El FEGA publicó en su página web en cumplimiento de la normativa comunitaria la información de los beneficiarios (personas físicas o jurídicas) de fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) del ejercicio financiero de 2022 (periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2021 y el 15 de octubre de 2022).
En este sentido, la información publicada recoge para cada beneficiario su nombre y apellidos, en el caso de las personas físicas; la razón social, si se trata de personas jurídicas con personalidad jurídica propia, o el nombre completo de la asociación, si es una asociación sin personalidad jurídica propia.
En este sentido, la información publicada recoge para cada beneficiario su nombre y apellidos, en el caso de las personas físicas; la razón social, si se trata de personas jurídicas con personalidad jurídica propia, o el nombre completo de la asociación, si es una asociación sin personalidad jurídica propia.
Además, el municipio en el que reside o está registrado, los importes de los pagos correspondientes a cada una de las medidas financiadas por los Fondos comunitarios; la naturaleza y la descripción de las medidas financiadas por cualquiera de los Fondos, en virtud de las cuales se concedieron los pagos.
No obstante, como en campañas anteriores, el FEGA establece una serie de excepciones. Así, cuando la cuantía de la ayuda recibida en un año por parte de un beneficiario sea igual o inferior a 1.250 euros no se publicará el nombre del beneficiario, en el caso de las personas físicas, y estará identificado cada uno de ellos mediante un código.
También si éstos residen en un municipio con 10 o menos beneficiarios no se les identificará en el municipio, sino en la comarca o en la provincia.
A pesar de la obligatoriedad de esta publicación, en las solicitudes de ayuda debe figurar información relativa a que los datos serán publicados en la forma anteriormente indicada y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y de España, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
En relación a los datos personales se deberá informar a los beneficiarios de sus derechos con arreglo a las normas en materia de protección de datos y de los procedimientos aplicables para el ejercicio de tales derechos.
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