El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario con motivo de la sequía que asola nuestro país un Real Decreto-ley que, en conjunto, contempla una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar esta adversidad y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos.
Del montante global de inversión, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) aporta 1.400 M€ para la construcción de nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas.
Del montante global de inversión, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) aporta 1.400 M€ para la construcción de nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas.
También contempla la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.
En concreto, este departamento señala que la inversión anual en materia de agua ha aumentado ya un 50%, desde los 362 M€ de 2018 hasta los 541 millones de 2022.
Además, en la presente legislatura, añade, se han sentado las bases para reforzar las actuaciones durante los próximos años y, así, destaca el Miterd, los Planes Hidrológicos de 2022 a 2027 prevén inversiones de 22.844 M€ y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) contempla otros 3.167 millones, incluyendo un PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.
Para el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, el esfuerzo presupuestario realizado desde 2018 nos garantiza soportar la presente sequía sin cortes de abastecimiento, mientras que, ahora, el real decreto-ley aprobado sirve de “alivio para el sector agrario y de preparación para los retos trascendentales que vienen a causa del cambio climático.”
A la política de carácter estructural, de medio y largo plazo, destinada a mejorar la gestión y aumentar el volumen de los recursos hídricos disponibles y a proteger más los ecosistemas, el decreto-ley aprobado viene a reforzar la línea de trabajo, con varias actuaciones urgentes para afrontar la actual coyuntura de sequía, con un impacto económico que el Miterd estima en unos 1.400 millones de euros.
En primer lugar, para ayudar a los regantes que sufran una reducción de su dotación de agua en 2023, el Miterd aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua.
Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%.
Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.
En segundo lugar, en consonancia con la normativa comunitaria, el RDL modifica la Ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que se crezca un 150%, desde los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027 para que llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.
En tercer lugar, se acelera la construcción de importantes infraestructuras, algunas con carácter inmediato para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, con un presupuesto estimado de 35,5 millones de euros.
En este ámbito de nuevas infraestructuras, el Gobierno declarará de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 M€–, en Málaga y Almería –200 M€–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.
Igualmente, el Gobierno dio luz vede a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.
Con el fin de reducir la presión sobre los acuíferos que nutren el Parque Nacional de Doñana, el Ejecutivo aprobó la sustitución de los bombeos de agua subterránea, que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos –Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras–, así como la transferencia de 3 Hm3 anuales. Las obras necesarias para ejecutar este trasvase y abastecer al municipio serán asumidas por el Estado central.
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