El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el procedimiento de consulta pública de un proyecto de real decreto por el que se desarrollarán varias disposiciones de próximos reglamentos comunitarios. Estos establecerán medidas para que los sectores de frutas y hortalizas y vitivinícola puedan responder a los problemas específicos causados por fenómenos climáticos adversos y perturbaciones de mercado.
Con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos, comunidades autónomas y organizaciones representativas del sector, los interesados podrán examinar el documento y formular las alegaciones que consideren oportunas entre mañana, 4 de julio, y el 24 de julio, ambos días inclusive.
Con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos, comunidades autónomas y organizaciones representativas del sector, los interesados podrán examinar el documento y formular las alegaciones que consideren oportunas entre mañana, 4 de julio, y el 24 de julio, ambos días inclusive.
Según destaca el MAPA, este proyecto normativo se tramita de urgencia tras la reciente respuesta positiva de la Comisión Europea a las peticiones realizadas por España para los sectores del vino y de frutas y hortalizas.
Entre las peticiones atendidas, para los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) se prevé la eliminación de restricciones en el uso de los fondos para prevención y gestión de crisis, el aumento hasta el 60% en el nivel de financiación comunitario y la introducción de facilidades para la modificación de sus programas operativos. Asimismo, para calcular el valor de la producción comercializada, podrán tener en cuenta los cinco últimos años y eliminar de ellos el mejor y el peor, en vez de los tres últimos.
En el sector vitivinícola, para las zonas afectadas por la sequía, la Comisión atiende la solicitud española en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) y para la medida de reestructuración y reconversión de viñedo.
Acomodará los requisitos exigidos para la transición entre el PASVE y la intervención sectorial del plan estratégico, y aplazará la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación de viñedo que caduquen en 2023 para que puedan ser utilizadas en la campaña siguiente.
Además, para las medidas de inversiones en bodegas y reestructuración y reconversión de viñedo, la CE ha autorizado flexibilizaciones para modificar sus objetivos y facilitar la ejecución de acciones individuales sin finalizar la operación completa. Estas flexibilizaciones ya se permitieron durante la crisis de la covid-19 y el ministerio las retoma de nuevo para ayudar al sector vitivinícola.
El texto legislativo no podrá finalizar su tramitación hasta que los reglamentos comunitarios que constituyen su base jurídica sean publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). No obstante, dada la importancia de estas flexibilidades, el ministerio avanza así en los trámites del procedimiento administrativo para su rápida implementación en España.
El proyecto puede consultarse en el siguiente enlace.
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