Frutos secos: Cooperativas reitera la necesidad de un etiquetado obligatorio con el origen para valorizar la producción nacional
En la última reunión del consejo sectorial de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias de España se analizaron, entre otras cuestiones, las dificultades que está atravesando el sector debido al incremento de las importaciones de almendra procedente de Estado Unidos. Según los representantes de las cooperativas, el aumento de las importaciones supone que las operaciones de comercialización de la producción nacional estén prácticamente paralizadas.
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trasladado en numerosas ocasiones a las administraciones la necesidad de establecer de forma obligatoria el origen en el etiquetado de los frutos secos, como ocurre en otras frutas y hortalizas frescas. Además, han incidido que se obligue a que el “origen país” se establezca en los productos transformados como el turrón, polvorones, mazapán o mantecados, que contengan frutos secos como ingrediente principal.
A juicio del presidente del sector, Josep Pere Colat, “un etiquetado obligatorio con el origen permitirá valorizar la almendra y otros frutos de cáscara producidos en España de cara al consumidor y también en los mercados internacionales. No se podrá sensibilizar a los consumidores de las bondades de la almendra nacional, sostenible, saludable y parte importante de la Dieta Mediterránea, si no se cuentan con las herramientas necesarias para distinguirla del resto de almendras procedentes de otros países y cultivadas en otras condiciones”.
El cultivo del almendro ocupa una superficie productiva de más de 600.000 hectáreas en España, de las cuales el 82% están cultivadas en secano con rendimientos significativamente menores a los de regadío, lo que dificulta su pervivencia en un contexto de máxima y creciente competitividad que deriva en unos escasos ingresos y baja rentabilidad.
El presidente sectorial, Josep Pere Colat, ha insistido en la relevancia de esta actividad agraria, tanto por el impacto medioambiental del cultivo, como por su impacto positivo en el desarrollo rural de las regiones productoras, tanto desde el punto de vista social como económico.
