Tal y como se esperaba, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), aprobó este martes 24 de enero los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, un documento que define las líneas de actuación para gestionar los recursos hídricos en España desde ahora hasta el año 2027.
Por su parte, los regantes del Levante español se manifestaron de nuevo, con una concentración ante el Palacio de la Moncloa, para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contempla el Plan Hidrológico del Tajo, afirmando que continuarán movilizándose en las calles y en el campo, y recurrirán a la Justicia para que la situación siga como está.
Por su parte, los regantes del Levante español se manifestaron de nuevo, con una concentración ante el Palacio de la Moncloa, para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contempla el Plan Hidrológico del Tajo, afirmando que continuarán movilizándose en las calles y en el campo, y recurrirán a la Justicia para que la situación siga como está.
Según el Miterd, los planes se han elaborado para dar respuesta a los desafíos del cambio climático como los fenómenos extremos, y las sequías e inundaciones. Del mismo modo, están completamente alineados con las políticas europeas como el Pacto Verde, el Plan de “Contaminación Cero” y con la nueva Directiva europea de calidad del agua para consumo humano. Estas medidas buscan mitigar el riesgo de inundaciones y sequías, contribuir a alcanzar los objetivos ambientales y proteger la biodiversidad al tiempo que se avanza en adaptación ante el cambio climático.
Para ello, se establecen más de 6.500 medidas dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros repartidas de la siguiente forma:
• Más de 10.600 M€, es decir, el 46,7% del total serán financiados por la Administración General del Estado.
• Casi 8.300 M€ (36,3%) correrán a cargo de las comunidades y ciudades autónomas.
• Más de 2.300 M€ (10,2%) serán financiados por la Administración Local.
• El 6,7% restante, más de 1.500 M€, por otros agentes financiadores.
Entre estas inversiones, destacan algunas como los más de 6.600 M€ destinados a actuaciones de mejora del saneamiento y la depuración; los más de 2.200 M€ para mejora de los abastecimientos; más de 5.000 M€ que se invertirán a infraestructuras de regadío; más de 2.000 M€ para gestión del riesgo de inundación y casi 1.300 M€ para la restauración y conservación del Dominio Público Hidráulico.
Para el Miterd, y a diferencia de las planificaciones de primer y segundo ciclo, los nuevos planes definen caudales ecológicos para todas las masas de agua, determinando caudales mínimos y máximos, de forma que se aseguren la protección de las masas de agua, los ecosistemas y el territorio. Del mismo modo, se recogen las medidas necesarias para reducir las presiones ambientales que sufren las masas de agua, actuando sobre las actividades que las generan.
Se estima que los caudales de los ríos españoles se han reducido un 12% desde 1980. Para adaptarse a una realidad en la que el cambio climático reducirá la disponibilidad del agua, el texto plantea un cambio de tendencia en el uso de los recursos. En concreto se reducen las asignaciones para los distintos usos pasando de los 28.000 hm3/al año que marcaba la anterior planificación a 26.800 hm3/al año, una medida orientada a garantizar el acceso equitativo al agua para todos los ciudadanos.
Al mismo tiempo, para diversificar las fuentes de obtención del recurso se dota de mayor protagonismo a la desalación, de forma que se garantiza el suministro y se equilibran las demandas y los requerimientos medioambientales.
Para fomentar la calidad del agua, se impulsan junto a las administraciones competentes, la mejora del saneamiento y la depuración parar subsanar retrasos acumulados por nuestro país en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de aguas residuales.
En la misma línea, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa, tal y como marca el Real Decreto de enero de 2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa provocada por los nitratos agrarios. Además, se contemplan medidas para luchar contra los contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos.
La nueva planificación también incide en la recuperación ambiental de los espacios fluviales y en reducir el riesgo de inundación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, y también en la seguridad hídrica.
«Estos planes junto con los de “Gestión del Riesgo de Inundación”, aprobados también por el Consejo de Ministros la semana pasada, y los “Especiales de Sequía”, que se prevén aprobar durante este año, contemplan las principales medidas que permitirán alcanzar el buen estado de nuestras masas de agua y conseguir un alto grado de seguridad hídrica y, en definitiva, respetar el medio ambiente sin comprometer el desarrollo socioeconómico», subraya el Miteco.
Los planes han sido informados por los consejos del agua y los comités de autoridades competentes de cada cuenca (entre el 29 de marzo y el 3 de mayo de 2022) y por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (27 de abril de 2022) y cuentan con sendos informes del Consejo Nacional del Agua (29 de noviembre de 2022) y del Consejo de Estado (19 de enero de 2023). En paralelo, los planes hidrológicos han sido sometidos a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, aprobada el 10 de noviembre de 2022.
Los regantes del Levante español se manifestaron de nuevo, concentrándose esta vez en un número discreto y mucho más reducido (130, según la Delegación del Gobierno, 500,según los organizadores) ante el Palacio de la Moncloa, para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contempla el Plan Hidrológico del Tajo, afirmando que continuarán movilizándose en las calles y en el campo, y recurrirán a la Justicia para que la situación siga como está.
El presidente de los convocantes de esta manifestación, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), y miembro principal del Círculo del Agua, Lucas Jiménez, señaló que “no vamos a parar y ya estamos preparando un recurso contenciosos administrativo (para elevar el Tribunal Supremo), porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están.»
Los concentraron volvieron a reclamar «¡Agua para el Levante!» y a pedir la dimisión de la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, que es la última responsable de la aprobación del citado Plan, que supondrá una progresiva reducción de los caudales del Tajo derivados a la cuenca del Segura.
A la convocatoria acudieron representantes de las organizaciones y asociaciones agrarias y de regantes, cooperativas, empresas, agricultores y políticos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, en un último intento de este colectivo de la zona del Levante para que fueran escuchados antes de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto, que revisa una docena de planes hidrológicos de cuenca, y que incluye la inclusión por vez primera en el del Tajo el concepto de “caudal ecológico”, que reducirá el agua trasvasada al Segura.
De acuerdo al Plan hidrológico de cuenca del Tajo, el caudal de este río tendrá que elevarse a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva, pasando de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en 2023, a 8 en 2026 y a 8,65 m3 en 2027.
Ese aumento llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, con grave afección a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, según han venido denunciando el colectivo de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de las regiones afectadas.
Así, según indicaron los manifestantes para 2027 la reducción de agua del Tajo que recibirá el Segura bajará al 50 %, es decir, a la mitad que en la actualidad, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el Levante y, por ende, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.
Para Jiménez, «se ha producido un cambalache político, pues la decisión del Gobierno no está avalada por ningún informe técnico” asegurando que, de acuerdo a los datos que maneja su Sindicato, los actuales 6 m3 del Tajo son suficientes para mantener la masa de agua sin perjudicar ni a la flora, ni a la fauna y a la actividad agraria.”
Por su parte, el presidente de Jóvenes Agricultores-ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, indicó que la decisión del Gobierno no impedirá que continúen luchando, porque “no pueden permitir que se les reste «ni un solo litro» del trasvase Tajo-Segura.
Al respecto, apeló al dictamen del Consejo de Estado sobre este real decreto, que valida la creación de los “caudales ecológicos”, pero pone en cuestión la metodología de cálculo de los que se han establecido, por lo cual acudirán al Tribunal Supremo con la seguridad de que el dictamen del Consejo de Estado apoya sus reivindicaciones.
En cuanto a la alternativa propuesta por el Miterd de suplir la reducción de caudales hídricos del Tajo en el Segura con inversiones millonarias para poner en marcha varias desaladoras, el responsable de Jóvenes Agricultores-ASAJA Alicante afirmó que “el agua desalada tiene un mayor coste ambiental y energético, que el del trasvase.”
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, Proexport, Mariano Zapata, recalcó su preocupación por el futuro de este sector e indicó que en las 60 empresas que forman parte de su agrupación están en riesgo entre 8.000 y 10.000 empleos directos.
Zapata aclaró, no obstante que, pese a este revés gubernamental, «seguiremos reivindicando una cosa que es necesaria para poder seguir trabajando, como es el agua para la agricultura, y no pararemos hasta que se den cuenta de que están equivocados.»
En la misma línea se manifestó el vicepresidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Fernando Rubio, a su vez, presidente de la Comunidad de Regantes de la Almanzora, en Almería, al incidir en que “este recorte de agua para el Segura no va a beneficiar a nadie».
En opinión de la organización WWF, los nuevos planes hidrológicos mantienen la presión sobre los recursos hídricos y no garantizan suficiente agua para la naturaleza, a pesar de los problemas de escasez hídrica y de sequía que hemos sufrido en los últimos años. Sin embargo, cabe destacar que estos planes eliminan un buen número de embalses inviables social, económica y ambientalmente.
WWF considera los nuevos planes hidrológicos para el periodo 2022-2027 un paso adelante en varios aspectos, aunque no garantizan que se pueda cumplir antes de 2027 los objetivos para alcanzar el buen estado ecológico de todas las masas de agua, tal y como exige la Directiva Marco del Agua (DMA).
«Lograrlo dependerá del compromiso de este y de los futuros gobiernos con nuestros ecosistemas acuáticos, dotando de recursos financieros y humanos suficientes a las administraciones responsables para transitar, de manera justa y decidida, hacia una transición hidrológica adaptada a la crisis climática, tal y como ha expresado el Miteco.»
Para WWF, los nuevos planes hidrológicos plantean avances insuficientes ante el cambio climático, ya que no han recogido la gestión de la incertidumbre en la asignación del agua teniendo en cuenta los diferentes escenarios que apuntan a una reducción de aportaciones de agua. Frente a ello, WWF demanda mantener los caudales medios en los ríos para garantizar las necesidades hídricas para la naturaleza.
También subraya la organización que, «lamentablemente en esta planificación se rebajan las exigencias para que la modernización de regadíos ahorre agua de forma efectiva y se permite la expansión de nuevos regadíos en zonas como Extremadura, el Guadalquivir, o el Segura que han sufrido graves problemas de falta de agua en los últimos años.»
También se han incluido acciones para mejorar el hábitat fluvial y los caudales ecológicos de los ríos españoles, entre las que se incluyen los estudios en profundidad y la evaluación con criterios científicos de sus efectos. «Pese a ello, queda un largo camino por delante para que estas iniciativas se transformen en un régimen de caudales ecológicos, con todas sus componentes, que sirvan para garantizar la buena salud de todos nuestros ríos y humedales, así como de la gran biodiversidad endémica que depende de ellos.»
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