Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales AECOC, ACES, ANGED, Asedas, FIAB, Adelma, Stanpa y EsPlásticos consideran que no es el momento de aplicar el Impuesto Especial a los Envases de Plástico, como plantea la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados que entrará en vigor el próximo 1 de enero, «un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor». Por ello, piden retrasar su entrada en vigor hasta, al menos, 2024.
La escalada histórica de los precios del gas y la electricidad está causando un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación. A ello se unen los impactos derivados de la guerra de Ucrania -desabastecimiento de materias primas, falta de suministros básicos como fertilizantes, o combustibles, etc.-, así como de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, aun no superada, e incluso amenazas de nuevos paros en el transporte, por lo que, para estas organizaciones, este contexto altamente inestable está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, y no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales.
Asimismo, señalan que, dentro de la UE, en general no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular. Si bien otros países lo han planteado, incluso Italia lo reguló antes que España, son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones.
«Por otra parte, la implementación de un impuesto de estas características es sumamente complejo, y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados, entre otras cosas. Las casuísticas son infinitas, y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multiplican, por lo quea día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación», subrayan.
Las organizaciones agrarias y las asociaciones empresariales consideran que además de por la complicada coyuntura económica, es imprescindible dar un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe de momento cómo aplicar.
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