Fesvet alerta de la tendencia de las AA.PP. a externalizar el control sanitario en mataderos

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, Fesvet, ha expresado su rotunda oposición a externalizar el control sanitario en los mataderos.

Los veterinarios oficiales son los responsables de la inspección sanitaria veterinaria en mataderos, la cual tiene como objetivo prioritario dar las mayores garantías de inocuidad, para la salud de los consumidores, de las carnes y subproductos que en ellos se obtienen.

Además, supervisan el correcto tratamiento sanitario de los subproductos, residuos, decomisos, etc. que se generan, igualmente con la finalidad de que no supongan riesgos para la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente.

Para llevar a cabo esta labor de la manera más eficaz posible la inspección sanitaria veterinaria oficial en los mataderos abarca en un todo, tanto la inspección ante-mortem como la inspección post-mortem, amén de otras operaciones conexas, lo que permite al profesional sanitario contar con la máxima información para realizar el dictamen final de aptitud para el consumo, en su caso, de los productos que se librarán a la cadena alimentaria.

Dichos profesionales sanitarios gracias a su condición de funcionarios públicos ejercen esta labor con independencia de los sectores productores, operadores de la producción primaria-sector cárnico, y siempre, teniendo en cuenta sus conocimientos profesionales y científicos y en su caso la normativa sanitaria vigente, salvaguardando el bien general de protección de la salud pública en su más amplio sentido frente a otros tipos de intereses.

Sin embargo, cada vez con más persistencia, y desde diferentes sectores interesados se vienen introduciendo propuestas para debilitar la presencia de los veterinarios oficiales en el conjunto global de la inspección sanitaria de los animales destinados a consumo humano, mediante la privatización de algunas fases de dicha inspección e incluso con la posibilidad de que se realicen por personal sin la cualificación suficiente, como el caso de los auxiliares de inspección.

Propuestas que desde FESVET entendemos tienen un trasfondo económico, bien de manera directa para evitar pagos de tasas por control oficial, o bien indirecta, por quitar del control de la cadena alimentaria veterinarios oficiales independientes de la industria cárnica y en general del sector productor.

Ante esta tendencia algunas administraciones públicas se vienen plegando a esos intereses, permitiendo que se genere un conflicto de intereses cuando la inspección se puede realizar por el sector privado, a lo que se suma en ocasiones el de personal sin titulación universitaria para ello,  lo que puede atentar contra los intereses generales de la sociedad al favorecer el aumento de los riesgos para la salud de la población.

Modelo garantista

La Administración lo hace agarrándose a reglamentos europeos que no obligan, si no que permiten en algunos casos la externalización de algunas funciones de control oficial, pero olvida que estas medidas están contempladas para aquellos países donde los servicios veterinarios oficiales son muy deficientes y no tienen los efectivos necesarios para su buena implantación.

Situación contraria a la de España, añade esta Federación, país donde está contrastado que el modelo de control sanitario oficial actual es mucho más garantista para los ciudadanos que otros modelos que nos quieren vender, como el caso del modelo inglés, país donde se generó una de las crisis sanitarias más importantes de los últimos tiempos, y que tuvo su causa final en una falta de modelo de control sanitario veterinario oficial de los animales destinados al consumo humano

Fesvet apuesta por el modelo más garantista para la salud de los consumidores, y por ello viene demandando que estas prestaciones de protección de la salud, que desarrolla la veterinaria de salud  pública oficial de manera integral, desde las explotaciones ganaderas, el medio, los mataderos y los centros de  elaboración, distribución y venta o dispensación hasta el consumidor final, se hagan desde el Sistema Nacional de Salud (SNS),como una prestación pública más, en los términos que establece la propia ley general de Sanidad, y con garantías de independencia del personal sanitario oficial de control que las desarrolle, para que se evite en la medida de lo posible los conflictos de intereses que se producen con otros modelos alternativos que se presentan, y que en más de una ocasión ha conducido a la aparición de graves crisis sanitarias.

Fesvet considera, por tanto, erróneas estas políticas privatizadoras de una prestación sanitaria pública, y reclama a los responsables políticos y en particular a los responsables del sector sanitario, que no hagan dejación de funciones, que se opongan a estas tendencias, que las combatan fomentando  la dotación de los recursos materiales y humanos suficientes para que estas funciones sanitarias de control de la carne se hagan con las máximas garantías de protección de la salud pública, y empoderando a la veterinaria de salud pública como una prestación básica del Sistema Sanitario Público.

En este sentido, desde esta Federación, queremos hacer pública nuestra enérgica oposición a la normativa recientemente publicada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la que para sortear el pago de las tasas por las inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, están fomentando las deducciones por el control e inspección ante-mortem en la explotación ganadera de origen.

Desde Fesvet no nos oponemos a que las inspecciones ante-mortem (examen de los animales para determinar la presencia de afecciones transmisibles, residuos químicos o alteraciones del comportamiento) y las comprobaciones de la información de la cadena alimentaria (registros y documentos de la explotación) se efectúen en la explotación de procedencia de los animales, pero siempre que sean llevadas a cabo por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería de Ganadería correspondiente.

En ningún caso, entendemos compatible que los veterinarios de explotación privados, sean juez y parte en estas labores de control sanitario oficial ante-mortem.