El Ministerio de Agricultura, como había previsto, deja sin efecto la Orden ministerial, publicada el pasado 29 de mayo, por la que se limitaba el movimiento de ganado bovino en Castilla y León, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (TSJCYL) haya restituido el actual marco legal sobre las medidas de control y erradicación de la tuberculosis bovina.
La decisión del MAPA, mediante la Orden APA/572/2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este 8 de junio, se ha adoptado después de que el TSJCYL haya suspendido cautelarmente la resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería autonómica del pasado 10 de mayo, que incluía una serie de medidas contrarias a la legislación de la Unión Europea y nacional sobre el control de la tuberculosis bovina.
La decisión del MAPA, mediante la Orden APA/572/2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este 8 de junio, se ha adoptado después de que el TSJCYL haya suspendido cautelarmente la resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería autonómica del pasado 10 de mayo, que incluía una serie de medidas contrarias a la legislación de la Unión Europea y nacional sobre el control de la tuberculosis bovina.
En concreto, añade el MAPA, la resolución autonómica establecía una reducción unilateral de los controles y requisitos que provocaba una dispersión de la enfermedad, altamente infecciosa entre los animales.
No obstante, el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, anunció una nueva resolución autonómica, tras reconocer las que denomina “discrepancias técnicas» de su resolución anterior con el reglamento europeo y con el Programa nacional de Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en el ganado.
La nueva orden sobre Sanidad Animal, prevé Dueñas, aunque «se adapte al reglamento europeo y a los programas nacionales, no renunciará a flexibilizar los controles sobre la tuberculosis bovina, bajo la perspectiva de que de las próximas elecciones generales surja un cambio de Gobierno que sí pueda favorecer otro modelo de movilidad nacional.”
Dueñas reconoció que la resolución de la Junta regional del pasado 10 de mayo, que flexibilizaba ya la movilidad del ganado, pero que ha sido suspendida cautelarmente por el TSJCyL, tenía «discrepancias técnicas» con el reglamento europeo y el programa nacional, pero aún así defiende la legalidad de su texto.
El consejero de Agricultura justificó la elaboración de la resolución autonómica, ahora suspendida, ante la situación crítica por la que pasa el sector ganadero de esta Comunidad, que ya venía demandando un cambio en los criterios de control de esta enfermedad, lo que, a su juicio, hacen necesaria una flexibilización y no llevar muy al extremo la defensa de la salud pública, cuando la posibilidad de zoonosis es ínfima y el nivel de afección de la tuberculosis en el ganado es muy bajo.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, señaló en el Congreso de los Diputados que la situación generada en Castilla y León por la resolución autonómica para flexibilizar el plan de control y erradicación de la tuberculosis bovina es “extremadamente grave.»
Al respecto, Planas rechazó cualquier tipo de violencia por este motivo, ante el intento de asalto del pasado lunes a la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca y aprovechó para expresar su apoyo sin fisuras a los profesionales veterinarios de Castilla y León, “que están siendo objeto de presiones e incluso de coacciones.”
El ministro de Agricultura criticó que se esté intentando crear un problema sanitario, saltándose la normativa sanitaria de la Unión Europea y de España, con las consecuencias que eso puede conllevar y que ha obligado al Gobierno a actuar de inmediato para que todo el país no corra el riesgo de perder el estatus sanitario respecto a la tuberculosis bovinos y mantenga los estándares de calidad y seguridad de su ganadería.
Planas señaló que, ante esta grave actuación unilateral de la Consejería de Agricultura de Castilla y León se llevó la orden de la Junta autonómica al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y se envió un requerimiento a esta Comunidad que, finalmente, ha supuesto el restablecimiento de la legalidad existente
Por su parte, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL), englobado en USCAL, exigió la dimisión del consejero de Agricultura de la Junta, Gerardo Dueñas, así como del «resto de responsables políticos» implicados en la resolución del pasado 10 de mayo, que flexibilizaba el movimiento del ganado en contra de la normativa nacional y europea, y que según el sindicato, había provocado un impacto económico para el sector ganadero de 3,8 M€ en solo los diez días que estuvo en vigor la misma y tras la publicación de la Orden del MAPA para contrarrestar sus efectos.
Según denunció este sindicato, en la elaboración de la resolución de la Junta regional no se tuvo en cuenta los criterios técnicos de los veterinarios de la Administración autonómica y contemplaba, además, aspectos de “una gravedad impresionante» para la salud pública, como el movimiento de animales bovinos sin contar con las pertinentes garantías sanitarias o la asistencia de estos animales a certámenes ganaderos sin previa prueba sanitaria.
SIVECAL condenó también los actos violentos llevados a cabo por un grupo de ganaderos el pasado 5 de junio, al intentar entrar por la fuerza en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.
Abogaron, no obstante, por el acuerdo con el conjunto del sector ganadero para recuperar la senda del diálogo para mejorar a nivel técnico los programas de prevención, control y erradicación de la tuberculosis bovina en Castilla y León en la medida de lo posible.
Este sindicato criticó que la Orden autonómica, ahora cautelarmente suspendida por el TSJCYL, permitía la salida de ganado desde explotaciones con la calificación sanitaria suspendida o retirada, y rebajaba los requisitos para declarar libre de tuberculosis bovina a explotaciones afectadas por esta enfermedad.
Según Sivecal, la tuberculosis bovina es una enfermedad altamente infecciosa y de carácter zoonótico, es decir, que se transmite también al ser humano y, por tanto, la resolución autonómica ponía en riesgo no solo el nivel sanitario de la cabaña ganadera regional, española y comunitaria, sino que suponía también un problema de salud pública.
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