La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado aprobó en la tarde del 21 de julio la Ley que unifica los controles autonómicos y las sanciones para la calidad alimentaria en todo el país, con lo que acaba su trámite en las Cortes Generales. Al no introducirse enmiendas, ni sufrir variación alguna respecto al texto que llegó del Congreso, pasa directamente al BOE para su publicación y entrada en vigor.
El Senado envía al BOE la Ley que unifica el control de la calidad alimentaria en todo el Estado
Con el único apoyo del Grupo Popular (16 votos a favor), frente al resto de los grupos parlamentarios (3 votos en contra y 7 abstenciones), la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta respaldó el proyecto de Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria, que homogeneiza reglas sobre inspecciones y prevención del fraude en la calidad de los alimentos.
El Grupo Popular rechazó todas las propuestas de veto y enmiendas de los otros grupos parlamentarios de la oposición, con lo que el proyecto legislativo, que ya pasó por el Congreso, queda aprobado definitivamente para su publicación en el Boletín del Estado (BOE) y entrada en vigor.
Los 3 votos en contra fueron los del PNV, el Grupo Catalán y Entesa pel Progrès de Catalunya, que han visto en esta norma un claro conflicto de competencias legislativas, mientras que el resto de los grupos, entre ellos el PSOE, se abstuvieron.
La Ley de Calidad Alimentaria actualiza una normativa que data de 1983 para adaptarla a la reglamentado al respecto por la Unión Europea (UE), con la pretensión también de acabar con las disparidades que existen entre las autonomías sobre la aplicación del control alimentario, que no beneficia a las empresas del sector.
Los partidos de la oposición la criticaron en la Cámara Alta, por considerar que interfiere con las competencias autonómicas e incluso se han referido a informes en la materia del Consejo de Estado.
En la actualidad, hay diferencias de aplicación del control de calidad comercial alimentario porque hasta 8 CC.AA. cuentan con regulación propia en ese ámbito -Aragón, Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y el País Vasco- pero en las 9 restantes y Ceuta y Melilla, no la hay.
Esta legislación actualiza y unifica en todo el Estado, además, el importe de las sanciones y tipifica las infracciones leves, graves o muy graves, con una horquilla sobre la cuantía de dichas multas.
Respaldo sectorial
El portavoz de Agricultura del PP, Carlos Manuel Cotillas, y la portavoz popular de Alimentación, Marina Moya, defendieron que la Ley mejorará la protección de los consumidores y ayudará a la unidad de mercado, además de asegurar que está respaldada por el ‘sector alimentario, sindical, empresarial y cooperativo’.
Por su parte, los grupos políticos nacionalistas, el PNV, el Grupo Catalán y Entesa pel Progrès de Catalunya y ERC (Grupo Mixto) presentaron propuestas de veto y enmiendas, en las que argumentaron que la normativa tiene un objetivo ‘centralizador’.
El PSOE también presentó y defendió enmiendas alusivas a las competencias y a la necesidad de reducir el desperdicio alimentario, que finalmente tampoco prosperaron.
El senador del PNV, José María Cazalis, manifestó que en la ley ‘se percibe un injustificado e ilegítimo arrinconamiento de las competencias de las comunidades autónomas’.
En la misma línea, el portavoz del Grupo Catalán en el Senado, Manel Plana, dijo que no es justo que se produzca una ‘re-centralización’ del control alimentario y se interfiera en autonomías que ya tenían su regulación, argumento que también han compartido los senadores de Entesa Joan Saura (ICV) y Francisco Boya (PSC).
En nombre del PSOE, que se abstuvo en la votación, Antonio Arrufat, se mostró crítico con la ‘lucha frontal’ de este debate – Estado y CC.AA.- y lamentó que el Grupo Popular haya desoído a los diferentes grupos políticos y al Consejo de Estado.
