El Congreso de los Diputados tramitará como proyecto de ley por procedimiento de urgencia el Real Decreto 4/202, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo, con medidas urgentes de apoyo al sector agrario a causa de la sequía.
Esta tramitación da a los grupos parlamentarios un plazo más abreviado del normal para que puedan aportar enmiendas al texto, como pedía gran parte del sector agrario. Contó con el voto a favor de 337 diputados, seis abstenciones y un voto en contra.
Previamente, se sometió a votación la convalidación del RD citado, que había salido adelante con 319 votos favorables, 24 abstenciones y un voto en contra.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, repasó las principales medidas aprobada en el RD ante el Pleno de la Cámara Baja, asegurando que se trata de un “buen paquete de medidas”, con un impacto de 450 M€, como “respuesta puntual” a la actual situación de sequía.
Además, añadió que el texto “debe verse y leerse” también en el contexto del Plan contra la guerra aprobado el pasado 29 de marzo por el Gobierno y que también incluye medidas específicas y horizontales para el campo.
En su día, las principales organizaciones agrarias valoraron las medidas contenidas en el texto, pero también las consideraron bastante insuficientes, solicitando ir más allá mediante la concesión de ayudas directas, en vez de financiación para endeudarse más; en exonerar de cuotas a la Seguridad Social, en vez de aplazar su pago, o en condonaciones parciales de los cánones de los regantes de las cuencas del Guadiana y Guadalquivir, en vez de ser totales porque en muchos casos no van a poder regar o sus dotaciones van a ser muy inferiores a sus necesidades reales al no existir reservas suficientes.
Además, demandaron aprovechar esta normativa para acelerar la realización de infraestructuras hidráulicas de carácter general y para regadío, que están pendientes de llevarse a cabo desde hace bastantes años, así como un precio más económico para el agua desalada, al considerar que el propuesto es aún más elevado para poder rentabilizar los cultivos de regadío.
También volvieron a insistir en que, de una vez por todas, se apruebe con carácter definitivo de la doble potencia eléctrica, para no penalizar a los regantes en la época en la que no riegan, así como una rebaja del IVA al 10% del regadío, como aplican otros países, caso de Italia.
En el debate del Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista valoró las medidas “excepcionales” ante una situación “excepcional”, aprobadas por el Gobierno, con el añadido de que “nunca antes” se había hecho tanto por el sector primario.
En cambio, el Grupo Popular consideró que el RD “no responde a la excepción” de la situación de sequía de la que se habla y reprochó al Gobierno que haya tardado tanto en adoptar estas medidas, cuando hace “más de cuatro meses que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lanzó la voz de alarma”.
Por su parte, VOX criticó lo que consideran medidas «discrecionales, que son pan para hoy y hambre para mañana», porque los agricultores «quieren agua, herramientas para trabajar o seguridad jurídica, y no subvenciones o burocracias interminables» y que para eso es necesario que el Gobierno se marche, porque legisla en el último minuto y a golpe de decreto-ley».
Por el contrario, para el Grupo Confederal Unidas Podemos el decreto “pone el foco sobre los problemas de la sequía, que es ya una cuestión estructural” y aprovechó la ocasión para volver a deplorar a la “extrema derecha por sus excentricidades sobre el “negacionismo climático”, que les lleva a “no defender al sector primario”.
El Grupo Plural apoyó el texto también, porque reporta ayudas al campo, aunque consideraron “que se puede quedar corto”, pese a lo cual agradecieron a Planas el esfuerzo realizado para concretar ese paquete de medidas.
En esa misma línea, Ciudadanos apoyó igualmente el texto del Gobierno, porque “puede ayudar en un momento puntual”, pero “se queda corto”, considerando que no puede perderse de vista el problema estructural de la falta de agua.
El Grupo Vasco, aunque votó a favor del texto, estimó que el Ejecutivo volvió a aprovechar el decreto para introducir disposiciones que nada tienen que ver con la urgencia de la sequía, con las que «parece que se quieren evitar los trámites correspondientes».
Finalmente, desde el Grupo Mixto apoyaron también el RD-ley, porque adopta medidas coyunturales que son «inapelables», aprovechando para decir que la Comisión de Transición Ecológica debería acoger debates de científicos y especialistas para abordar el problema de la sequía en el país.
Medidas aprobadas
El RD-ley 4/2022 es de carácter trasversal y recoge una serie de medidas de media docena de departamentos ministeriales. Así, en materia laboral y de Seguridad Social, contempla aplazamientos especiales para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.
Asimismo, autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales de trabajo cotizadas (peonadas), de 35 a 20, para poder acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y en Extremadura.
Equipara la contratación del trabajo agrario como fijo-discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.
En el ámbito de la fiscalidad, incluye una reducción del 20 % del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas, que tributan por módulos en el IRPF; la exención del IBI rústico para determinados productores, que reúnan ciertos requisitos, así como una ayuda directa de 10 M€, que podrá movilizar una inversión de más de 100 millones de euros en el sector, además de avales en explotaciones agrarias y líneas de financiación de 2,7 millones.
También contempla una rebaja del coste del agua desalada de titularidad de la Administración General del Estado, con el establecimiento de un precio máximo de 0,450 euros por metro cúbico para la toma de riego, mientras que en el agua de la Conducción Júcar-Vinalopó se fija un precio por metro cúbico de 0,295 euros en toma de postrasvase.
Y, por último, se adoptan medidas urgentes para reducir los efectos de la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana.
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