Según la organización agraria andaluza, “conforme han ido avanzando las cosechas y las recolecciones y se atisbaba el inicio de las campañas de poda en los cultivos arbóreos (frutales, cítricos, olivos, almendros, vides…) y en los espacios forestales, por todo el territorio rural español iba incrementándose la estupefacción y, en paralelo, la indignación con la nueva Ley de Residuos y Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica (Miterd) que, en esta ocasión y haciendo gala de su conocido despotismo, prohibió la quema de residuos vegetales, pretendiendo tener más autoridad que la propia Naturaleza, que en su sabiduría ha recurrido siempre al fuego para el control de los restos y su incorporación al medioambiente.”
Dicha ley, que prohibía la quema de los residuos vegetales en el entorno agrario o silvícola –salvo excepciones muy concretas, complejas e individualizadas- generó, según ASAJA, mucha preocupación e indignación entre los agricultores y ganaderos, que no entendían cómo se podía prohibir con carácter general la quema de restos vegetales, cuando es una práctica que está perfectamente regulada desde hace muchos años. “
Se trata, añade esta organización agraria, de “un método que permite prevenir los incendios forestales, beneficia la fertilización del suelo, evita la proliferación de enfermedades y riesgos fitosanitarios (constituye una medida sanitaria de primer nivel) y además, en la mayoría de las ocasiones, carece de una alternativa viable.”
Según ASAJA-Sevilla, “la eliminación de este apartado se deberá incorporar en la nueva Ley de gestión de la PAC, que está pendiente aún de aprobación.” Por tanto, hasta que no se apruebe esta nueva Ley (previsiblemente en unos dos meses) permanece vigente la prohibición de quemas agrícolas. Será en el momento que se apruebe y se publique en el BOE cuando quedará anulada esta prohibición.
