La patronal cárnica ANICE recuerda que solo en lo que respecta a los costes energéticos, este año la industria cárnica pagará un total de 1.494,8 millones de euros, con una subida del 344% con respecto a 2019, y que a este complejo contexto se suma una nueva amenaza, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables el próximo enero, según se establece en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, cuyo impacto para la industria alimentaria se estima en 690 millones de euros.
ANICE alerta que el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases elevará el coste de la industria en otros 5.000 millones de euros, poniendo en serio peligro la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos.
ANICE alerta que el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases elevará el coste de la industria en otros 5.000 millones de euros, poniendo en serio peligro la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos.
Por todo ello esta patronal se suma a la petición de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y solicita que se retrase la entrada en vigor del Impuesto a los envases de plástico no reutilizables, así como que no adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que añada más cargas y costes a las empresas en momentos tan difíciles.
La mayoría de los Estados miembros de la UE no han optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular, a excepción de Italia que lo reguló antes que España. «Sin embargo, y se debería tomar ejemplo, el país ha ido posponiendo la entrada en vigor de este impuesto en sucesivas ocasiones, consciente de la situación económica actual», apunta ANICE, que aduce que además la normativa española vamás allá de lo que exigen las directivas europeas y eso coloca a las empresas españolas en inferioridad de condiciones ante sus homólogas del resto de la UE.
Por otra parte, destacan, no hay suficiente disponibilidad de material plástico reciclado de calidad alimentaria para poder cumplir los requisitos que establece la Ley.
Por todo ello, el presidente de ANICE, Alberto Jiménez, ha manifestado su preocupación. “En circunstancias como las actuales, las empresas no pueden asumir más costes y por tanto solicitamos a nuestro Gobierno que sea sensible a esta situación y retrase la entrada en vigor de este impuesto que, de implementarse ahora, agravará una situación de especial incertidumbre donde las empresas luchan por su supervivencia. Es momento de ayudar y de no poner más trabas”.
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