El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamenta que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico de Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023.
Para el sector andaluz, «la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.»
La comunicación continúa contundente: «El Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC.»
Para estas organizaciones agrarias, «el consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales. El titular de Agricultura no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña.»
Los representantes del agro andaluz critican la «hipocresía» de Luis Planas al asegurar que el Plan Estratégico de España es “muy equilibrado” cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. «Si bien, los datos manejados desde Andalucía señalan claramente que las medidas propuestas por el Ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades.»
Para las organizaciones firmantes, el Plan Estratégico de Planas perjudica gravemente al actual sistema agroalimentario andaluz. Primero, porque penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas.
«Esta discriminación se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas.»
Además, destacan, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas. Por ello, las organizaciones esperan que la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde.
Por su parte, La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, afirmó que “Planas ha dado la espalda al sector agrícola andaluz”, al elevar una PAC “que supondrá pérdidas de 500 millones de euros para esta región.
Al respecto, Crespo urge al “aplazamiento inmediato de los ecoesquemas y el diseño de una arquitectura verde posibilista, que no cercene la competitividad y la rentabilidad al agricultor.”
La consejera lamentó que el Gobierno no haya atendido finalmente las alegaciones y las aportaciones de Andalucía y haya remitido “sin miramientos” el Plan Estratégico Nacional de la futura PAC (PEPAC) a Bruselas para su visto bueno. Y, sobre todo, criticó que lo haya hecho “a pesar de que este documento cuenta con el rechazo unánime del sector y del Gobierno andaluz, por haberse realizado sin tener en cuenta informes y estudios de impactos”.
En este sentido, Crespo calificó de “jarro de agua fría” las noticias desde Bruselas, referentes al visto bueno político al PEPAC. Un plan que, según advirtió Crespo, “va a traer graves consecuencias a los agricultores y ganaderos andaluces, que perderán 500 M€, con su entrada en vigor en el año 2023”.
“Unas pérdidas, añadió, que afectarán de forma muy significativa a zonas históricas como la Campiña de Sevilla, La Loma de Jaén, la Vega de Antequera o el Condado de Huelva”, remarcando que la PAC del Ministerio “provocará pérdidas millonarias en todo el olivar andaluz”.
A su juicio, el ministro Luis Planas “ha vuelto a dar la espalda a Andalucía y a un sector agrícola y ganadero que representa el 33% de los perceptores de la PAC, al no contemplar unas alegaciones y aportaciones que estaban consensuadas con todo el sector”.
Explicó que las alegaciones presentadas por Andalucía ponían de manifiesto la necesidad de modificar aspectos fundamentales del Plan Estratégico, como son la petición de cuatro eco-esquemas más o que las 20 nuevas regiones productivas -frente a las 50 anteriores- por las que regirán la nueva PAC, “se organicen de forma diferente, al objeto de que el sector pueda cumplir con los objetivos de sostenibilidad que marca Europa”.
“No se entiende que en el momento en que Bruselas aprueba ayudas extraordinarias para paliar los efectos que está teniendo el conflicto armado de Ucrania y la subida de los costes de producción, añadió Crespo, el ministro Planas reste posibilidades al sector al mandar un Plan Estratégico de la PAC que no está consensuado por todas las CC.AA. y que va a generar desequilibrio territorial, más pérdidas económicas y nuevos costes de producción a los agricultores y ganaderos andaluces.”
No obstante, Carmen Crespo apuntó también que “aún queda algo de margen para que el Ministerio dé el giro que reclaman los agricultores y ganaderos andaluces”, si bien, la consejera adelantó que, de no hacerlo, “Andalucía se verá obligada a dirigirse a la Comisión Europea para plantear nuestra preocupación sobre el cumplimiento de unos objetivos sostenibles, que son inviables, en los términos establecidos, con la propuesta de PAC que plantea el Gobierno de España”.
La consejera advirtió que “el modelo propuesto en el Plan Estratégico del Ministerio no se adapta a la realidad, ni a la diversidad de cultivo con el que cuenta Andalucía”, quien sostuvo que “el Gobierno de España debe corregir esta situación de agravio en su última revisión del documento”.
A este respecto, Crespo insistió en la necesidad de “aplazar de forma inmediata la entrada en vigor de los ecoesquemas en estos momentos de incertidumbre por la guerra de Ucrania y altos costes de producción”.
A su juicio, tal y como los ha propuesto el Gobierno, “suponen un gasto más y no un incentivo para nuestros agricultores y ganaderos”.
Es por ello, explicó la consejera, “hay que diseñar una arquitectura verde posibilista, que sea atractiva, que venga a dar posibilidades y que no cercene la competitividad y la rentabilidad del sector agro”.
A este respecto, pidió al MAPA que “emplee los datos técnicos, científicos y agronómicos, que tiene sobre la mesa y que les ha aportado el propio sector, para elaborar esos ecoesquemas que necesitan nuestros agricultores y ganaderos”.
Este contenido es únicamente para usuarios registrados.
