El Ministerio de Agricultura se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar un mayor control y supervisión para lograr objetivos medioambientales y climáticos en la gestión para un uso más eficiente y sostenible de determinados insumos o medios de producción (fertilizantes, fitosanitarios, antibióticos…) mediante la combinación de las intervenciones reglamentarias, incluidas en su Plan Estratégico de la PAC (PE-PAC) y de un nuevo marco regulatorio nacional, que afectará a los ámbitos relevantes de tales objetivos.
Esta decisión se incluye dentro de la respuesta inicial que ha enviado el MAPA por escrito a las observaciones realizadas por la Comisión Europea al PE-PAC, presentado el pasado 29 de de diciembre.
Más en concreto, el MAPA señala que ya ha iniciado la tramitación de los reales decretos relativos a la fertilización sostenible de los suelos; al uso sostenible de productos fitosanitarios, y el uso de antibióticos en ganadería, con el fin de que se aprueben este mismo año.
Además, añade, ha comenzado a tramitar un real decreto que establecerá un Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEC), en el que se introduce el “cuaderno electrónico” de explotación, que permitirá disponer de información cuantitativa, tanto a nivel de explotación agraria, del empleo de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos. Todo ello, según este departamento, “facilitará la consecución de los objetivos de reducción que se establecen en el futuro en estos ámbitos de una forma mucho más precisa.”
Abundando en ello, el MAPA señala que en materia de antibióticos, desde el segundo semestre de este 2022, cada explotación recibirá información trimestral sobre su consumo y el consumo de los mismos en explotaciones de su tipo y ya, desde 2023, se establecerán medidas obligatorias para aquellas explotaciones que sitúen su consumo por encima de los valores de referencia establecidos.
En materia de fertilización, el MAPA indica que las explotaciones agrícolas deberán contar con un “plan de abonado” desde el 1 de septiembre de 2024, requisito que comenzará el 1 de enero de 2023, para todas aquellas superficies de tierras de cultivo de regadío que deseen solicitar las ayudas por “eco-regímenes” o “eco-esquemas”.
Asimismo, en materia de fitosanitarios, desde el 1 de enero de 2023, las explotaciones agrícolas deberán mantener el actual libro de explotación en formato electrónico, “lo que permitirá calcular el indicador HR1 a nivel de explotación, con el fin de consolidar la información y poder establecer, a partir de 2026, objetivos de reducción individuales a aquellas explotaciones por encima de niveles de referencia que se establezcan para cada cultivo.”
Bienestar animal y emisiones
Por otro lado, dentro de esta mayor ambición medioambiental y de lucha contra el cambio climático, en el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa” del Pacto Verde Europeo, el MAPA señala a Bruselas que hay otros dos ámbitos para los que también se ha optado por un enfoque regulatorio, como son el relativo al bienestar animal y el relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de gases contaminantes, procedentes de la ganadería.
El MAPA indica a la CE que, por un lado, se ha actualizado la normativa que regula la ordenación de los distintos sectores ganaderos, a través de los reales decretos de ordenación de granjas porcinas (RD 306/2020), avícolas (RD 637/2021) y bovinas (RD en tramitación).
Estas medidas de carácter regulatorio, añade este departamento, se complementen con las medidas de inversión destinadas a las explotaciones ganaderas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través de las líneas contempladas en los programas de apoyo (RD 948/2021), con ayudas a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles, a los que se destinan 83 M€; ayudas a la transformación integral y modernización de invernaderos, con 120 M€; ayudas a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (25 M€), y ayudas a las inversiones en agricultura de precisión y tecnología 4.0 (79 M€).
El MAPA considera también que el vigente sistema de Seguros Agrarios Combinados, como herramienta para hacer frente a los riesgos de carácter climatológico, es un mecanismo que internaliza, a través de sus primas de contratación, la capacidad de adaptación al cambio climático de las explotaciones agrarias.
Por último, dentro del bloque medioambiental, este departamento considera que España ha prestado especial atención en relación con el suelo (procesos erosivos y bajo contenido en materia orgánica), reforzando las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) respecto al pasado y dedicando una buena parte del presupuesto de los nuevos “eco-regímenes” a la agricultura de carbono.
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