La agroalimentación pide que la nueva ley de Industria y Autonomía Estratégica ayude a lograr costes energéticos competitivos
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, de la que forma parte también la patronal de la industria de alimentación y bebidas, FIAB, así como otras sectoriales industriales con incidencia en el sector agroalimentario, demanda que la próxima Ley de Industria y Autonomía Estratégica ayude a las empresas a tener un coste energético competitivo con, al menos, el del resto de la Unión Europea.
Cerca del 60 % de la producción industrial española cree que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, cuyo anteproyecto está pendiente de recibir aún el visto bueno del Consejo de Ministros, debe «coadyuvar» a que el coste energético de su actividad sea más competitivo internacionalmente.
Esta Alianza constata que «los mercados energéticos están ahora mucho mejor o mucho menos mal que hace dos años, pero lamenta que el “gap” (margen) del coste entre España y la industria alemana, francesa, por no decir ya la americana o la china, no se ha solucionado.»
Desde que trascendiera su borrador, a comienzos de julio, la Alianza ha venido reclamando un enfoque «horizontal» para que el futuro texto sea una ley de Gobierno y no se limite únicamente al Ministerio de Industria.
En declaraciones a la agencia EFE, Carlos Reinoso, portavoz de esta Alianza, señaló que «la política industrial, al final, es política energética, medioambiental, laboral, fiscal, de transporte… Todas aquellas cuestiones que legisla el Gobierno en diferentes áreas y que tienen un impacto en competitividad deben ser parte de esta ley.»
Reinoso pone voz a las peticiones de grandes patronales sectoriales como ANFAC (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
Todas estas sectoriales industriales, unidas bajo el mismo paraguas, el de la Alianza, representan a sectores estratégicos para la economía nacional, generando el 55 % del Producto Industrial Bruto y cuatro millones de empleos directos, indirectos e inducidos.
Uno de los principales vectores de competitividad es el coste energético
Uno de los vectores «fundamentales» de su competitividad lo supone el coste energético.
En su último informe anual, Unesid deja claro que «la energía es, muy a nuestro pesar, una asignatura pendiente para nuestra industria». Como consecuencia de ello, el saldo comercial del sector registró un déficit de 520 millones de euros en 2023, el primero en quince años, equivalente a 2,5 millones de toneladas.
También los fabricantes de automóviles, a través de ANFAC, reconocían hace unos meses que los costes de la electricidad, el gas o el petróleo, unidos a las dificultades logísticas, habían supuesto una «merma» para la competitividad de la industria automotriz.
«Esta ley debe de avanzar en un coste competitivo para la industria», indica Reinoso, que entiende que hay muchos mecanismos que podrían plantearse en este ámbito.
La mayor potencia energética renovable no ha llevado mejor precio, según Feique
Quien entra en pormenores es Feique, al señalar su director general, Juan Labat que «no hemos conseguido que nuestra mayor potencia renovable nos lleve a un mejor precio. Más bien todo lo contrario», algo que atribuye este hecho al impacto que tienen los derechos de CO2″.
La patronal química es consciente de que el actual proceso de descarbonización les llevará a usar cada vez «mucho menos gas». La clave, ahora mismo, añade Labat pasa por “impulsar la eficiencia energética hasta que sean muy competitivas, ya que tecnologías alternativas, como el hidrógeno, cuyo precio sigue siendo más elevado.”
Cita, asimismo, Labat el biometano, que tiene «mucha capacidad de producir en España y donde, sin embargo, vamos muy atrasados».
Otra opción es que existan modelos de ayuda de contratos por diferencia. «Yo produzco o consumo hidrógeno, pero me dan la diferencia respecto a si consumiera gas natural», añade el director general de Feique.
Labat sabe que «va a ser más caro producir estos productos. Pero va a ser más caro para el ciudadano a no ser que subamos el precio de la alternativa sucia o bajemos el precio de la alternativa limpia para que pueda tomar su decisión tranquilamente».
«No pedimos tiempo, incide el director general de Feique, pero sí mecanismos para compensar esos precios porque el ciudadano no lo compra» sobre la idea de «pagar más por un producto más sostenible».
